En el escenario político ecuatoriano, el concepto de probidad notoria parece haber desaparecido. Hoy se designan altas autoridades públicas amparándose en la presunción de inocencia de personajes que carecen de prestigio y cuyos antecedentes no respaldan su idoneidad. Las autoridades nominadoras sostienen que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y, bajo ese argumento, defienden nombramientos cuestionables. Sin embargo, la probidad notoria va mucho más allá de la inexistencia de condenas en una hoja de vida. Este principio alude a una conducta pública y privada marcada por la honestidad, la rectitud y una integridad intachable, reconocida socialmente. No se limita a la ausencia de antecedentes penales, exige una trayectoria ética, transparente y coherente, sobre todo en quienes aspiran a ejercer cargos de alta responsabilidad pública. El olvido de este concepto ha permitido que se ponga al frente de instituciones clave, como la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura, a funcionarios sin trayectoria profesional relevante ni respetabilidad en el ámbito público. En consecuencia, la ciudadanía queda indefensa y vulnerable, sometida a la conducción de personas de dudosa reputación, lo cual debilita aún más la institucionalidad y profundiza la desconfianza en el Estado ecuatoriano.

El rechazo del Ejecutivo a la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica revela más de lo que pretende ocultar. Durante dos años, este Gobierno tuvo a su disposición herramientas legales para incorporar al sector privado en proyectos de generación eléctrica, pero nunca las utilizó. Ahora, ante indicios de una nueva crisis energética provocada por la sequía, busca convertir a la Corte Constitucional en el chivo expiatorio de su propia negligencia. Si ese artículo era tan valioso, ¿por qué permaneció archivado cuando desde el inicio del mandato se conocían todas las fallas que tenía el sistema eléctrico? Tal parece que las autoridades continúan aferradas a un modelo estatista agotado antes que tomar las decisiones difíciles que requiere la modernización del sector eléctrico. Delegar proyectos al sector privado no dependía únicamente de un numeral en una ley, sino de un desmontaje real de regulaciones innecesarias, agilizar trámites y generar condiciones reales para la inversión. Nada de eso ha ocurrido. En lugar de reformas estructurales, hemos sido testigos de corrupción e ineficiencia que han terminado en contratos fallidos, dejando millones de pérdidas para los ecuatorianos y un país que continúa en riesgo de nuevos apagones.