Usar la justicia para fines políticos es un camino sin retorno. Cuando se decide hacer uso del poder político para meter la mano a los tribunales es porque se está dispuesto a todo, por mucho que el fin se lo quiera maquillar con buenas intenciones.
Por eso -y más- es importante que el poder tenga un contrapeso que le haga entender cuándo está haciendo algo mal. Entiéndase con contrapeso a una Asablea Nacional independiente

Ecuador vive un momento crucial en su matriz exportadora. Las ventas no tradicionales han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que oxigena la economía nacional con divisas frescas. La leche, el arroz, la carne de cerdo, los arándanos y otros productos ecuatorianos empiezan a cruzar fronteras. Una diversificación que demuestra el despertar del agro y su apetito por crecer en otras áreas.

El Gobierno central no puede seguir eludiendo su responsabilidad frente al desastre vial que atraviesa el país. Las carreteras de la Costa, la Sierra y el Oriente no están deterioradas únicamente por las lluvias o los deslizamientos, sino principalmente por años de abandono y falta de mantenimiento. Resulta inaceptable que comunidades enteras sigan aisladas y que solo reciban soluciones parches. La parálisis vial no solo complica la movilidad ciudadana, sino que asfixia la producción y frena el desarrollo nacional.

En Ecuador todos sabemos que la justicia no anda bien. Está llena de trabas, favoritismos y decisiones que muchas veces no tienen lógica. Por eso, cuando se anunció que el sistema judicial entraba en emergencia, más de uno pensó: “¡Al fin algo se va a mover!”. Pero, como suele pasar, la emoción en la casa del pobre duró poco. Lo que debería ser una oportunidad para arreglar un sistema clave para el país, parece estar siendo usado como una jugada política.

Los millonarios contratos energéticos firmados por el Estado constituyen uno de los episodios recientes más graves de irresponsabilidad administrativa. El primer informe de Contraloría sobre estas adjudicaciones ha comenzado a destapar una cadena de irregularidades que demanda una investigación exhaustiva. La magnitud del perjuicio económico causado al Estado y la gravedad de exponer al país al riesgo de vivir nuevos racionamientos eléctricos…

Mejorar el sistema de administración y gestión de la justicia es algo que interesa a todos los sectores sociales e instituciones del Ecuador. Tal como está funcionando este sistema es imposible que en el país exista seguridad jurídica que favorezca la inversión (local y extranjera), así como el desarrollo y la armonía social. Por ello declarar en emergencia al sector puede ser una iniciativa positiva. Sin embargo, la forma en que el Gobierno está manejando el tema deja espacio para sospechas e inquietudes.

La comunicación dentro de los hogares está en crisis. Entre espacios de silencios, tomados por la hipnotizante atracción hacia los dispositivos electrónicos y las plataformas digitales, se esconden traumas, dolores y pedidos de auxilio. Muchos de estos gritos callados vienen de quienes son víctimas de acoso escolar, y que no encuentran en casa un refugio, sino otro muro de incomunicación. Los tiempos han cambiado, y en algunos aspectos, para mal.

El país tiene demasiadas experiencias en las que los políticos toman la Justicia a la fuerza, a veces con tanquetas, otras con resoluciones ejecutivas y otras más con cambios legales para el efecto. Los pretextos, asimismo, abundan. Impedir la toma de la Justicia por los opositores políticos, por el Congreso por ejemplo. Que la partidocracia estaba al mando de los jueces. Que los jueces responden al correísmo. Que la Justicia anda mal, que hay corrupción y mala atención.

Nueva semana y en Ecuador todo sigue igual. Las cosas parecen estancadas, y eso ya preocupa a todos. La inseguridad no da tregua —por más que haya caído un capo criminal—, las carreteras siguen hechas un desastre y nadie pone en marcha un plan serio para arreglarlas de una vez por todas. El IESS continúa con sus líos de siempre, la Función Judicial no avanza en la limpieza que tanto hace falta, y la elección de autoridades sigue siendo un misterio que nadie explica bien.

El país atraviesa una parálisis institucional que resulta alarmante. La inseguridad sigue galopante, las carreteras continúan deteriorándose sin que se concrete un plan integral de reparación, el IESS mantiene sus problemas estructurales, la Función Judicial permanece sin depurarse y la elección de autoridades de control sigue siendo opaca. A esto se suma el déficit energético que afecta a hogares y empresas, la indefinición en la política petrolera, y los problemas educativos…