En el país hay quienes cuestionan el trabajo de militares y policías. A veces lo hacen por desconfianza y otras por la gran exposición que tienen ante la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. En los grandes golpes que han dado las dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía, destacan uniformados que están convencidos de que su trabajo diario marca una diferencia en la seguridad de los ecuatorianos.

Todos los ecuatorianos deberíamos estar conscientes de que el sistema cooperativo del país requiere un fortalecimiento integral, no solo mediante mejores niveles de capitalización, sino también a través de un control efectivo, el cual ha escaseado en los últimos años en este sector vital para la economía nacional. La Ley de Integridad Pública se presenta como una puerta abierta hacia ese cambio necesario, planteando la posibilidad de convertir ciertas cooperativas en bancos.

El manejo de la justicia es un juego de ajedrez. Fichas que se mueven, otras que salen, y estrategias de por medio con el único objetivo de llegar al ansiado manejo de los tribunales. Si alguien tenía un pizca de duda sobre la intención del Ejecutivo de garantizarse una mayoría en el próximo Consejo de la Judicatura al retrasar el envío de su terna, lo que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado miércoles es la confirmación de la gran sospecha.

El sistema educativo se va contaminando con la violencia, más rápido y más profundo. Los casos de extorsiones, acoso de bandas terroristas, bullying, suicidios, violencia sexual, armas en las aulas, vapeadores en colegios -incluso con sustancias psicoactivas-, brutales peleas, falta de psicólogos, hacen que el Gobierno ofrezca una respuesta contundente. No es cuestión de clase económica, porque alumnos de colegios privados y costosos o estatales han sufrido de alguno de los problemas enlistados.

Hay funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros, que aún no entienden que informar no es una opción, es una obligación. Pero no informar cualquier cosa, sino proporcionar datos certeros y verificables. Porque es muy fácil, y casos seguramente habrá muchos, en los que las cifras son infladas y la realidad es maquillada para vender una situación que dista mucho de lo que vive el ciudadano todos los días. Los ministros, los miembros del Consejo del Directorio del Seguro Social, los alcaldes, los prefectos, el presidente, es decir todos, deben presentar informes periódicos

El condicionamiento que ha hecho la Justicia española a Ecuador en el caso de la extradición de William Joffre Alcívar, alias Comandante Willy, es inédito. Pese a que Alcívar, líder de los Tiguerones, está siendo juzgado por la toma a la fuerza de las instalaciones de TC Televisión, el 9 de enero de 2024, su llegada al país para enfrentarse a la Justicia parece incierta. El pedido ecuatoriano, según la Audiencia Nacional, el máximo tribunal de Justicia deEspaña, cumple todos los elementos

El condicionamiento que ha hecho la Justicia española a Ecuador en el caso de la extradición de William Joffre Alcívar, alias Comandante Willy, es inédito. Pese a que Alcívar, líder de los Tiguerones, está siendo juzgado por la toma a la fuerza de las instalaciones de TC Televisión, el 9 de enero de 2024, su llegada al país para enfrentarse a la Justicia parece incierta. El pedido ecuatoriano, según la Audiencia Nacional, el máximo tribunal de Justicia deEspaña, cumple todos los elementos

A pesar de la fuerte penetración de las narcomafias, los ecuatorianos abrigaron la esperanza de que el país empezaría a avanzar por una senda de reordenamiento. Dada la magnitud del problema no se esperaba una solución inmediata pero, contar con condiciones favorables para la gobernabilidad, como el tener una mayoría en la Asamblea, generó expectativas optimistas, especialmente en cuanto a acciones efectivas que mejoraran la seguridad interna.

Parece que la escandalosa corrupción de jueces, fiscales, secretarios, otros funcionarios y abogados pasa desapercibida ante las máximas autoridades de la Función Judicial. Los jueces de la Corte Nacional han guardado un silencio inaudito, el incompleto Consejo Nacional de Judicatura da pasos tibios para un cambio. Los tres vocales se han dedicado a suspender a jueces y funcionarios ya juzgados por ayudar a criminales o corruptos. Las asociaciones de jueces, que deberían velar por el cambio

El involucramiento de una banda criminal ecuatoriana en el atentado contra un candidato presidencial colombiano es una alarma que no puede ser ignorada. No se trata solo de una mención incidental, sino de una evidencia del poder transnacional de los grupos terroristas ecuatorianos, cuya violencia y control territorial desangran al país. Lo que ocurre en Ecuador ya no es un problema de inseguridad común, sino una amenaza estructural a la democracia, al Estado de derecho y a la soberanía.