Cuando funcionarios públicos y políticos no asumen responsabilidades por sus actos, los mandantes pierden confianza Que funcionarios públicos y políticos asuman responsabilidades por sus actos es un pilar fundamental sobre el que se asientan el buen gobierno y la ética del servicio público. Cuando estos no lo hacen así, ni admiten sus errores, el ejercicio de la función pública se deteriora y los mandantes pierden la confianza, en ellos y en todo el sistema democrático.

La Fundación Rett Ecuador y la Academia en Busca de Sentido se han constituido en los principales estandartes de su meticulosa labor filantrópica. Toda su credibilidad, su red y su experiencia han estado al servicio de su misión de transformar el tejido social del país. Con su lucha a cuestas, invita a sus compatriotas a pensar y valorar aquellos intangibles que a veces pasamos por alto en el trajín diario y a recordar que todos, sin excepción, podemos constituirnos en fuerzas positivas de cambio desde el lugar en que estamos.

Ecuador otra vez tendrá que recurrir a la fe o las velas, ante una inminente nueva temporada de cortes de electricidad generada por los estiajes que ya están obligando a Colombia a restringir sus suministros externos, y ante la incapacidad que aún tienen las autoridades para hacer que el país genere su propio recurso. El problema es claro y el actual Gobierno ha sido el primero en identificarlo.

Tan grandes y visibles son las señales del alto riesgo de que Ecuador pueda llegar en algún momento a terminar en llamas como Haití, por el desmedido avance de la criminalidad y de la violencia, que es imposible que las diversas funciones del Estado no las vean como lo que son ni analicen el impacto que la inseguridad galopante tiene en la cotidianidad ciudadana y en la economía nacional.

Cuando el excontralor general Carlos Pólit huyó a los Estados Unidos, aprovechando su doble ciudadanía, un clima de impunidad y malestar que se apoderó del país. Sin embargo, hace dos años, la justicia norteamericana ordenó su detención; desde entonces, han prevalecido las interrogantes acerca de todo lo que su juicio, que arrancó ayer y que se extenderá por tres semanas, pondrá en evidencia.

En los próximos días se verá el efecto en la intención de voto para la consulta popular que convocará a Ecuador a las urnas este 21 de abril. Entre tanto, el impasse dimplomático seguirá su curso, mientras muchas familias ecuatorianas que requieren servicios consulares en México por temas migratorios, por ejemplo, así como empresas que conducen negocios entre ambos países, sufren las consecuencias.

La política internacional no puede abordarse con pasiones. Más allá de que Ecuador sostenga su argumento y México el suyo, ambos exponiendo las bases legales que mejor se ajusten a ellos, lo realmente importante es empezar a bajar las tensiones. Un ambiente como el actual no abona en nada. Solo suma crispación y más incertidumbre a la que ya tienen ambos países en su lucha contra las mafias del narcotráfico. Desvía la atención de este cometido, que es el que debería unir a Ecuador, México y al resto de países del continente y del mundo.

El mayor desafío que enfrentará el mundo será el cambio climático. En función de ello y de la tendencia creciente de
la humanidad a vivir en grandes ciudades, el desarrollo de estas megaurbes debe basarse en la sostenibilidad. Pero en Ecuador, donde la mayoría de sus centros poblados ni siquiera ofrecen todos los servicios básicos a sus habitantes, el ser sustentables es una utopía. Las municipalidades ni siquiera elaboran, menos aún llegan a implementar, planes de desarrollo integrales.

El país vivió un último fin de semana realmente violento. El Gobierno Nacional prefiere que no se evalúe toda su planificación y acción en estos último meses por los hechos violentos de un solo fin de semana, pero sí que se destaque esa misma gestión cuando las cifras son favorables para su discurso. Lo cierto es que los asesinatos en Manta, Puerto López y Guayaquil durante los días del reciente feriado de Semana Santa asustan y, lo quiera el Gobierno o no, abren un espacio de duda a la efectividad de su acción contra la delincuencia.

Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debería estar conformado por personas apolíticas. En teoría, tanto sus objetivos como sus procederes deberían ser reflejo de lo mejor de la ciudadanía y de la sociedad civil. Sin embargo, no hay institución que se le compare en su capacidad de generar convulsión permanente.