Las autoridades del Gobierno Nacional deben salir de la burbuja de los videos de TikTok e Instagram para que palpen la realidad de las calles en las que siguen secuestrando, asesinando y extorsionando al pueblo. No hay pompa que no explote y, cuando aquello ocurra, los funcionarios que sostuvieron ese panorama idílico de paz y tranquilidad tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos.

El ejercicio de la política no es un pasatiempo, está en casi todo y quienes asumen el compromiso de hacer de ella el camino para mejorar la vida de las personas no pueden quedarse callados ante lo que sucede en el país. Esa es la visión del quehacer de algunos políticos ecuatorianos, que se activan cada vez que se acercan elecciones y desaparecen de la esfera pública cuando pierden.

La crisis del Estado es tan profunda y el daño acumulado tan amplio, que las medidas que se requieren resultan impopulares por antonomasia. Por más que sean correctas y necesarias, y que con suerte la población las bendecirá con el tiempo (sucedió con la dolarización), a corto plazo despertarán descontento.

Al final, lo único que permanece es la violencia y la secuencia de muertes de jóvenes ecuatorianos que le sirve de combustible. Mientras, las fortunas de los lavadores y de los traficantes de armas que mueven los hilos siguen engordando, porque, según las últimas denuncias, aquí la justicia solo alcanza a quienes no tienen para pagar la tarifa.

Es hora de que, con madurez, el Presidente de la República y su binomio electo reconozcan que cometieron un gravísimo error al acordar caminar juntos en una elección que, en ese momento, era improbable que ganaran. Esta equivocación —escandalosa, vergonzosa y denigrante, tanto para el país como para los movimientos políticos que los apoyaron—, debe admitirse y enmendarse.

Es inconcebible que tramas tan amplias no dejen abundante rastro y numerosos testigos. Basta de fingir que nadie ha visto nada y que tanta riqueza sucia es fácil de ocultar. El grado generalizado de descomposición y la cantidad de involucrados exige un castigo severo y extendido, que devuelva, aunque sea en parte, la capacidad disuasiva de la Ley.

Resulta oportuno preguntarse con qué sectores se dialogó con miras a semejante iniciativa y cómo afecta eso a la legitimidad de la reforma. Leyes de ese tipo —muchas veces innecesarias o divorciadas de la realidad— nacen como letra muerta debido al ensimismamiento parlamentario. No deja de ser tiempo y recursos perdidos.

Qué fácil es gobernar, legislar o administrar la cosa pública cuando se escoge el camino de sortear las olas, pero no de una playa agitada (bueno fuera), sino de las más mansas. En otras palabras, cuando se prefiere evadir el escrutinio público escogiendo escenarios poco críticos y mucho más cómodos y amigables al poder. Así, cualquiera. En la otra orilla está el autoritarismo.

La ciudadanía debe entender que la negativa a la minería a gran escala no significa que se esté preservando el ambiente, sino que se está cediendo esos recursos a grupos criminales que devastan el ecosistema y corrompen el tejido social con sus ingentes recursos mal habidos. Como un tumor, la minería legal se fortalece conforme pasa el tiempo y extirparla resulta más costoso y doloroso.

Ecuador está enfermo de miedo, y la cura depende en parte de los ciudadanos y en parte del Gobierno Nacional, sobre quien recae la responsabilidad de dotar de seguridad a los ciudadanos, pero también de los gobiernos locales, que deben mejorar la calidad de vida de los vecinos. Exigir un ambiente menos peligroso es un derecho por el que se pagan impuestos.