El anuncio de que la economía ecuatoriana se encuentra en recesión ha desatado una ardua polémica entre especialistas sobre lo acertado del diagnóstico. Sin embargo, más allá de la discusión alrededor de elementos técnicos y detalles metodológicos, no se puede ocultar lo evidente: la economía no está en un buen momento y el bolsillo del ecuatoriano lo siente. Abundan los indicadores que lo evidencian: el nivel de consumo, en general, ha bajado, ni siquiera los grandes actores económicos, o sectores protagónicos como el automotriz, la construcción o los productos de consumo masivo, han dejado de sentir los efectos de la desaceleración económica. El crédito privado también escasea. Una serie de elementos se han conjugado; a características negativas de larga data —como el nulo crecimiento o la escasa generación de empleo— se suman nuevos factores, como la desaceleración del mercado chino, la baja producción petrolera e, incluso, un descenso en la economía informal producto de la crisis de seguridad. No se puede, sin embargo, obviar el papel determinante que ha jugado la inestabilidad política. Un periodo electoral demasido prolongado, producto de la lamentable anomalía de la “muerte cruzada”, ha significado ausencia de políticas a largo plazo, postergación de decisiones trascendentales y una incertidumbre imperante que paraliza toda inversión. De cara a los próximos comicios, todo el que aspire a lograr una dignidad deberá entender que la economía ya es la principal preocupación de los ecuatorianos. En lugar de proclamas ideológicas o intrigas políticas, la ciudadanía demanda planes para sacar a flote la economía privada. El bolsillo es lo que definirá la elección.

Si un informe policial baja el nivel de riesgo del alcalde de Durán, basado en los datos de georreferenciación del delito en el país, también debería bajarse el nivel de riesgo del presidente de la República, de los ministros de Estado y de las demás autoridades que reciben protección de un nutrido número de efectivos policiales porque, según sus propias expresiones, ahora existe más seguridad en el territorio nacional. Si existe coherencia en las decisiones gubernamentales, todos los custodios de autoridades deberían inmediatamente volver a las calles para brindarle seguridad a la ciudadanía que, pese a los anuncios oficiales, no se siente segura ni en Durán ni en otras ciudades que siguen a merced de los grupos criminales. Las reglas deben ser iguales para todos, sin distinciones que conlleven favoritismos hacia unos o que vayan en contra de otros. No se puede negar que hay mayor presencia de cuerpos de seguridad en las calles, lo que hace presumir una reducción del número de delitos y crímenes, pero eso no quiere decir que se haya exterminado a los grupos narcoterroristas ni que se haya dado una depuración de los malos elementos del sistema judicial, lo cual es fundamental para recuperar la seguridad. La aparente calma puede ser solo una migración interna de las bandas.