La separación de poderes en Ecuador se ha vuelto letra muerta. A tal punto, que en los últimos días, asambleístas del partido de gobierno, impusieron un recurso constitucional y ahora una denuncia penal, para que la Asamblea Nacional no intente tumbar a su ministra de Gobierno y a la Fiscal General primero, sin antes pasar por tres ministros del gobierno anterior. Todos contra todos.

El reciente apagón que arruinó el desayuno de las familias ecuatorianas pone de manifiesto la fragilidad de nuestra infraestructura eléctrica. Con o sin “sabotaje”, siempre es el pueblo quien termina pagando los ‘cables rotos’, ya que este Gobierno no ha implementado un plan eficaz para evitar que un día ordinario se transforme en un caos total por la falta de energía.

Este recurso se ha convertido en un grave obstáculo para el escrutinio público, clave para el desarrollo y consolidación de una democracia, donde funcionarios y mandatarios tienen la obligación de ser tolerantes con la crítica que se les hace. En otras palabras, se está utilizando ese Código de la Democracia como mecanismo para neutralizar las críticas.

Este recurso se ha convertido en un grave obstáculo para el escrutinio público, clave para el desarrollo y consolidación de una democracia, donde funcionarios y mandatarios tienen la obligación de ser tolerantes con la crítica que se les hace. En otras palabras, se está utilizando ese Código de la Democracia como mecanismo para neutralizar las críticas.

El verano está en su punto más alto y aunque no se puede saber cómo evolucionará el clima, lo cierto es que están dadas las condiciones para que los incendios forestales en Ecuador, y en especial en las áreas cercanas a Quito se disparen. Hace pocos días algunos incendios que se prendieron en distintas zonas de la ciudad o cerca de ella ya provocaron un fenómeno de enrarecimiento del aire.

El Gobierno celebra el récord recaudatorio como una hazaña, pero omite reconocer frente al escueto grupo de los que aún quedan en la formalidad, que su afán encabezado por el golazo que les metió a los “grandes contribuyentes” con la autorretención del impuesto a la renta, no hace más que exprimir a los mayores generadores de empleo e impuestos.

Ecuador está en un momento crucial de su historia económica. Los desafíos guardan sorprendentes similitudes con los que Corea del Sur vivió en la década de 1950, tras la devastadora guerra que la dividió del Norte. Al igual que Ecuador, Corea del Sur era un país con recursos limitados, una población apenas alfabetizada, rodeado de incertidumbre geopolítica y con una economía agraria que apenas sostenía a su población.

No sería sino hasta 1934, durante su primera presidencia, que Ecuador inició una verdadera batalla para rescatar a sus niños de la tuberculosis. Un siglo después, Ecuador enfrenta nuevos retos para mantener a sus niños sanos. Y no será hasta que se elabore un proyecto nacional de rescate de la infancia, que el país podrá apuntalar a su población para que tenga alguna oportunidad –como Nación– de competir en este mundo globalizado.

Hecha la ley, hecha la trampa. La aplicación del error inexcusable para sancionar a los jueces halló en el Consejo de la Judicatura un cuello de botella. La figura legal, de acuerdo al marco legal, debe ser dirimida por los mismos jueces, pero su ejecución queda en manos de la Judicatura que -con o sin intención- deja que las causas caduquen; mientras tanto, esos jueces sancionados siguen aplicando la ley en nombre del pueblo ecuatoriano.

En los próximos días o semanas será sometido a votación en el CPCCS el reglamento con el que ese organismo escogerá al nuevo fiscal. Dicho reglamento determinará no solo la calidad profesional del candidato, sino la excelencia en la historia personal de quien será la figura central de la vindicta pública. Ciertas fuerzas políticas están haciendo esfuerzos para que los filtros reglamentarios que garanticen esa probidad y excelencia profesional se relajen.