Desde finales de junio entrará en vigencia una nueva tasa de fiscalización minera, cuyo objetivo es fortalecer la supervisión estatal sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas, con un enfoque en el combate a la extracción ilícita y el monitoreo técnico y ambiental de las operaciones legales. Una nueva tasa de supervisión y control minera entrará en vigencia en el país, para fortalecer la fiscalización técnica, legal y ambiental de las actividades mineras.
Esta medida, impulsada por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), permitirá mejorar la capacidad operativa del Estado frente al avance de la extracción ilícita de minerales en todo el país. Mediante un comunicado, la ARCOM explicó que esta tasa no es un impuesto, sino una contraprestación por los servicios públicos de fiscalización. Los fondos recaudados se destinarán al fortalecimiento de los operativos de control, el monitoreo permanente de concesiones mineras y la cobertura técnica en las 24 provincias del país, ampliando significativamente la presencia de la autoridad reguladora. Su aplicación será diferenciada según el tipo de minería (pequeña, mediana, gran escala o régimen general) y la etapa del proyecto.