El asesinato del alcalde reelecto de Manta, Agustín Intriago, el 23 de julio de 2023, marcó un antes y después en la provincia. Diez semanas después de posesionarse, el crimen conmocionó al país. Manabí, gobernada por 22 alcaldes y un prefecto, se distingue por tener a empresarios al frente de sus cantones. Camaroneros, constructores, transportistas y operadores turísticos son algunos de los perfiles que dirigen estas municipalidades. Varios de ellos mantienen vínculos activos con sus empresas mientras ejercen el cargo público. Una investigación periodística de Spondylus Info Lab, en alianza con Vistazo y 36 medios más, con el auspicio del Pulitzer Center y Fundamedios, revela que 14 de los 22 alcaldes tienen experiencia empresarial, y nueve aún figuran como accionistas o administradores de compañías.

Entre ellos están los alcaldes de Puerto López, Jama, Jipijapa, Montecristi, Rocafuerte, San Vicente, Sucre, Pichincha y Tosagua. En Rocafuerte, Norberto Vélez es el que más relaciones societarias acumula: nueve 4 empresas, incluyendo una radio. Él asegura que estas actividades no interfieren con su gestión municipal. En Sucre, Carlos Mendoza, odontólogo de 76 años, es accionista de Zona Franca Manabí, firma que ha recibido contratos por USD 96 mil durante su alcaldía. El análisis patrimonial también muestra incrementos notables. El prefecto Leonardo Orlando Arteaga pasó de USD 140 mil en 2019 a USD 218 mil en 2025.

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, designada tras el crimen de Intriago, multiplicó su patrimonio de USD 60 mil a USD 223 mil en seis años, incluyendo la compra de dos viviendas y cuatro vehículos. En Chone, el alcalde Leonardo Rodríguez casi cuadruplicó su patrimonio, llegando a USD 310 mil en 2025. Además, cuatro alcaldes registran deudas con el SRI. El caso más crítico es el de Humberto Barreiro, alcalde de Flavio Alfaro, con una deuda en facilidades de pago de USD 128 mil. También hay procesos judiciales activos contra los alcaldes de Chone, Manta y Jipijapa, esta última por una denuncia de defraudación tributaria presentada por el SRI.