Este viernes, 15 de noviembre, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se reunió en el ECU911 de Cuenca para evaluar la situación crítica de los incendios forestales que afectan a la ciudad y a la provincia. La sesión, que fue convocada de manera urgente, contó con la participación de la ministra de Energía y Minas (e), Inés Manzano, quien preside el COE Nacional, así como el gobernador de Azuay, y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. En su cuenta oficial de X, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca informó sobre la instalación del COE Nacional en el ECU911 Austro. El objetivo de la reunión fue coordinar esfuerzos para controlar los incendios forestales, que ya han afectado cientos de hectáreas, especialmente en el Parque Nacional Cajas. El incendio en el Parque Nacional Cajas, una de las áreas más importantes de la región, ha tomado dimensiones preocupantes.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, calificó la situación como «insostenible e incontrolable», indicando que existen tres focos activos de incendio en la zona. Las unidades de bomberos trabajan sin descanso para sofocar el fuego, pero las condiciones climáticas y el terreno dificultan su trabajo. El COE Nacional emitió varias resoluciones para movilizar recursos y fortalecer la respuesta ante la emergencia. En su intervención, la ministra Inés Manzano mencionó que se solicitó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos evaluar la posibilidad de declarar emergencia o desastre por cambio climático a nivel nacional, y especialmente en las provincias de Azuay y Loja, donde los incendios están afectando áreas amplias de bosques y terrenos agrícolas. Además, el COE resolvió coordinar la movilización de recursos aéreos y humanos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para apoyar las labores de extinción de incendios en diversas zonas del país.

También se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione la activación de mecanismos de cooperación internacional para el envío de asistencia técnica y material. El COE acordó que las autoridades locales, como la gobernación del Azuay y de Loja, trabajen estrechamente con los tenientes políticos para hacer un seguimiento más efectivo en las parroquias afectadas. El Ministerio de Gobierno también se encargará de investigar las denuncias presentadas por la Prefectura del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, coordinando las acciones con las autoridades de Loja para enfrentar este desastre ambiental.

Desde las primeras horas del viernes 15 de noviembre, decenas de integrantes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se concentraron en La Estación, Latacunga, para exigir acciones inmediatas ante la sequía que afectaba a la provincia. Los manifestantes atribuyeron esta problemática a presuntas prácticas como el uso de cañones antigranizo y bombardeos a las nubes mediante avionetas, que, según ellos, impedían las lluvias. Edison Yánez, presidente de la Conagopare de Cotopaxi, aseguró que los dirigentes enfrentaban constantes críticas de las comunidades por la aparente inacción. “La gente nos reclama que no hacemos nada para frenar el supuesto bombardeo a las nubes. Por eso estamos aquí, exigiendo respuestas”, afirmó. Además, indicó que habían solicitado a la Fiscalía investigar estas acciones.

“NOS MORIMOS EN EL CAMPO” Juan Tipán, un comunero de Salcedo, describió con frustración el impacto de esta situación: “Cuando empieza a lloviznar, nos emocionamos pensando que las lluvias van a llegar. Pero luego aparece una avioneta y las nubes desaparecen. Nos estamos muriendo en el campo”. Este testimonio reflejó el rechazo de las comunidades hacia las actividades aéreas que, según los manifestantes, alteraban los patrones climáticos de la región. UNA MARCHA EN BUSCA DE RESPUESTAS A las 10:20, los protestantes iniciaron una marcha que recorrió el puente 5 de Junio, la avenida Amazonas y otras calles principales de Latacunga, hasta llegar a la Gobernación. Allí entregaron un pliego de peticiones al gobernador Nelson Sánchez, quien escuchó las demandas de los dirigentes. Víctor Tercero, representante de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo, recordó que 15 días antes habían presentado un documento solicitando que se declarara a Cotopaxi en emergencia por la sequía, especialmente para atender las necesidades del sector ganadero.

También exigieron la prohibición total de vuelos de avionetas en la provincia. No obstante, los manifestantes expresaron su descontento ante la respuesta del gobernador. Sánchez informó que, según un documento certificado por la Dirección de Aviación Civil, el último vuelo realizado por la escuela de aviación ocurrió el 19 de octubre de 2024 y aseguró que actualmente no estaban operando. Sin embargo, los líderes denunciaron haber observado vuelos recientes y consideraron que las acciones gubernamentales eran insuficientes.

A D V E R T E N C I A S DE LEONIDAS IZA El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, participó en la marcha y lanzó un llamado a la acción. “El gobierno nacional se burla de Cotopaxi al no declarar la emergencia por la sequía. Con su apoyo iniciaremos una nueva jornada de lucha”, declaró. Aunque aclaró que no buscaba votos en este contexto, Iza resaltó su compromiso con las comunidades y criticó la inacción del Ejecutivo frente a problemas estructurales como la concesión minera, que, según él, afectaba los recursos hídricos. Iza recordó que entre 2009 y 2012 ya se habían denunciado casos relacionados con cañones antigranizo que presuntamente impedían las lluvias en zonas agrícolas. Por ello, solicitó que las avionetas cesaran sus actividades durante un año para demostrar que no afectaban el ciclo hídrico. “Esperamos una respuesta en tres semanas. De lo contrario, no nos hacemos responsables de cómo reaccione la gente que está cansada de no poder trabajar el campo”, advirtió. CRISIS ALIMENTARIA Y NUEVOS RECLAMOS Tras entregar el pliego de peticiones en la Gobernación, los manifestantes se dirigieron a las oficinas del Ministerio del Ambiente, al aeropuerto donde operaba la escuela de aviación y finalmente a la Fiscalía, donde exigieron avances en las investigaciones sobre el uso de tecnologías que, aseguraron, agravaba la sequía. “Sin agua no hay producción en el campo, no hay alimento para nuestros animales. Estamos al

En medio de la crisis energética que afecta a Ecuador, miles de manabitas buscan un alivio en los centros comerciales para sobrellevar los constantes y prolongados cortes de energía que están dejando sin luz hasta por 12 horas al día. Los centros comerciales de Manabí se han convertido en espacios de refugio, donde las personas pueden continuar con actividades básicas que en casa resultan imposibles debido a la falta de electricidad. Familias enteras se trasladan a estos establecimientos para realizar tareas escolares y laborales, cargar dispositivos electrónicos, disfrutar de una comida y, en general, pasar el tiempo en un ambiente iluminado y con aire acondicionado.

Estos lugares ofrecen también la oportunidad de desconectar del estrés y la frustración de los apagones, permitiendo que los visitantes encuentren espacios de entretenimiento, como cines, juegos infantiles y cafeterías. Los apagones, que se deben a una crisis energética agravada por problemas de generación y distribución en el país, están afectando seriamente la rutina de miles de ecuatorianos. Sin una fecha concreta para el fin de estos cortes, los centros comerciales han surgido como una alternativa para la comunidad, que cada día intenta adaptarse a la inestabilidad del suministro eléctrico. a y Babahoyo aseguran que los montos no se han reducido y, en casos, incluso han aumentado.

Según el FMI y el Banco Mundial, en promedio, la delincuencia y la inseguridad generan pérdidas de al menos 3% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de toda la economía (no solo empresas) en un país como Ecuador. Un aumento del 10 % en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4 %, pero rebajar a la mitad las tasas de homicidios podría impulsar la actividad un promedio del 30 %. La delincuencia y la violencia, en muchos casos vinculada a grupos organizados con tentáculos en el narcotráfico, es un obstáculo clave para hacer negocios en países como Ecuador. Según un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), los costos directos, que se traducen en pérdidas debido al crimen y el gasto de las empresas en seguridad, se estiman en alrededor del 7 % de las ventas anuales. En otras palabras, al menos 7 centavos de cada dólar que generan los negocios en países como Ecuador se van en la pérdida de ventas y gastos adicionales relacionados con la inseguridad.

El impacto se multiplican en los micro y pequeños negocios, donde el costo puede llegar al 60% de las ventas. El costo directo del crimen y la inseguridad promedió en la región un 3,44 % del PIB, una cifra que «equivale al 78 % del presupuesto de educación pública de la región, es el doble del gasto en programas de asistencia social y doce veces la inversión en investigación y desarrollo«, apuntó en un encuentro con medios Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID. Eso solo es una fracción de la carga real de la delincuencia y la violencia. Los costos son mucho más altos cuanto más alta es la tasa de delincuencia. «Pero estas cifras no son solo números. Representan recursos que podrían usarse para construir comunidades fuertes, fomentar la innovación y mejorar el mantenimiento en nuestra región», añadió Alvarado. Menos calidad de vida, ingresos y crecimiento FMI recalca que la delincuencia conlleva costos directos como la pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida, el aumento del gasto público en servicios de prevención y control y gastos de seguridad en el sector privado. Ese multilateral calcula que un aumento del 10 % en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4 % y que rebajar a la mitad las tasas de homicidios podría impulsar la actividad un promedio del 30 %. Aunque el delito violento y la inseguridad son cuestiones clave a nivel nacional, para la mayoría de países como Ecuador los indicadores ocultan enormes disparidades internas. Así, los homicidios tienden a concentrarse en áreas cercanas a las fronteras nacionales, la infraestructura de transporte clave y las zonas costeras, y se dan más frecuentemente en ciudades y regiones donde las poblaciones son más jóvenes y menos educadas. La situación se agrava cuando hay presencia de delincuencia organizada y de tráfico de drogas, con la existencia de cárteles. En México, por ejemplo, los costos son cuatro veces más altos para las empresas que denuncian la existencia de bandas delictivas en sus inmediaciones