YA DEJEN DE PONER PARCHECITOS
YA DEJEN DE PONER PARCHECITOS
Otra vez el mismo cuento: el sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los dos grandes tubos por donde corre el billete del país, están en riesgo. Que la erosión, que los deslaves, que las lluvias… siempre hay una excusa para justificar que la infraestructura petrolera del Ecuador sigue aguantando con alambres y parches. Y así, cada vez que se daña, no solo se detiene el petróleo, también se frena la plata que sostiene a media economía ecuatoriana. El problema no es nuevo, pero las soluciones sí siguen siendo improvisadas. Lo que urge es dejar de poner curitas a un problema que necesita cirugía mayor. Si el Estado no tiene plata (o no quiere invertir), que abra la puerta a quien sí pueda modernizar y mantener estos oleoductos. La inversión privada no debe verse como el enemigo, sino como una oportunidad de evitar que cada invierno nos quedemos temblando por miedo a que el país se quede sin su principal ingreso. No podemos seguir esperando que el próximo derrumbe nos deje sin petróleo, sin ingresos y sin respuesta. Porque cada vez que se para el oleoducto, el país pierde millones… y esos millones no vuelven.
APUESTAS A LA VISTA
APUESTAS A LA VISTA
El crecimiento descontrolado de los casinos clandestinos no solo evidencia el fracaso del control estatal, sino que representa una amenaza directa a la salud pública. Estas casas de apuestas, que operan al margen de la ley y muchas veces bajo el amparo de funcionarios corruptos, se convierten en focos de lavado de dinero y en trampas de adicción. Pero no son las únicas que deberían alarmarnos: incluso los centros comerciales -espacios destinados al esparcimiento familiar- alojan, a plena luz del día, salas de juegos que promueven sin reparo la ludopatía. La presencia de estos locales en espacios públicos, frecuentados por niños y adolescentes, normaliza la cultura del juego. No es raro ver a menores caminar junto a sus padres observando máquinas encendidas, con luces y sonidos diseñados para seducir, como si apostar fuese una actividad inocente. Pero la ludopatía es una enfermedad reconocida, capaz de arruinar vidas, destruir economías familiares y generar dependencia emocional y financiera. Si no se quiere cerrar estos establecimientos, al menos se debe aplicar una regulación más estricta para frenar su exposición masiva. Una medida mínima y urgente sería alejar estos locales de las zonas familiares o exigir que cuenten con vidrios velados. No se trata de moralismo, sino de una política de salud pública y responsabilidad social.
MÁS EDITORIALES
YA DEJEN DE PONER PARCHECITOS
Otra vez el mismo cuento: el sistema el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los dos grandes tubos por donde corre el billete del país, están en riesgo. Que la erosión, que los deslaves, que las lluvias… siempre hay una excusa para justificar que la infraestructura petrolera del Ecuador sigue aguantando con alambres y parches. Y así, cada vez que se daña, no solo se detiene el petróleo, también se frena la plata que sostiene a media economía ecuatoriana.
APUESTAS A LA VISTA
El crecimiento descontrolado de los casinos clandestinos no solo evidencia el fracaso del control estatal, sino que representa una amenaza directa a la salud pública. Estas casas de apuestas, que operan al margen de la ley y muchas veces bajo el amparo de funcionarios corruptos, se convierten en focos de lavado de dinero y en trampas de adicción. Pero no son las únicas que deberían alarmarnos: incluso los centros comerciales -espacios destinados al esparcimiento familiar- alojan
UNA CURA PEOR QUE LA ENFERMEDAD
Las constantes interrupciones de operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y las continuas amenazas que enfrenta el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por erosión fluvial y movimientos de tierra no son otra cosa que un símbolo del abandono estatal de nuestra infraestructura petrolera. Es inadmisible que en un país que durante décadas ha dependido del petróleo como columna vertebral de su economía,
SECRETARÍA DEL SILENCIO
El silencio es ruidoso. El Gobierno Nacional ha preferido callar antes que dar la cara y responder con claridad a los ciudadanos ante señalamientos o críticas. Está claro que esa es la estrategia de la Secretaría de Comunicación, que bien podría cambiar su nombre a Secretaría del Silencio. No obstante, es deber de los medios de comunicación insistir en esas interrogantes incómodas, aunque la respuesta sea no decir nada. En el fondo, el silencio también es una respuesta: válida para algunos, cuestionable para otros.
EL NOCIVO SILENCIO GUBERNAMENTAL
En un Ecuador que enfrenta múltiples crisis estructurales, la comunicación fluida entre autoridades y ciudadanía no debe ser la excepción, sino una regla democrática fundamental que se cumple. Sin embargo, el actual gobierno ha optado por una estrategia comunicacional restrictiva, que evade el escrutinio público y limita el acceso a la información. Esta postura no solo es contraproducente para la gestión gubernamental, sino que representa un retroceso preocupante en la
transparencia que la ciudadanía
URGE DIVERSIFICAR LA MATRIZ ENERGÉTICA
La inclemencia del clima en la Amazonía ha vuelto a recordarnos la vulnerabilidad del sistema energético del país. Esta vez ya no es la escasez de lluvias, sino la abundancia de ellas lo que ha llevado a la desconexión de ocho hidroeléctricas, evidenciando el alto costo que hoy el país debe afrontar por no tener diversificadas sus fuentes energéticas. La provisión de la energía eléctrica necesaria para que el país pueda funcionar no puede depender solo de
las centrales hidroeléctricas
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JUAN ANTONIO GARCÍA VALLEJO
Se trata de un joven académico profesional del Derecho, que a la altura de los más famosos Juristas del país, ha salido airoso en una acción de Protección Constitucional interpuesta para hacer valer los derechos vulnerados de la cadena de Almacenes Super Éxito. Empresa que ha demostrado tener
confianza en Portoviejo, levantándose con optimismo después del terremoto del 16 de abril del 2016. No solo que construyó un nuevo y moderno local en el centro de la ciudad, sino que lo amplió con espacios de estacionamiento.
El hijo de ‘El Chapo’ cede: Ovidio Guzmán aceptará cargos de narcotráfico y colaborará con fiscales de EE. UU.
Este viernes, Ovidio Guzmán, uno de los hijos del cofundador del cártel de Sinaloa Joaquín “Chapo” Guzmán aceptará cargos de narcotráfico ante la justicia a cambio de brindar información privilegiada a la fiscalía de EE. UU para reducir su condena.
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Problemas en el Servicio de Recolección de Basura
Una denuncia ciudadana con fotografías fueron enviadas, la tarde de este jueves 10 de julio de 2025, la recolección de basura en Manta enfrenta serios Inconvenientes que afecta directamente a todos los mantenses.
La fotografía es del barrio Santa Martha en la calle 11 y avenida 34, generando malestar por la acumulación de basura en la calle, y posibles riesgos sanitarios. Los ciudadanos exigen a las autoridades del Municipio de Manta, una respuesta Inmediata y efectiva.
Un Año a la Cárcel por Diezmera
Bella Jiménez, exasambleísta de la Izquierda Democrática, fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión, tras admitir que cobraba dinero a cambio de entregar cargos públicos mientras ejercía funciones en la Asamblea Nacional. El fallo también contempla una multa económica, la obligación de ofrecer disculpas públicas y el cumplimiento de medidas de reparación integral.
La exlegisladora fue una de las primeras expulsadas de su bancada por estas prácticas ilegales, y su caso se convirtió en símbolo del uso de la función pública para enriquecimiento personal. Con esta sentencia, la justicia reconoce que la venta de cargos no solo fue real, sino parte de una estructura que afecta la ética institucional. La ciudadanía sigue exigiendo que todos los implicados en estos esquemas de corrupción también enfrenten consecuencias.
¡Advertencia Militar! Cárcel por Filtración de Operaciones Militares Serían Hasta 5 Años
Las Fuerzas Armadas han emitido una advertencia categórica ante la creciente circulación de videos y fotografías de operativos militares en redes sociales. Las autoridades recalcan que grabar, compartir o difundir este tipo de contenido no solo pone en riesgo la vida de los uniformados y de la ciudadanía, sino que constituye un delito penado por la ley, aún más si la difusión es en vivo.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), quienes filtren información que comprometa la seguridad de las operaciones puede enfrentar hasta cinco años de cárcel, las fuerzas del orden instan a la población a actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que obstaculice el cumplimiento de sus misiones.
