El acecho a los jueces. Ha quedado bastante claro el mensaje: juez que falle en contra de los intereses del poder político es perseguido. No es una afirmación ligera, es una realidad y los ejemplos están ahí: la jueza que falló a favor de la ahora exvicepresidenta de la República en una pelea por hacer respetar las facultades de su cargo es investigada por la Fiscalía; los jueces del caso Goleada, que fallaron a favor del alcalde de Guayaquil y otros investigados para levantar las prisiones preventivas, fueron denunciados por el mismo fiscal general encargado; y los jueces de la Corte Constitucional ahora son objeto de auditorías y también de indagaciones fiscales. La persecución a jueces: un ataque a la independencia judicial Hablar de coincidencias es bastante ingenuo. Nadie pone en duda las facultades que tienen los organismos de control, pero afirmar que esto no es un ‘modus operandi’ es también insultar la inteligencia de los ciudadanos. Enhorabuena existen gremios, organizaciones y sociedad civil que salen en respaldo de los magistrados, que bastante tienen con el peligro de enfrentarse a los grupos de delincuencia organizada. Ahora también tienen que cuidarse de no caer mal al Gobierno Nacional para no dibujar un blanco en sus espaldas. Así, la independencia judicial seguirá siendo un sueño en una democracia debilitada.

Ante los frecuentes allanamientos nocturnos en Ecuador en casos de alto perfil mediático, político o criminal, persiste el estigma de que su objetivo es humillar a los investigados. La ciudadanía ha visto innumerables fotografías difundidas incluso durante los operativos. La indignación de los investigados y sus familias es comprensible; una investigación debe buscar evidencias, no exposición. El tema ya forma parte de la conversación pública. Entre políticos se advierte “comprar pijamas”, como si la viralidad del operativo fuera, en sí, la sanción. Pero los allanamientos nocturnos no son una práctica arbitraria. Forman parte de una estrategia procesal reconocida por el derecho penal. La inviolabilidad del domicilio es un principio constitucional, pero admite excepciones bajo control judicial. En Ecuador, su ejecución requiere autorización expresa de un juez competente. Explicamos por qué la Fiscalía recurre a esta medida. Se busca evitar la fuga de información e impedir la coordinación entre investigados. La sorpresa es, en ciertos casos, el objetivo mismo del procedimiento. Esto no exime a las autoridades de actuar con prudencia. La presunción de inocencia debe prevalecer siempre, y los jueces están obligados a sopesar el impacto de estas medidas, especialmente cuando afectan a las familias. El crimen organizado se adapta con rapidez y el Estado debe tener a disposición herramientas más eficaces. El desafío es usarlas con rigor legal, sin convertir la justicia en espectáculo. Evitarlo es responsabilidad de las autoridades, porque la legitimidad de la ley no se construye en la madrugada, sino en la forma en que se la aplica.