Esta semana, a partir del lunes, se está llevando a cabo en Bakú un nuevo encuentro mundial sobre el cambio climático, la llamada COP29. Es sumamente importante lo que se está discutiendo en este foro internacional, considerando que este año ha sido el más caluroso registrado en la Tierra desde que se comenzaron a tomar mediciones en relación con este tema. El aumento de las temperaturas genera una serie de cambios climáticos que estamos experimentando de manera cada vez más progresiva. Cabe recordar que, antes de Bakú, en la cumbre de París, Estados Unidos se retiró del acuerdo durante la administración del presidente Trump. En esa cumbre, al igual que en esta ocasión, los países con mayores recursos económicos acordaron apoyar a aquellos con menos recursos para mitigar, en alguna medida, la crisis climática. Se habla de aproximadamente 100,000 millones de dólares que se destinarían anualmente con este propósito, pero no como una contribución o un favor a los países menos desarrollados. Lo que se deja de hacer en una región tiene impacto en otras, y viceversa. Hoy en día, la comunidad internacional comprende claramente que la crisis climática tiene repercusiones globales: no se trata de que quien contamine más sufra mayores efectos y quien contamine menos tenga efectos menores. Es necesario un enfoque globalizado para mitigar, en la medida de lo posible esta problemática. Mientras tanto, en Ecuador estamos enfrentando una crisis energética que ha sido politizada. Esta crisis es, en gran medida, resultado de la sequía, ya que el país depende de sus fuentes hidroeléctricas para generar electricidad, las cuales están sufriendo problemas de estiaje. Cuando logremos recuperar parte de la capacidad termoeléctrica, es probable que estemos en temporada de lluvias, y entonces no será tan necesaria. Por ello, es esencial que el país se prepare de manera adecuada para estos efectos naturales, invirtiendo en tecnología que permita prever mejor los cambios climáticos y sus graves consecuencias. Ecuador no es ajeno a lo que ocurre en el mundo. La sequía en el Amazonas, los incendios que vivimos este año y las fuertes inundaciones en España, e incluso la caída de nieve en el Sahara, indican claramente que estamos enfrentando una problemática que

Hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de comentar sobre la necesidad urgente de que diversas entidades del Estado propongan alternativas para palear, no solo la crisis energética, sino también las consecuencias de esta, que se suman a la crisis de inseguridad. Se trataba de una serie de medidas destinadas a proporcionar liquidez a los ciudadanos para superar estos meses tan difíciles que estamos atravesando debido a la falta de electricidad. Con cortes de 12 a 14 horas diarias por más de 40 días consecutivos; las repercusiones económicas son evidentes en todos los estratos sociales y empresariales. El 7 de noviembre, el Presidente de la República envió un Proyecto de Ley Económica Urgente a la Asamblea Nacional. Esta Ley Orgánica busca, entre otras cosas, aliviar financieramente a las personas y empresas afectadas por esta crisis y al mismo tiempo propone medidas para impulsar el desarrollo. Para que entre en vigor, debe ser aprobada, lo cual tomará varias semanas. Su tratamiento global debe concluir en un plazo de 30 días, por lo que, probablemente, para mediados de diciembre veremos la implementación de estas medidas. Entre las propuestas destacan el seguro de desempleo, la condonación de deudas pequeñas relacionadas con el Servicio de Rentas Internas y otras medidas similares. Adicionalmente, el Presidente de la República anunció hace unos días que se solicitaría a las entidades financieras, incluidas aquellas que manejan tarjetas de crédito, las cooperativas de la economía popular y solidaria, y el IESS, que propongan alternativas para aliviar las deudas vencidas de sus clientes. En respuesta, la Junta de Política y Regulación Financiera emitió normativas que permiten a estas entidades ofrecer soluciones a sus clientes. Sin embargo, tras revisar el sistema financiero, se ha evidenciado que mientras algunas instituciones implementaron estas medidas de inmediato, otras alegan no haber recibido ningún tipo de instrucción interna, a pesar de que han transcurrido más de dos semanas desde la promulgación de la regulación. Lo que llega tarde, simplemente no sirve. En contextos de escasa liquidez, la demora genera un doble perjuicio, pues crea expectativas que luego no se cumplen. Por esta razón, cualquier medida tomada desde el sector público debe ser clara, precisa, oportuna y orientada a cumplir con los resultados esperados. En cuanto al tema de las planillas eléctricas, se había anunciado que determinados consumos no serían cobrados como consecuencia de esta crisis. Sin embargo, muchos ecuatorianos están recibiendo planillas con consumos similares, o incluso superiores, a los registrados antes de los cortes eléctricos. Esto evidencia una falta de control adecuado en la medición de estos servicios. La incertidumbre, la falta de previsión y la ausencia de claridad y transparencia son temas que preocupan profundamente a los ecuatorianos. Esperemos que, a través de vocerías adecuadas en el sector público y de políticas oportunas por parte de los responsables, estos problemas se resuelvan. Asimismo, confiamos en que la Asamblea Nacional apruebe lo antes posible esta Ley Económica Urgente, para aliviar la economía de los ecuatorianos en este momento crítico.