La tarifa del transporte urbano es un problema que supera lo local. Aunque los municipios del país tienen la potestad de revisarlas, deben considerar que un incremento de ese rubro golpea los bolsillos de la ciudadanía, en especial a las familias. Un incremento del pasaje elevaría la presión económica de las personas más vulnerables del país. En un hogar de bajos ingresos, de hasta unos $600, donde dos personas se movilizan en bus a diario, el gasto mensual subiría de $60 a $77. Por los costos del transporte, actualmente existen familias ecuatorianas cuyos miembros se turnan la posibilidad de tomar un bus. Otras, usan medios de transporte de movilidad activa, como la bicicleta. Ayer, Loja se quedó sin servicio de transporte, Quito vivió un día de disminución de frecuencias y hay amenazas de paralización del servicio en otras ciudades. En Guayaquil el pasaje está a punto de subir a 50 centavos. Los transportistas sostienen que el alza de la tarifa es inevitable, por el incremento en el precio del diésel a nivel mundial. Las tarifas actuales corresponden a un precio del diésel menor a $1,50 por galón, cuando ahora es de $3,10. Al parecer, las autoridades coinciden en que la subida del pasaje es inminente, pero esto debe afectar lo menos posible a los más vulnerables. Es necesario que exista una focalización en el subsidio de tarifas o acceso al transporte público para las familias más necesitadas. Municipios y Gobierno pueden cooperar para establecer un mecanismo de ayuda a través de los beneficiarios de los bonos del Ministerio de Desarrollo Humano. Sería una salida.

La reciente y masiva filtración de datos biométricos en el país ha dejado al descubierto una realidad alarmante: la infraestructura tecnológica de las instituciones públicas enfrenta un rezago crítico, con plataformas de seguridad que superan los 15 años de antigüedad. Este escenario convierte a los ciudadanos en blanco fácil para una inminente ola de estafas, suplantación de identidad y fraudes bancarios de consecuencias devastadoras. Frente a la gravedad del problema, la postura oficial resulta inadmisible. Entidades como la ANT y el Registro Civil, al negar o minimizar estas vulnerabilidades solo profundizan la crisis, pues no se trata de incidentes aislados, sino de una debilidad estructural donde la propia Superintendencia de Protección de Datos Personales carece de presupuesto y del personal necesario para auditar y sancionar con eficacia. Urgencia de acción estatal y modernización El Estado no puede mirar hacia otro lado ni trasladar la responsabilidad de la seguridad digital a las víctimas. Urge que las autoridades dejen de evadir su competencia y asuman un rol proactivo. Se requiere una inversión prioritaria para modernizar sistemas obsoletos y una campaña de comunicación pública que instruya a la población sobre cómo proteger su patrimonio. La inacción solo contribuye a profundizar la indefensión de los ecuatorianos en el ecosistema digital.