RESPETAR LA INDEPENDENCIA DEL BCE

RESPETAR LA INDEPENDENCIA DEL BCE

Es una máxima en el mundo económico que, a mayor independencia del Banco Central, mejor resultado hay en la política monetaria, mejores índices de inflación, en definitiva, estabilidad en el ámbito económico para el crecimiento de un país. En los últimos años, los bancos centrales deben resistir a la arremetida de los políticos por controlar las tasas de interés y la política monetaria, y recibir préstamos. El mecanismo que usan tiene que ver con nombrar el personal y provocar cambios legales que apunten al control político. El mismo Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los políticos que respeten la independencia de esos bancos y los apoyen para conseguir los objetivos de estabilidad monetaria. Es más, ese organismo pide que las deudas estatales sean sostenibles para que no les llegue la tentación de pedir préstamos a un costo irrisorio. Nuestro Banco Central, creado hace 100 años, cuenta con autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica. Pero esto puede cambiar. El proyecto de Ley de Integridad Pública, que está en análisis de la Asamblea Nacional, busca un cambio fundamental. En una disposición reformatoria se establece que el Gerente del Banco Central será designado por el Presidente de la República. Uno de los riesgos a futuro es que el Gobierno reciba préstamos del Banco, lo que ahora está prohibido. La Asamblea tiene la palabra.

LA POLICÍA Y EL TRABAJO EN VALORES

LA POLICÍA Y EL TRABAJO EN VALORES

Solucionar la inseguridad, que ya es una necesidad y un consenso nacional, requiere de un gran despliegue de fuerza policial y militar, presencia en las zonas de conflicto y un trabajo incansable de los uniformados. La iniciativa de llevar el mando policial y militar a Guayaquil y celebrar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en Durán, son muestras del compromiso político con el combate al crimen y con los uniformados. No obstante, esta es solo una parte de la solución. Los especialistas latinoamericanos saben que ninguna política de seguridad, en ningún país, es sostenible solamente con el uso de la fuerza, incluso con la futura exposición de los rostros de los jueces o fiscales que asisten a los delincuentes. Es necesario un acompañamiento, con toda la fuerza estatal, para llegar luego de la arremetida armada con ayudas. Lo más relevante es combatir la pobreza y la falta de servicios básicos, como el agua potable en Esmeraldas. También con cambios para generar empleo, con ayudas al sector privado, y mejorar el ocio en los jóvenes. En este último punto, la Policía también cumple un rol. Lleva adelante iniciativas con las que fomentan valores, la convivencia pacífica y la participación ciudadana, como en Los Ríos. Su trabajo en este ámbito también es importante porque son quienes pueden ingresar rápidamente a lugares de riesgo. Las demás instituciones o fundaciones pueden llegar detrás de ellos. Nuevamente, la Policía requiere de total apoyo para la recuperación.

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La iniciativa de llevar el mando policial y militar a Guayaquil y celebrar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en Durán, son muestras del compromiso político con el combate al crimen y con los uniformados. No obstante, esta es solo una parte de la solución.

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CORCHAR LAS ARTERIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

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QUE INICIE EL CONCURSO

Transcurre el primero de seis meses de plazo autoimpuesto por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para concluir con el concurso de selección del próximo fiscal general del Estado. Un mes en el que el reglamento sigue siendo el punto de discusión sin un avance concreto. El Consejo recibió las observaciones del gremio de abogados y de ahí, seguramente, vendrá una serie de procesos engorrosos de informe tras informe tras informe…

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Esto no es fútbol, pero qué manera de lanzarse la pelota. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado han demostrado ser muy buenas instituciones para el espíritu de cuerpo y para hacer la de Poncio Pilato cuando les conviene. La liberación de dos sujetos sospechosos de un secuestro que terminó en la muerte de la raptada y de otras tres personas más es la clara evidencia de que la justicia en Ecuador es selectiva. Varios jueces y fiscales.

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