LOS MEDIOS PÚBLICOS NO PUEDEN TOMAR PARTIDO

Se espera que los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados lleven a cabo una gestión que se caracterice por la imparcialidad y el manejo técnico-profesional de los recursos de todo tipo de la institución que encabezan. Y que concentren todos sus esfuerzos y actividades en llevar a cabo una obra que beneficie a la comunidad, priorizando sus necesidades más apremiantes y planificando su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Cualquier desvío que se evidencie por favorecer a intereses de terceros y no a los de toda la población debe ser objetado por la opinión pública y merece, asimismo, ser sancionado. Que cada uno ejerza la libertad de opinar es una garantía que debe cuidar el Estado, pero los medios que son públicos no pueden hacer proselitismo ni promoción ideológica.

El permitir que medios de comunicación de un municipio dediquen una parte sustancial de su programación a la militancia y a la campaña electoral de una candidatura en particular hace que el ente público se convierta en una plataforma política y proselitista.

Las autoridades pertinentes no pueden seguir permitiendo este tipo de irregularidades. Deben actuar y hacer cumplir el marco legal vigente.

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