La crisis energética que nos afecta tiene nombres y apellidos de autoridades del ramo que, por años, vienen actuando con quemeimportismo, ineficiencia o corrupción, haciendo que el Estado continúe fallándonos en la dotación de un servicio tan elemental como el de proveer energía eléctrica.

Discutir quién ganó o quién perdió con la consulta popular, a estas alturas, no es más que una pérdida de tiempo. Aunque a la clase política le cueste aceptarlo, la ciudadanía no le dio mucha importancia. El ausentismo rebasó ampliamente el promedio histórico —un preocupante síntoma de hastío— y el desconocimiento acerca de las preguntas fue mayoritario.

Queda claro que la gente quiere seguridad a toda costa. Resulta predecible esperar que el régimen, interesado en mantener su popularidad para las elecciones de 2025, atienda a ese llamado y dé un giro hacia una política mucho más severa. Es lo que la gente ha pedido.

Los episodios de corrupción, en los que hemos visto a nuestros políticos y autoridades de justicia involucrarse con la esfera del crimen organizado, deben generar repudio, pero no agotar la fe por tener autoridades y sistemas que funcionen. Tampoco tenemos por qué resignarnos a tener ciudades violentas, acostumbrarnos a toques de queda que modifican nuestras rutinas de siempre, solo porque así lo decide el hampa. Hay que insistir en la unión, porque es la clave para superar cualquier calamidad.

Los cortes de energía eléctrica vuelvan a provocar un profundo golpe al alicaído sector turístico, cuando se está al término de una temporada playera de altos y bajos por la inseguridad y la crisis económica, que limitan el tiempo de estadía de los viajeros, pero que también impactan negativamente en las finanzas de todos los operadores, desde el más pequeño hasta el más grande. Las adversas circunstancias a nivel nacional, más complicadas por las pugnas y devaneos políticos y las decisiones de los gobernantes de turno

Termina la campaña y con ello empieza el periodo de reflexión electoral. La consulta popular, como todo proceso de preguntar al pueblo, debe ser tomada, tanto por quien la convoca como por quienes son los consultados, con absoluta responsabilidad. Eso de que hay que ir a sufragar solo por el ‘papelito de votación’ debe desaparecer. Por más intrascendentes o trascendentes que puedan ser las preguntas, hay que cumplir y hacerlo de manera informada y responsable.

Se estima que cada cinco horas de apagones, las pérdidas económicas alcanzan los 80 millones de dólares, exacerbando la indignación ciudadana al no disponer del parque termoeléctrico al máximo rendimiento. A pesar de las inversiones realizadas, estas han resultado insuficientes para satisfacer la demanda creciente. La posibilidad de cubrir el déficit de 600 megavatios con termoeléctricas sería una solución viable, pero la falta de planificación.

El Gobierno debería eplantear esta participación y dar facilidades para que la solución venga de otros sectores, que podrían dar visos de remedio a los racionamientos eléctricos, que afectan el diario vivir de las personas, los negocios y la producción, y con ello la dinámica económica que urge potenciar en el país. Si no resuelve el problema, al menos lo atenúa.

Ecuador está abandonado a su suerte y a las puertas de nuevos cortes. Es justo reconocer que el actual gobierno enfrenta una situación en su mayor parte heredada, con contratos ya firmados y embrollos perennes, pero la ciudadanía tiene derecho a exigir una verdadera estrategia que permita al país superar definitivamente esta inaceptable situación.

La sociedad ecuatoriana tiene que comenzar a reconocer que hay narcopolíticos en el país y que la lucha contra ellos, responsables en gran medida de la violencia criminal desatada en el territorio nacional, debe empezar con un rotundo rechazo en todos los círculos sociales que frecuentan. No puede ser que más importe el éxito financiero que el origen de las fortunas, producto de actos de corrupción, tráfico de estupefacientes o lavado de activos.