Tanto la ciudadanía como las autoridades deben entender que las nocivas consecuencias que tuvo la pandemia en la educación no se remediarán por simple inercia. Al contrario, si no hacemos nada, corremos el riesgo de habituarnos y permitir que se asiente una “nueva normalidad” —término propio de la época del Covid-19— de rendimiento académico aun más bajo.

No es ningún secreto que semejante cambio dejará al Estado central en una situación sumamente complicada y que pondrá en riesgo actividades fundamentales para el buen funcionamiento del país.
Bajo el diseño actual del Estado ecuatoriano —profundamente unitario, garantista y, en varios aspectos, centralista—, las consecuencias de este tipo de medidas serán severas.

Hasta la clase política ecuatoriana está sintiendo ya las consecuencias de no contar con un sistema de partidos sólido y ordenado. En el Legislativo, algunas de las principales bancadas han visto con amargura, en los últimos periodos, como algunos asambleístas abandonan sus filas y deciden seguir su propio camino.

Alguien que se quita un grillete no puede simplemente irse a su casa. Debería ir a prisión de inmediato por haber violado las condiciones en que debe cumplir su condena o una medida cautelar por ser parte de un proceso judicial. Ello solo evidencia que Ecuador sigue estando amedrentado por ‘intocables’, al punto de que ni siquiera se guardan las formas.

Los ecuatorianos hicieron su parte. Dieron al Gobierno nueve herramientas que necesitaba para la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. ¿Son las suficientes? Es incierto. Lo que es cierto es que son las que el Ejecutivo consideró necesarias para responder a la delincuencia y el ciudadano se las entregó. Por lo tanto, se acabaron las excusas.

Gran parte de la culpa recae en aquellos promotores de una ilusión, pero la otra en quienes compran esa idea y se quedan de brazos cruzados esperando que por arte de magia se solucionen los problemas. El ciudadano debe apropiarse de su rol en la sociedad.

Señalar responsables es oportuno para marcar precedentes que impidan que volvamos a tener autoridades inescropulosas e ineficientes, pero no el enfrascarnos en un debate intrascendente de señalamientos con fines políticos, sin mirar más allá, sin analizar otras opciones que, en este mundo moderno, hoy pasan por la adopción acelerada de energías alternativas, renovables y más limpias.

Sin embargo, preocupa también que, en un clima ya plagado de normativas y regulaciones como el de las relaciones laborales, se siembren aún más disposiciones. De manejarse con mala fe, la figura del ‘acoso laboral’ terminará dificultando, y por ende encareciendo, todavía más el trabajo formal en el Ecuador.

Una denuncia de semejantes proporciones, que menciona además a varios de los principales cuadros del Gobierno, merecía una espuesta articulada y solvente. En lugar de ello, el mandatario y su equipo han procedido con la misma receta displicente que, a estas alturas, la ciudadanía ya conoce de sobra.

Ecuador tiene desde 2004 una ley de transparencia y acceso a la información, que por más que se reforme una y mil veces, está lejos de ser una herramienta eficaz que evite el hermetismo con que se manejan y gestionan las entidades públicas, algo clave para acabar con las mafias y la corrupción enquistadas.