La escalada del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán vuelve a poner al Estrecho de Ormuz en el centro del debate global. Este paso de solo 33 km, por donde circula el 20% del petróleo y 30% del gas natural mundial, es clave para la economía global y, por ende, para Ecuador. Un eventual cierre del estrecho, tras las recientes amenazas de Irán, dispararía los precios del crudo. Según el economista Oswaldo Erazo, el barril hoy en $65 podría subir entre $10 y $15 adicionales en los próximos días, e incluso más si se concreta el bloqueo. Sin embargo, para Ecuador el efecto no sería totalmente positivo.

Si bien un alza mejora los ingresos por exportaciones, el crudo nacional es pesado y enfrenta un «castigo» en el mercado. La reciente reapertura del mercado venezolano, con un petróleo similar, compite directamente con el ecuatoriano, limitando la ganancia real pese al contexto alcista. A nivel regional, el impacto sería mixto. Los países exportadores recibirían más ingresos, pero sufrirían inflación por el encarecimiento de combustibles refinados — como diésel y jet fuel— que también transitan por Ormuz. Esto elevaría los costos logísticos y afectaría el transporte aéreo y marítimo en toda América Latina. El estrecho es un embudo natural controlado en parte por Irán, que ha mostrado su músculo militar con ejercicios recientes. Por ahí pasan unos 20 millones de barriles diarios y casi todo el gas licuado de Catar, el mayor exportador mundial. Su bloqueo no solo tensionaría el mercado energético, sino que tendría un efecto dominó sobre cadenas de suministro globales y economías dependientes como la ecuatoriana.

Desde el 1 de marzo de 2026, los productos que ingresen a Ecuador desde Colombia pagarán una sobretasa arancelaria del 50 %. Colombia analiza aplicar la misma medida a las exportaciones ecuatorianas y ampliar la lista de productos afectados. Según la Cámara Ecuatoriano Colombiana, las principales importaciones desde Colombia en 2024 fueron: productos farmacéuticos y de tocador (384 millones de dólares), químicos (215 millones) y alimentos elaborados (178 millones). En medicamentos, Mario Ayala (Farmalaya) señaló que no se pueden subir precios por techos regulados, pero la medida podría impulsar la producción nacional. Otros productos importados incluyen: minerales, agropecuarios no alimenticios, materias primas para agricultura, materiales de construcción, textiles, vehículos, electrodomésticos, bebidas, adornos y alimentos para animales.

La Cámara de Comercio de Guayaquil advierte que esta tasa afecta a más de 7.600 importadores directos y al doble de empresas en cadenas de distribución, manufactura y comercio minorista. Incrementa costos de reposición en 50 %, reduce márgenes y competitividad, y pone en riesgo empleos. Entre el 2 y 21 de febrero, con una tasa del 30 %, las importaciones cayeron 69 % en valor y 61 % en operaciones. Un alza al 50 % podría paralizar el comercio bilateral, que supera los 1.800 millones de dólares. Además, el encarecimiento de bienes de consumo e insumos se trasladará a precios finales de alimentos, medicamentos y construcción, afectando el poder adquisitivo. El sector empresarial pide al Gobierno revisar la medida y buscar alternativas que protejan la seguridad sin dañar el comercio formal, el empleo y los consumidores.

Desde este martes, Estados Unidos impone un arancel global del 15% a las importaciones, medida anunciada por el presidente Donald Trump.  

Miles de familias en Manabí encontraron un alivio económico durante 2025 gracias al pago de pensiones alimenticias, un recurso clave para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en la provincia. 

“Una pesadilla”. Así recuerdan los palmicultores ecuatorianos el 2019, cuando la Pudrición del Cogollo (PC) arrasó con sus cultivos. Carlos Chávez, presidente de Ancupa, lo describe: “Fue como un tornado. Un día nos dormimos con los cultivos bien y al siguiente ya no había nada”. La enfermedad, que comenzó en Esmeraldas, se expandió a Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura y Pichincha. De las 255.000 hectáreas de palma aceitera en esas provincias (censo 2017), unas 120.000 murieron: el 47% de la superficie. Una de cada dos hectáreas desapareció y 260.000 toneladas de aceite dejaron de producirse. Seis años después, las pequeñas palmas sembradas comienzan a dar fruto. Las exportaciones pasaron de 138.559 toneladas en 2024 a 139.506 en 2025, según el Banco Central.

Aunque la recuperación es gradual, aún no alcanza el 50% de las 312.803 toneladas producidas en 2016 El mapa del cultivo cambió. Quienes pudieron renovar sus plantaciones lo hicieron con híbridos más resistentes como el Amazon; otros migraron a plátano, cacao o maíz. En Esmeraldas la resiembra fue más fuerte que en Santo Domingo, donde muchos esperan resultados antes de invertir. La falta de apoyo estatal marcó el proceso. “La resiembra se hizo sin créditos ni asistencia técnica, solo con músculo financiero propio”, afirma Chávez. Algunos productores intercalaron cultivos de ciclo corto para sostenerse mientras la palma crecía nuevas amenazas. Colombia, principal comprador del aceite ecuatoriano (50% del excedente), negocia aranceles que podrían llegar al 30%. El Ministerio de Producción no ha respondido a los gremios. “Si no hay ayuda, que haya coordinación”, reclama Chávez. Las extractoras también Hoy, el sector enfrenta sintieron el golpe: de 40 en 2017, hoy quedan 14. Las pequeñas cerraron y las que resisten operan a un tercio de su capacidad. Eran el vínculo entre el campo y la banca, y su caída dejó a los agricultores solos.

Ante la intensificación de la época lluviosa en Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió declararse en sesión permanente y activar de forma inmediata a sus mesas técnicas y grupos de trabajo. La resolución se tomó durante una sesión plenaria realizada el viernes 20 de febrero de 2026 en la sala de crisis del ECU 911, en Samborondón, provincia del Guayas. Como parte de las disposiciones, el COE ordenó la activación inmediata de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo Nacionales, que deberán ejecutar un plan de acción enfocado en la atención de emergencias derivadas de las lluvias.

Estas instancias tendrán la obligación de reportar semanalmente sus avances a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Asimismo, se dispuso la activación de los COE cantonales y provinciales, de acuerdo con los niveles de alerta que emita la autoridad nacional de riesgos, con el objetivo de fortalecer la respuesta territorial y mejorar la coordinación interinstitucional en las zonas más vulnerables. Dentro de las resoluciones también se instruyó al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) a reforzar, en coordinación con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los canales de difusión de alertas tempranas.

Ecuador encabezará un programa internacional orientado a mejorar la sostenibilidad pesquera, tras ser seleccionado como uno de los países eje de la segunda fase del Programa Global Marine Commodities (GMC2), que promueve el aprovechamiento responsable de especies marinas.