Por su propio bien, la democracia ecuatoriana y sus instituciones no pueden resignarse a jamás dar con los autores intelectuales y cómplices del asesinato de Fernando Villavicencio. Justo por ello, el anuncio del jefe de la diplomacia estadounidense de una exorbitante recompensa para quien aporte información que “conduzca al arresto y/o condena de los individuos responsables del asesinato” es positivo.

La batalla por ganar la mayoría de votos en las próximas elecciones debe darse con un mínimo sentido ético y de responsabilidad pues está en juego el futuro del país.
Ecuador merece un juego limpio electoral para que quien llegue a la Presidencia de la República lo haga legítimamente, sin engaños ni artificios maliciosos.

El país espera el debate entre los candidatos a la Pre- sidencia, este domingo 1 de octubre. Más allá del show mediático que promete ser todo evento de esta índole, existen cuestiones fundamentales que cada candidato debería responder.
Los ecuatorianos se merecen respuestas claras y honestas; esperamos recibir, al menos algunas, este domingo.

Inmersos en esa condición extrema, los esenciales servicios de la educación y la salud públicas, ya ni son señalados por sus carencias, dada la urgencia de salvar la vida en las calles, cada quien por su cuenta y riesgo. Ni se diga de la creación de empleo que no sea para reclutar a jóvenes en las organizaciones delincuenciales boyantes de presencia.

Cerrar el negocio, ya es una constante que no depende del tamaño. Va desde consorcios que facilitan la carga mediante contenedores, hasta el vendedor de frituras en un charol. Nadie se salva de esta exposición al asalto, mientras el Estado y sus fuerzas de seguridad, se ven desbordados por la infiltración en sus filas por parte de la delincuencia, así como por la cantidad cada vez mayor de grupos delincuenciales en forma, tamaño y peligrosidad.

Inmersos en esa condición extrema, los esenciales servicios de la educación y la salud públicas, ya ni son señalados por sus carencias, dada la urgencia de salvar la vida en las calles, cada quien por su cuenta y riesgo. Ni se diga de la creación de empleo que no sea para reclutar a jóvenes en las organizaciones delincuenciales boyantes de presencia.

El Censo de Población y Vivienda del año 2022, por cierto, con muchos cuestionamientos y tardío, muestra una cercanía a una población de 17 millones de habitantes en el país. Esta sola cifra al conciliar con otros cuerpos legales como el Código de la Democracia, La Ley de la Función Legislativa, y la misma Constitución, señala un incremento proporcional al de la población, en la incorporación de nuevos asambleístas, mismos que pasarían de 137 en la actualidad, para en las próximas elecciones llegar a un monto 150.

Contextualizar los discursos o las frases sueltas por ahí, se hace necesario. Mucho mejor si nos encontramos en plena campaña electoral y jugar limpio no siempre está entre las reglas a respetar. Si desde el Estado no se garantizan derechos como los enunciados y muchos otros, o tenemos una regresión civilizatoria, o emprendemos en una aberración en la que los humanos viviremos en una despiadada selección. Eso es impracticable.

El permitir que medios de comunicación de un municipio dediquen una parte sustancial de su programación a la militancia y a la campaña electoral de una candidatura en particular hace que el ente público se convierta en una plataforma política y proselitista.

Las iniciativas públicas y privadas que se están desarrollando en ciertas ciudades del país deben replicarse, como el caso de Cuenca, que en los feriados blinda el parque Calderón para garantizar la seguridad de los turistas; o los clubes playeros en General Villamil, que ofrecen alojamiento y entretenimiento para evitar traslados que expongan a los huéspedes a la inseguridad.