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Los paquetes que ingresen a Ecuador desde el extranjero bajo la modalidad 4×4 (cuatro kilos y hasta USD 400) pagan una tarifa de USD 20, a partir de este lunes 16 de junio de 2025. Esto incluye a envíos por courier o compras en comercios electrónicos como Amazon, Temu, Alie Express o Shein que se envían hacia Ecuador.
En tan solo cuatro días, la Prefectura de Manabí logró reparar una fisura detectada el pasado 2 de junio en el tronco común del Sistema de Riego Carrizal – Chone, a la altura del sitio Patón, en la parroquia Quiroga del cantón Bolívar.
En medio de un sector donde las casas de bloque y zinc predominan, se levanta una residencia que rompe con la estética del entorno. Fachada de piedra clara, ventanales amplios, acabados modernos y una piscina con mosaico personalizado son algunas de las características que la distinguen.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por el uso de escopolamina en robos dentro de centros comerciales de Guayaquil y Samborondón. En específico, la oficina diplomática se refiere a la modalidad en la que una o dos personas se acercan a la víctima con el pretexto de ofrecer una oración, como parte del engaño para aplicar la sustancia.
La Bahía de Guayaquil amaneció con panfletos colocados en las puertas de cada local; luego de 10 días del atentado con explosivos. En redes sociales los comerciantes, los emprendedores y ciudadanos expresan su preocupación y aseguran que ya no pueden más la grave situación que atraviesa el país.
Las lluvias intensas en Ecuador se mantendrán hasta el miércoles 18 de junio del 2025.
En una contundente acción conjunta, el Bloque de Seguridad del Ecuador, en coordinación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las Fuerzas Militares de Colombia, ejecutó una operación tipo “espejo” que permitió localizar y destruir un laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato y pasta base de cocaína, ubicado en la frontera norte, específicamente frente al sector El Calvario, en la parroquia Santa Bárbara, provincia de Sucumbíos.
La corrupción comienza cuando una persona se mete en una fila sin permiso o prefiere pagar un servicio sin factura para evadir el IVA. Este comportamiento, que muchos ecuatorianos han repetido alguna vez, ha escalado hasta lo más alto del Estado, sobre todo en los procesos de contratación pública. Según el portal del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), cada año, el país gestiona en promedio 6 mil millones de dólares en esta rama para obra pública, han sido más de 60 mil millones de dólares en una década. Según un informe del Gobierno, que respalda la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, se asegura que el malgasto en las adquisiciones públicas por mala gestión y la corrupción, representa entre el 0,9% y el 2,6% del PIB. Es decir, algo que equivale hasta a 3 241 millones de dólares al año, más de la mitad de todo lo que se gestiona en contratación pública. Durante el panel del programa dominical Políticamente Correcto, Valentina Zárate, excontralora subrogante señaló que es necesario actualizar todos los sistemas digitales de las instituciones públicas, así como aumentar funcionarios de control, pero que precisamente por esta gran fuga de recursos, el Estado no tiene fondos económicos para combatir la corrupción en todos los ámbitos.
“No es ser pesimista, pero es muy difícil que Ecuador limpie la corrupción sin los recursos económicos necesarios. Por ejemplo, si se quiere más control público, habría que aumentar los funcionarios de la Contraloría y eso necesita dinero, además de voluntad política”, sostuvo la exfuncionaria. Frente a este grave problema, el asambleísta Adrián Castro, del oficialismo, también invitado al panel, sostuvo que la nueva administración de la Asamblea trabaja en tres leyes urgentes que permitirán limpiar al país de la corrupción: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Inteligencia. Sobre esta última, que ha sido fuertemente criticada en la comunidad de juristas por presuntamente vulnerar derechos ciudadanos y constitucionales, el oficialista defendió que su uso estará limitado a investigaciones de corrupción y no a persecuciones políticas. “Quienes actuamos con transparencia y no tenemos rabo de paja no nos va a pasar nada, podemos estar tranquilos.
Además, incluye varios candados para evitar persecuciones a periodistas, opositores, etc. Por ejemplo, no permite que las investigaciones sean utilizadas como pruebas”, señaló Castro. Fausto Vásquez, jurista experto en derecho penal y constitucional, y también catedrático universitario, cuestionó las declaraciones de Castro y advirtió que varios artículos de al menos dos leyes ya aprobadas podrían vulnerar derechos, por lo que primero deberían pasar por un análisis de la Corte Constitucional. “Solo por citar algunos ejemplos, en la Ley de Inteligencia podría pasar un caso de espionaje y en la Ley de Solidaridad se permiten allanamientos sin orden judicial”, explicó. En ese sentido, Adrián Castro aseguró que, si la Corte Constitucional dictamina que hay que cambiar algún artículo de las leyes, el presidente TOMARÁ NOTA.
LA CORRUPCIÓN SE ENQUISTÓ INCLUSO EN AGENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS En la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, el sistema AXIS 4.0 no funciona y como resultado hay más de 7 600 trámites estancados. Lo curioso es que, mientras la ANT dice que el sistema está caído, a unos metros de sus oficinas operan tramitadores ilegales que sí consiguen turnos, rápido, a cambio de pagos de hasta 350 dólares. Algo similar ocurre en el Registro Civil. Aquí la excusa es que faltan especies para cédulas o pasaportes, que no hay suficientes funcionarios y que nunca hay turnos disponibles. Sin embargo, en redes sociales, usuarios anónimos ofrecen sacar documentos en dos días por 60 dólares, más del triple de lo que cuesta el trámite legal. Mientras, quienes insisten en hacerlo por la vía correcta pueden esperar hasta tres meses.
En 4,9 hectáreas de área marina, frente a las playas de Balsamaragua, cultivarán Otras del Pacífico, los pescadores artesanales de Jaramijó después el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aprobó oficialmente la concesión del territorio marino. Este logro permitirá a la Asociación de Producción Pesquera de Maricultores a Pequeña Escala, “ Asoprodupesmardp ” , desarrollar una maricultura artesanal organizada y legalizada durante los próximos 20 años, generando ingresos y empleo directo para pescadores del cantón. El trámite fue impulsado por Edisson Arcentales, representante legal de la Asociación, y cuenta con el liderazgo de Dixon Mero, presidente de Asoprodupesmardp.
Ambos coinciden en que Jaramijó tiene un enorme potencial para la maricultura, pero destacan que es necesario el apoyo constante de las autoridades para seguir creciendo. El cultivo de Ostra del Pacífico tiene el respaldo de la carrera de Acuicultura del Instituto Técnico Universitario “Luís Arboleda Martínez” en Jaramijó, bajo la coordinación de los biólogos Limber Alcívar y Jorge Figueroa y los estudiantes. “La maricultura puede ser una fuente sostenible de trabajo para los pescadores artesanales. Este es solo el comienzo”, señaló Dixon Mero. El proyecto ya cuenta con todos los permisos técnicos y jurídicos necesarios, y deberá cumplir con normas de sanidad e inspecciones regulares del Ministerio. ¿DÓNDE ESTARÁ EL PROYECTO? El área otorgada está ubicada a unos 1.698 metros mar adentro, frente a la comunidad de Puerto Jaramijó.
El Gobierno Nacional lanzó una advertencia directa a jueces y fiscales que, según denunció, han favorecido a criminales con medidas que les permiten evadir la cárcel. La advertencia llega tras una reciente decisión judicial que dejó en libertad a uno de los sospechosos del secuestro de una comerciante china en Guayaquil. “Desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y la licitud de fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorguen medidas procesales sustitutivas o libertad a asesinos, secuestradores, extorsionadores , narcotraficantes, criminales y sus acólitos”, señala el comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
Esta medida será liderada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en coordinación con el Ministerio del Interior, como parte de una estrategia para frenar lo que el Gobierno califica como impunidad judicial. El presidente Daniel Noboa dispuso esta acción tras reiteradas quejas de que la Policía Nacional ha tenido que capturar a los mismos delincuentes en múltiples ocasiones. “En innumerables ocasiones, la Policía ha tenido que capturar hasta 10 veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó”, sentencia el comunicado. En paralelo, se conformó una Mesa de Seguridad con el Ministerio del Interior, la Judicatura y la Fiscalía para enfrentar la liberación recurrente de criminales peligrosos.
El ministro del Interior, John Reimberg, expresó en un video publicado en sus redes sociales que “esta situación afecta la lucha contra la delincuencia y las mafias”. En el mismo video, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y director encargado de la UAFE, afirmó que “durante años, muchos se han enriquecido al amparo del crimen organizado”, haciendo referencia a abogados, operadores judiciales y empresas fachada. “No vamos a permitir que se siga utilizando el sistema financiero y a las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos”, advirtió Neira.
Los paquetes que ingresen a Ecuador desde el extranjero bajo la modalidad 4×4 (cuatro kilos y hasta USD 400) pagan una tarifa de USD 20, a partir de este lunes 16 de junio de 2025. Esto incluye a envíos por courier o compras en comercios electrónicos como Amazon, Temu, Alie Express o Shein que se envían hacia Ecuador.
En tan solo cuatro días, la Prefectura de Manabí logró reparar una fisura detectada el pasado 2 de junio en el tronco común del Sistema de Riego Carrizal – Chone, a la altura del sitio Patón, en la parroquia Quiroga del cantón Bolívar.
En medio de un sector donde las casas de bloque y zinc predominan, se levanta una residencia que rompe con la estética del entorno. Fachada de piedra clara, ventanales amplios, acabados modernos y una piscina con mosaico personalizado son algunas de las características que la distinguen.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por el uso de escopolamina en robos dentro de centros comerciales de Guayaquil y Samborondón. En específico, la oficina diplomática se refiere a la modalidad en la que una o dos personas se acercan a la víctima con el pretexto de ofrecer una oración, como parte del engaño para aplicar la sustancia.
La Bahía de Guayaquil amaneció con panfletos colocados en las puertas de cada local; luego de 10 días del atentado con explosivos. En redes sociales los comerciantes, los emprendedores y ciudadanos expresan su preocupación y aseguran que ya no pueden más la grave situación que atraviesa el país.
Las lluvias intensas en Ecuador se mantendrán hasta el miércoles 18 de junio del 2025.
En una contundente acción conjunta, el Bloque de Seguridad del Ecuador, en coordinación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las Fuerzas Militares de Colombia, ejecutó una operación tipo “espejo” que permitió localizar y destruir un laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato y pasta base de cocaína, ubicado en la frontera norte, específicamente frente al sector El Calvario, en la parroquia Santa Bárbara, provincia de Sucumbíos.
La corrupción comienza cuando una persona se mete en una fila sin permiso o prefiere pagar un servicio sin factura para evadir el IVA. Este comportamiento, que muchos ecuatorianos han repetido alguna vez, ha escalado hasta lo más alto del Estado, sobre todo en los procesos de contratación pública. Según el portal del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), cada año, el país gestiona en promedio 6 mil millones de dólares en esta rama para obra pública, han sido más de 60 mil millones de dólares en una década. Según un informe del Gobierno, que respalda la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, se asegura que el malgasto en las adquisiciones públicas por mala gestión y la corrupción, representa entre el 0,9% y el 2,6% del PIB. Es decir, algo que equivale hasta a 3 241 millones de dólares al año, más de la mitad de todo lo que se gestiona en contratación pública. Durante el panel del programa dominical Políticamente Correcto, Valentina Zárate, excontralora subrogante señaló que es necesario actualizar todos los sistemas digitales de las instituciones públicas, así como aumentar funcionarios de control, pero que precisamente por esta gran fuga de recursos, el Estado no tiene fondos económicos para combatir la corrupción en todos los ámbitos.
“No es ser pesimista, pero es muy difícil que Ecuador limpie la corrupción sin los recursos económicos necesarios. Por ejemplo, si se quiere más control público, habría que aumentar los funcionarios de la Contraloría y eso necesita dinero, además de voluntad política”, sostuvo la exfuncionaria. Frente a este grave problema, el asambleísta Adrián Castro, del oficialismo, también invitado al panel, sostuvo que la nueva administración de la Asamblea trabaja en tres leyes urgentes que permitirán limpiar al país de la corrupción: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Inteligencia. Sobre esta última, que ha sido fuertemente criticada en la comunidad de juristas por presuntamente vulnerar derechos ciudadanos y constitucionales, el oficialista defendió que su uso estará limitado a investigaciones de corrupción y no a persecuciones políticas. “Quienes actuamos con transparencia y no tenemos rabo de paja no nos va a pasar nada, podemos estar tranquilos.
Además, incluye varios candados para evitar persecuciones a periodistas, opositores, etc. Por ejemplo, no permite que las investigaciones sean utilizadas como pruebas”, señaló Castro. Fausto Vásquez, jurista experto en derecho penal y constitucional, y también catedrático universitario, cuestionó las declaraciones de Castro y advirtió que varios artículos de al menos dos leyes ya aprobadas podrían vulnerar derechos, por lo que primero deberían pasar por un análisis de la Corte Constitucional. “Solo por citar algunos ejemplos, en la Ley de Inteligencia podría pasar un caso de espionaje y en la Ley de Solidaridad se permiten allanamientos sin orden judicial”, explicó. En ese sentido, Adrián Castro aseguró que, si la Corte Constitucional dictamina que hay que cambiar algún artículo de las leyes, el presidente TOMARÁ NOTA.
LA CORRUPCIÓN SE ENQUISTÓ INCLUSO EN AGENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS En la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, el sistema AXIS 4.0 no funciona y como resultado hay más de 7 600 trámites estancados. Lo curioso es que, mientras la ANT dice que el sistema está caído, a unos metros de sus oficinas operan tramitadores ilegales que sí consiguen turnos, rápido, a cambio de pagos de hasta 350 dólares. Algo similar ocurre en el Registro Civil. Aquí la excusa es que faltan especies para cédulas o pasaportes, que no hay suficientes funcionarios y que nunca hay turnos disponibles. Sin embargo, en redes sociales, usuarios anónimos ofrecen sacar documentos en dos días por 60 dólares, más del triple de lo que cuesta el trámite legal. Mientras, quienes insisten en hacerlo por la vía correcta pueden esperar hasta tres meses.
En 4,9 hectáreas de área marina, frente a las playas de Balsamaragua, cultivarán Otras del Pacífico, los pescadores artesanales de Jaramijó después el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aprobó oficialmente la concesión del territorio marino. Este logro permitirá a la Asociación de Producción Pesquera de Maricultores a Pequeña Escala, “ Asoprodupesmardp ” , desarrollar una maricultura artesanal organizada y legalizada durante los próximos 20 años, generando ingresos y empleo directo para pescadores del cantón. El trámite fue impulsado por Edisson Arcentales, representante legal de la Asociación, y cuenta con el liderazgo de Dixon Mero, presidente de Asoprodupesmardp.
Ambos coinciden en que Jaramijó tiene un enorme potencial para la maricultura, pero destacan que es necesario el apoyo constante de las autoridades para seguir creciendo. El cultivo de Ostra del Pacífico tiene el respaldo de la carrera de Acuicultura del Instituto Técnico Universitario “Luís Arboleda Martínez” en Jaramijó, bajo la coordinación de los biólogos Limber Alcívar y Jorge Figueroa y los estudiantes. “La maricultura puede ser una fuente sostenible de trabajo para los pescadores artesanales. Este es solo el comienzo”, señaló Dixon Mero. El proyecto ya cuenta con todos los permisos técnicos y jurídicos necesarios, y deberá cumplir con normas de sanidad e inspecciones regulares del Ministerio. ¿DÓNDE ESTARÁ EL PROYECTO? El área otorgada está ubicada a unos 1.698 metros mar adentro, frente a la comunidad de Puerto Jaramijó.
El Gobierno Nacional lanzó una advertencia directa a jueces y fiscales que, según denunció, han favorecido a criminales con medidas que les permiten evadir la cárcel. La advertencia llega tras una reciente decisión judicial que dejó en libertad a uno de los sospechosos del secuestro de una comerciante china en Guayaquil. “Desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y la licitud de fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorguen medidas procesales sustitutivas o libertad a asesinos, secuestradores, extorsionadores , narcotraficantes, criminales y sus acólitos”, señala el comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
Esta medida será liderada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en coordinación con el Ministerio del Interior, como parte de una estrategia para frenar lo que el Gobierno califica como impunidad judicial. El presidente Daniel Noboa dispuso esta acción tras reiteradas quejas de que la Policía Nacional ha tenido que capturar a los mismos delincuentes en múltiples ocasiones. “En innumerables ocasiones, la Policía ha tenido que capturar hasta 10 veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó”, sentencia el comunicado. En paralelo, se conformó una Mesa de Seguridad con el Ministerio del Interior, la Judicatura y la Fiscalía para enfrentar la liberación recurrente de criminales peligrosos.
El ministro del Interior, John Reimberg, expresó en un video publicado en sus redes sociales que “esta situación afecta la lucha contra la delincuencia y las mafias”. En el mismo video, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y director encargado de la UAFE, afirmó que “durante años, muchos se han enriquecido al amparo del crimen organizado”, haciendo referencia a abogados, operadores judiciales y empresas fachada. “No vamos a permitir que se siga utilizando el sistema financiero y a las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos”, advirtió Neira.
