Una vez más, las instituciones fundamentalespara el bienestar de los ecuatorianos están bajo el foco de la desconfianza. Que la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) centre sus últimas alertas en la gestión de la salud pública, el Ministerio de Salud y el IESS no es una noticia más; es un diagnóstico grave de un sistema en estado crítico. Estas alertas no son meras acusaciones burocráticas, sino un síntoma de una enfermedad

En el escenario político ecuatoriano, el concepto de probidad notoria parece haber desaparecido. Hoy se designan altas autoridades públicas amparándose en la presunción de inocencia de personajes que carecen de prestigio y cuyos antecedentes no respaldan su idoneidad. Las autoridades nominadoras sostienen que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y, bajo ese argumento, defienden nombramientos cuestionables.

El rechazo del Ejecutivo a la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica revela más de lo que pretende ocultar. Durante dos años, este Gobierno tuvo a su disposición herramientas legales para incorporar al sector privado en proyectos de generación eléctrica, pero nunca las utilizó.

Las matanzas en Puerto López no constituyen hechos aislados o simples disputas entre delincuentes. Son un mensaje brutal de terror dirigido a la población y, al mismo tiempo, una radiografía descarnada de la violencia enquistada en el país. Ecuador está atrapado en una maraña criminal que avanza sin freno, mientras el Estado observa, declara y promete, pero actúa poco y tarde.

El país atraviesa una espiral de corrupción y violencia. Aunque el IVA se incrementó con el fin de destinar recursos al combate del crimen organizado, y pese a que la comunicación oficial difunde a diario supuestos logros del Nuevo Ecuador, la realidad es diametralmente opuesta. La criminalidad ha alcanzado niveles inéditos, rompiendo paradigmas y evidenciando que la mejora en seguridad es apenas una ilusión.

La deuda es grande y en algún momento deberán rendir cuentas. Con el argumento de la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno Nacional y sus legisladores aprobaron el incremento, en 3 puntos porcentuales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los estremecedores casos recientes de la incursión armada en isla Mocolí, la matanza en la playa de Puerto López y el hallazgo de cinco cabezas humanas en ese mismo cantón de la provincia de Manabí.

En su renuncia al encargo que ejercía hasta esta semana como presidente de la Corte Nacional de Justicia, el funcionario intentó justificar una salida que el país reclamaba desde hace tiempo por lo indigna que resultaba su permanencia. Lo hizo amparándose en una defensa insostenible: aseguró que “la conformación de la terna para el Consejo de la Judicatura, presentada en julio de 2025 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizó conforme a derecho, sin acuerdos…

Ocurrió más rápido de lo imaginado. Guayaquil y sus zonas colindantes vivieron el domingo pasado su primer apagón del año. Esta vez no fue por la falta de lluvias ni por la sequía en los caudales que, días atrás, revivieron el temor de los cortes eléctricos, sino por el estado precario del sistema energético sobre lo cual Cenace ya le ha venido advirtiendo al Gobierno. Subestaciones como la de Pascuales, epicentro del apagón.

El ingreso de tropas de EE.UU. a territorio venezolano para detener a quien fungía como presidente de la República y a su esposa constituye un hecho de extrema gravedad que no debe relativizarse bajo argumentos políticos o de seguridad. Se trata de una acción que vulnera normas básicas del derecho internacional que, en teoría, garantizan la soberanía de los Estados y limitan el uso arbitrario de la fuerza. Que una potencia decida cruzar fronteras para capturar a un mandatario,

El país sigue al borde de los apagones. Mientras el calor aprieta y el estiaje pega fuerte, el gobierno asegura que no habrá cortes de luz este año. La realidad, sin embargo, es otra: el Cenace alerta que el déficit eléctrico es enorme, los hogares consumen más y las plantas termoeléctricas viejas apenas funcionan. Mentirle al pueblo ecuatoriano con optimismo no soluciona nada. Después de un 2024 marcado por apagones.