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Que un legislador haya salido de compras, por montos que ascienden a casi ochenta veces los USD 33.000 que declaró como patrimonio recién en mayo de este año a la Contraloría General del Estado no es cuestión baladí ni que pueda quedar tapada en la amnesia colectiva por un nuevo escándalo. El clamoroso silencio del involucrado bien puede entenderse como una táctica defensiva para no autoinculparse.
La eliminación del subsidio al diésel marca un punto de inflexión en la política energética del país, pero este paso debe ser el inicio de un cambio más estructural. El sinceramiennto de precios, aunque ahora genere protestas del sector social, abre una oportunidad para que Ecuador transite hacia un modelo de mercado más competitivo.
Con la decisión de la Corte Constitucional que permite que el país resuelva si quiere activar una Asamblea Constituyente, ha iniciado la campaña electoral. Oficialmente empieza el 1 de noviembre próximo, pero la opinión pública ya analiza si es conveniente o no el cambio total de la Constitución. Es comprensible que desde ya se lo analice.
El retiro del subsidio al diésel no puede convertirse en excusa para que un alza indiscriminada de precios afecte a los hogares ecuatorianos. El Estado tiene el deber ineludible de mantener un control riguroso en mercados mayoristas y minoristas en todo el país para impedir que la cadena de intermediarios imponga sobreprecios a los alimentos.
La eliminación del subsidio al diésel pone a Ecuador frente a una bifurcación inevitable: o repetir un ciclo de promesas incumplidas o aprovechar la ocasión para hacer cambios reales. Ya hemos vivido este guion: aumento del precio de pasajes y ofrecimientos de mejora en el transporte urbano, versus décadas de mal servicio, hacinamiento, inseguridad y falta de respeto al usuario.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, llamada a ser el eje del control político y la búsqueda de la verdad frente a los hechos de corrupción, ha perdido rumbo y credibilidad. No puede seguir presidida por alguien cuyo accionar levanta sospechas y mina la confianza en el trabajo legislativo. La transparencia que exige el país no se garantiza con discursos vacíos ni con espectáculos bochornosos como la reciente convocatoria a un prontuariado
En los últimos años, el Gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de reformas que, si bien han estado justificadas por la urgencia de sanear las finanzas públicas, también han generado un profundo malestar en la ciudadanía. Medidas como el incremento del IVA del 12 % al 15 % y la eliminación del subsidio a los combustibles han impactado directamente en el bolsillo de los ecuatorianos.
Paralizar al país es un lujo muy costoso y de eso Ecuador conoce mucho. Las experiencias de paralizaciones de actividades, obstaculización de carreteras y peleas campales en ciudades le pasan una factura sumamente alta al Ecuador. Pese a que el Gobierno Nacional cierra las puertas al diálogo con los interlocutores de la paralización, esta es la mejor vía de respuesta antes de que las movilizaciones suban de tono.
La decisión de la Corte Constitucional del 7 de febrero de 2024 abrió un camino inédito en la historia jurídica y social del país: la despenalización de la eutanasia. Este fallo, motivado por la demanda de Paola Roldán, reconoció el derecho a una muerte digna para quienes enfrentan enfermedades graves, incurables o lesiones irreversibles.
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador no solo impacta al bolsillo ciudadano, también busca frenar la minería ilegal. Quitar el subsidio al diésel no solo le pega al pueblo en el bolsillo, también puede ser un golpe duro contra la minería ilegal que se mete en varias partes del país. Los números son claritos: en regiones claves, el consumo de este combustible se ha cuadruplicado.
Que un legislador haya salido de compras, por montos que ascienden a casi ochenta veces los USD 33.000 que declaró como patrimonio recién en mayo de este año a la Contraloría General del Estado no es cuestión baladí ni que pueda quedar tapada en la amnesia colectiva por un nuevo escándalo. El clamoroso silencio del involucrado bien puede entenderse como una táctica defensiva para no autoinculparse.
La eliminación del subsidio al diésel marca un punto de inflexión en la política energética del país, pero este paso debe ser el inicio de un cambio más estructural. El sinceramiennto de precios, aunque ahora genere protestas del sector social, abre una oportunidad para que Ecuador transite hacia un modelo de mercado más competitivo.
Con la decisión de la Corte Constitucional que permite que el país resuelva si quiere activar una Asamblea Constituyente, ha iniciado la campaña electoral. Oficialmente empieza el 1 de noviembre próximo, pero la opinión pública ya analiza si es conveniente o no el cambio total de la Constitución. Es comprensible que desde ya se lo analice.
El retiro del subsidio al diésel no puede convertirse en excusa para que un alza indiscriminada de precios afecte a los hogares ecuatorianos. El Estado tiene el deber ineludible de mantener un control riguroso en mercados mayoristas y minoristas en todo el país para impedir que la cadena de intermediarios imponga sobreprecios a los alimentos.
La eliminación del subsidio al diésel pone a Ecuador frente a una bifurcación inevitable: o repetir un ciclo de promesas incumplidas o aprovechar la ocasión para hacer cambios reales. Ya hemos vivido este guion: aumento del precio de pasajes y ofrecimientos de mejora en el transporte urbano, versus décadas de mal servicio, hacinamiento, inseguridad y falta de respeto al usuario.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, llamada a ser el eje del control político y la búsqueda de la verdad frente a los hechos de corrupción, ha perdido rumbo y credibilidad. No puede seguir presidida por alguien cuyo accionar levanta sospechas y mina la confianza en el trabajo legislativo. La transparencia que exige el país no se garantiza con discursos vacíos ni con espectáculos bochornosos como la reciente convocatoria a un prontuariado
En los últimos años, el Gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de reformas que, si bien han estado justificadas por la urgencia de sanear las finanzas públicas, también han generado un profundo malestar en la ciudadanía. Medidas como el incremento del IVA del 12 % al 15 % y la eliminación del subsidio a los combustibles han impactado directamente en el bolsillo de los ecuatorianos.
Paralizar al país es un lujo muy costoso y de eso Ecuador conoce mucho. Las experiencias de paralizaciones de actividades, obstaculización de carreteras y peleas campales en ciudades le pasan una factura sumamente alta al Ecuador. Pese a que el Gobierno Nacional cierra las puertas al diálogo con los interlocutores de la paralización, esta es la mejor vía de respuesta antes de que las movilizaciones suban de tono.
La decisión de la Corte Constitucional del 7 de febrero de 2024 abrió un camino inédito en la historia jurídica y social del país: la despenalización de la eutanasia. Este fallo, motivado por la demanda de Paola Roldán, reconoció el derecho a una muerte digna para quienes enfrentan enfermedades graves, incurables o lesiones irreversibles.
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador no solo impacta al bolsillo ciudadano, también busca frenar la minería ilegal. Quitar el subsidio al diésel no solo le pega al pueblo en el bolsillo, también puede ser un golpe duro contra la minería ilegal que se mete en varias partes del país. Los números son claritos: en regiones claves, el consumo de este combustible se ha cuadruplicado.
