El acceso a la información que deben publicar las instituciones es cada vez más complicado. Un ejemplo es el contenido de las declaraciones juramentadas de patrimonio que deben presentar todos los funcionarios públicos al inicio y el fin de sus funciones El jueves la Contraloría restringe el acceso a una parte de los datos. 

El biólogo César Garzón buscaba en Ecuador una pequeña cotorra en peligro de extinción. Hasta que una amenaza contra su seguridad tocó a su puerta. En uno de los países más biodiversos del mundo, las bandas narco interfieren en la ciencia con sangre y terror. La advertencia de un posible secuestro obligó a Garzón a suspender la búsqueda del periquito de Orcés (Pyrrhura orcesi) en la convulsa localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (sur). “Hagan su trabajo en otro sitio porque aquí sí es peligroso”, le dijo un sujeto con apariencia de minero que lo detuvo a medio camino. Esa noche de abril, mataron a tiros a José Sánchez, alcalde de esa población. El 13 de agosto se desató un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó cinco muertos. Las autoridades hallaron dos cuerpos decapitados y otro incinerado. Garzón, experto en aves del estatal Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), intentó continuar su investigación en un poblado vecino, donde en una coincidencia macabra también mataron al alcalde. Entonces hizo sus maletas y regresó a Quito. El científico cree que en Ponce Enríquez (Azuay) habita el periquito de Orcés, del que se estima que hay unos 1.000 ejemplares y se encuentra en peligro extinción según la UICN. Por su riqueza aurífera, la localidad es enclave de la banda narco Los Lobos. La organización también se financia de la minería ilegal, que en el país genera hasta 1 000 millones de dólares anuales. Sumido en la violencia de numerosos grupos vinculados a carteles internacionales, Ecuador alcanzó en 2023 el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes.

FRUSTRACIÓN Garzón estudia desde hace 20 años a esa pequeña ave, trabaja para su conservación y apuesta por el manejo sostenible de sus hábitats, pero Ponce Enríquez ahora es una zona vedada para él. “Nos quedamos con la incertidumbre y la frustración (…) Queda un vacío de información en ese sitio”, comenta a la AFP. Además se crea “un sesgo para la conservación, porque pueden ser áreas importantes (en las) que estén especies endémicas o amenazadas y no podemos hacer nada”, lamenta. Mario Yánez, otro biólogo del Inabio (con sede en Quito), asegura que el trabajo actual incluye explorar “ventanas de oportunidad” para seguir investigando pese a la violencia. La ferocidad del narco ha llevado a los científicos a trabajar en estrecha relación con las comunidades y autoridades locales. Las salidas de campo ahora son más cortas o se ubican en zonas “espejo”, donde puedan encontrar especies similares con menos riesgos.

“Los niveles de violencia han llevado a que haya una restricción total en ciertas zonas del país”, especialmente en la costa y donde hay minería, señala Yánez. Estos lugares cargan con el “estigma” de ser “áreas críticas” y eso “lamentablemente está haciendo que se limiten sobre todo fondos de cooperación internacional para poder ejecutar acciones de conservación en estos paisajes”, dice el investigador. La reserva privada Lalo Loor en Manabí es uno de los últimos remanentes intactos de bosque seco en esa provincia costera y bastión de grupos narco. Debido a la crisis de seguridad, universidades estadounidenses cancelaron la visita anual de investigadores y estudiantes, una fuente de recursos para Lalo Loor. De extenderse la ausencia de expertos y alumnos, la “oficina tendría que cerrar porque no podemos cubrir con sueldos ni con servicios básicos”, señala Mariela Loor, administradora de la reserva. Aunque el panorama es desolador, Yánez destaca la valentía de algunas oenegés y comunidades, que facilitan la labor científica en zonas conflictivas.

PAUSAS PROLONGADAS Judith Denkinger, bióloga de la privada Universidad San Francisco de Quito, dejó en pausa su investigación sobre ballenas. En 2022 interrumpió su labor de dos décadas en la costa de la conflictiva provincia de Esmeraldas (noroeste), fronteriza con Colombia. Desde ese año no tiene registros fotográficos ni acústicos de las ballenas jorobadas que llegan al Pacífico ecuatorial para aparearse y parir. Tampoco ha podido continuar con la limpieza del fondo marino. A la experta también le duele la situación que afrontan los pescadores. “Vienen los piratas, que normalmente son narcotraficantes, y les amenazan, les secuestran la lancha o les roban el motor o les secuestran a ellos” para ser forzados al tráfico de drogas, cuenta Denkinger a la AFP desde su natal Alemania. Para Daniel Vizuete, especialista en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la universidad Flacso de Quito, las investigaciones relacionadas con el medioambiente “son quizás las más erosionadas precisamente porque ocurren en lugares donde la institucionalidad es más débil”. “Eso significa que incluso la vida de los investigadores puede estar en riesgo”, refiere.

El Gobierno inició el proceso de cierre de pozos, en el Bloque 43- ITT, en la provincia de Orellana. Lo hizo este miércoles 28 de agosto de 2024 en cumplimiento con la Consulta Popular de agosto de 2023, en la que la ciudadanía se pronunció a favor del cierre anticipado y posterior abandono de este Bloque.