El descontrol en las carreteras del Ecuador es una crisis latente que cobra vidas a diario. A simple vista se puede notar la gran cantidad de vehículos sin placas, sin revisión técnica vehicular, con llantas en mal estado y expulsando humo negro, lo que pone en riesgo la seguridad de todos. Sus conductores, muchos de ellos con licencias suspendidas o sin puntos, transitan sin temor a sanciones, evidenciando la falta de un verdadero control en las vías.

Una de las mayores preocupaciones, que inquieta a los ecuatorianos de todas las edades, es el acceso a un empleo formal, con estabilidad, beneficios de ley y seguridad social. Cuando el miembro de una familia consigue un trabajo de este tipo es motivo para la celebración. Pero el crear plazas de empleo depende
mucho más del sector privado que del público. De hecho, apenas un empleo de cada 10 los genera cualquier entidad estatal.

La jugada económica de Donald Trump puso a temblar al mundo. Esto sucedió por la imposición de un arancel global recíproco del 10% a todos los productos que ingresen a EE.UU. y otros adicionales a la Unión Europea y países como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y más. Ecuador sí está en la lista global. Los productos nacionales tendrán 10% de arancel adicional a lo que enviemos, sea camarón, banano, cacao, etc.

El país ha probado el estatismo en mayor o menor grado. El populismo tiene como regla de oro apropiarse de una parte de los impuestos que recoge de los ciudadanos para repartirlos y, con eso, alimentar la ilusión de ‘igualdad’. Los eslóganes que acompañan estas movidas económicas, la propaganda, refuerzan las promesas de revancha contra los opresores al repartir lo ajeno. No hay tal revancha, solo desfalco y despilfarro.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, ha demostrado, desde su incorporación al sistema constitucional del país en 2008, ser una aberración que no sirve para nada y que solo ha traído distorsiones institucionales que agobian al funcionamiento del Estado. Eso, sin contar con el desgaste político que el país sufre por las pugnas de partidos y movimientos que quieren cooptarlo, además del costo económico que demanda su funcionamiento.

La contienda electoral expone, una vez más, la desconexión entre las ambiciosas promesas de campaña y la realidad económica del país. La competencia de los aspirantes a Carondelet se centra en quién dará mayor número de empleos, sin explicar los mecanismos para generarlos; o reducciones del IVA sin reales estrategias para suplir la caída en recaudación fiscal; o proyecciones de crecimiento económico en porcentajes que son más bien un deseo.

Los recursos públicos han empezado a movilizarse en el mercado ecuatoriano a modo de bonos y entrega de créditos con las mejores facilidades posibles para atender las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas por el fuerte invierno que ha llegado a generar una emergencia nacional. Si bien la reactivación económica es un objetivo necesario para el país, debe realizarse con la prudencia necesaria para garantizar que la solidez de un activo estatal valioso no enfrente ningún riesgo.

En cada nuevo proceso electoral se evidencian las falencias del Código de la Democracia, que además impide que cualquier reforma, aunque resulte indispensable, pueda realizarse durante el desarrollo de ese proceso. Todo cambio deberá programarse para un año después, diligencia que una vez que se llevan a cabo las elecciones cae en el olvido, resurgiendo en la siguiente contienda electoral.

La cédula de identidad es el principal documento de un ecuatoriano. Algunos lo obtienen a pocos días de su nacimiento y su número es para toda la vida. Es la evidencia de pertenencia al país, de su pasado, presente y futuro. En esa credencial, además de la foto, el nombre completo y la fecha de nacimiento, constan los nombres de los padres, estudios, el estado civil actual. El código y
huellas dactilares.

Si la participación de los dos finalistas en el debate presidencial dejó algo para la sociedad, es el haber hecho descender a la categoría de pelea de esquina al ejercicio de la política nacional. Insinuar que el presidente de la República está casi al mismo nivel que cualquier capo del narcocrimen organizado es temerario si no se tienen las pruebas; y si se las tiene, es irresponsable no
presentarlas.