Es una máxima en el mundo económico que, a mayor independencia del Banco Central, mejor resultado hay en la política monetaria, mejores índices de inflación, en definitiva, estabilidad en el ámbito económico para el crecimiento de un país. En los últimos años, los bancos centrales deben resistir a la arremetida de los políticos por controlar las tasas de interés y la política monetaria, y recibir préstamos. El mecanismo que usan tiene que ver con nombrar el personal y provocar cambios legales que apunten al control político.

Solucionar la inseguridad, que ya es una necesidad y un consenso nacional, requiere de un gran despliegue de fuerza policial y militar, presencia en las zonas de conflicto y un trabajo incansable de los uniformados.
La iniciativa de llevar el mando policial y militar a Guayaquil y celebrar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en Durán, son muestras del compromiso político con el combate al crimen y con los uniformados. No obstante, esta es solo una parte de la solución.

Ecuador enfrenta una crisis de inseguridad que se toma de a poco infraestructura clave que amenaza no solo la vida de millones de personas sino el futuro económico del país. El crimen organizado ha convertido nuestras carreteras en pistas de aterrizaje y corredores de tráfico ilícito, mientras que nuestros puertos se han transformado en plataformas de exportación para el narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Esta realidad exige una respuesta contundente e inmediata:

A tres meses del estiaje, el país se encuentra nuevamente en una encrucijada energética que demanda respuestas claras y acciones concretas del Gobierno Nacional. Las promesas gubernamentales de descartar apagones para este año suenan vacías cuando no van acompañadas de un plan detallado y transparente que explique cómo se cubrirá el déficit de 1.000 megavatios que el Cenace ya ha advertido. La experiencia de 2024, con apagones de hasta catorce horas diarias que paralizaron la economía nacional y alteraron la vida de millones de ciudadanos,

Transcurre el primero de seis meses de plazo autoimpuesto por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para concluir con el concurso de selección del próximo fiscal general del Estado. Un mes en el que el reglamento sigue siendo el punto de discusión sin un avance concreto. El Consejo recibió las observaciones del gremio de abogados y de ahí, seguramente, vendrá una serie de procesos engorrosos de informe tras informe tras informe…

Esto no es fútbol, pero qué manera de lanzarse la pelota. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado han demostrado ser muy buenas instituciones para el espíritu de cuerpo y para hacer la de Poncio Pilato cuando les conviene. La liberación de dos sujetos sospechosos de un secuestro que terminó en la muerte de la raptada y de otras tres personas más es la clara evidencia de que la justicia en Ecuador es selectiva. Varios jueces y fiscales.