El asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral demuestra las grandes falencias del plan de seguridad del Gobierno. Funcionarios con tan alto nivel de exposición al peligro, como la directora carcelaria, deben contar obligadamente con protección especial, sin necesidad de que soliciten un análisis de riesgo, que es, aparentemente, el proceso a seguir en la actualidad, según declaraciones de la ministra de Gobierno.

La elección presidencial de 2025, que será luego de cinco meses, no puede ser la única meta del actual Gobierno. Las declaraciones y los silencios, del primer mandatario y de sus ministros, especialmente por la crisis eléctrica, deben alejarse de un fin netamente electoral. La política del silencio, del misterio, de las excusas, de los posibles culpables, de la demagogia, no puede seguir siendo parte de la comunicación del régimen.

La vulnerabilidad del país ante los desastres naturales se ha evidenciado en numerosas ocasiones, revelando una falta de recursos económicos y logísticos, tanto a nivel nacional como local, así como una insuficiente preparación de la población, de los cuerpos de seguridad y de las entidades responsables de atenderlos.

El país necesita recursos, pues vive en un constante déficit fiscal. Es por esto que la fórmula política consiste en pedir préstamos a cualquier precio, subir impuestos o inventarlos. Las tres alternativas omiten la pregunta obvia de las consecuencias a largo plazo. Mientras esto sucede, y quienes tienen la responsabilidad de pensar en el futuro del Ecuador se distraen con pugnas políticas, se escapan oportunidades para generar riqueza.

Es hora de dar marcha atrás y exigir la probidad notoria a la hora de elegir a cada juez, para así reivindicar la Justicia de este país. Dejar de lado este requisito que contribuye a garantizarnos autoridades con imagen y conducta intachables es la causa de lo que hoy sufrimos: juristas señalados e investigados por haber abandonado su rol a cambio de satisfacer intereses políticos o del mismo crimen organizado.

El objetivo de esta evaluación es observar los resultados para saber dónde reforzar operaciones, así como entender qué recursos empleados y qué estrategias aplicadas han resultado ser más efectivos, y corregir o reforzar lo que sea necesario, e identificar los movimientos y tácticas del enemigo contra el que se combate. Tras ocho meses de enfrentamiento, los ecuatorianos tienen derecho a saber dónde se ha derrotado a la delincuencia.

Las imágenes son claras: en una de ellas, un supuesto taxista se baja, enciende fuego en una ramada y se va, mientras las llamas se extienden rápidamente. Ocurre igual en otros sectores y, por ahora, en Quito hay al menos 4 registros gráficos -videos-, que demuestran que los incendios fueron provocados premeditadamente. Además, si se conoce que el 99 % de incendios forestales son provocados de una manera directa o indirecta

Un síntoma de la salud nacional es el acceso de las familias a la vivienda. A más propiedad en manos de los ciudadanos, más protección hacia el futuro con ese patrimonio, más ahorro y mayor generación de riqueza. Más propiedades es progreso, advierten los economistas. Sin embargo, el acceso a una vivienda digna se ha estancado en Ecuador.

Los partidos políticos han escogido a sus candidatos para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Y estos deberán inscribirse desde el viernes, 13 de septiembre de 2024. Se esperan 16 binomios tras la Presidencia y miles que quieren uno de los 151 puestos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta el momento, nada garantiza que esos políticos tengan una hoja de vida limpia. Los partidos no aplicaron controles para filtrar a posibles delincuentes.

El presidente de la República anunció que “después de ordenar las finanzas públicas” ha decidido que el Estado se “encargue” de la planilla de luz de los meses de diciembre, enero y febrero, para quienes consumen hasta 180 kW, consumo que pasaría a ser gratuito. Vale recordar que la misma ley considera como infracción muy grave que servidores públicos usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales.