El festín del desenfreno de las acciones de protección parece agudizarse. Preocupa que el accionar de tantos jueces sugiera que se necesita volver a la pesadilla de un Ejecutivo autoritario y entrometido para que la Justicia opere de forma al menos previsible. La dinámica actual premia a los irracionales y a los osados, y espanta a los inversionistas serios y entregados que solo quieren reglas claras. No podemos seguir así.

Urge que las autoridades nacionales y locales definan planes de protección ciudadana, pero también hacen falta acciones comunitarias que permitan el rescate de las zonas tomadas por la espiral de delincuencia y de violencia que desangra y empobrece a la sociedad ecuatoriana.

Detonar un dron en el techo de una cárcel, destruyendo buena parte de su estructura, nos dice del despropósito al uso y alcances de la violencia. Lo mismo que incursionar en iniciativas privadas para facilitar envíos vía dron, sin ninguna regulación, congestionarán buena parte de nuestro cielo inmediato, ya enredado entre cables para todo servicio.

La Corte de Justicia pide la cabeza del presidente del Consejo de la Judicatura, quien a su vez intentó cortársela a la Fiscal. Ella a su vez lanza en ristre quiere cortársela primero. Y si el caos no terminase ahí, la Corte Constitucional quiere decapitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual intentó formar una veeduría ciudadana para revisar las decapitaciones del pasado.

El pleito entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es coincidencia. Y menos lo son los movimientos en el Consejo de la Judicatura que apuntan a la próxima elección de titular de la Corte Nacional de Justicia. Todo tiene un trasfondo. Lamentablemente nuestras autoridades actúan en función de intereses personales o de terceros y no en el mejor porvenir de las instituciones de los ciudadanos.

El permitir que medios de comunicación de un municipio dediquen una parte sustancial de su programación a la militancia y a la campaña electoral de una candidatura en particu- lar hace que el ente público se convierta en una plataforma política y proselitista.
Las autoridades pertinentes no pueden seguir permitiendo este tipo de irregularidades.

Es verdad que en ciertos casos el encarecimiento responde a la escasez de oferta que el fenómeno de El Niño genera en algunos países de la región, pero ¿cuánto de este problema se debe a la falta de control en los mercados? Hasta la fecha, nada se ha investigado sobre la causa, que los mismos agricultores han denunciado: la ‘viveza criolla’ de comerciantes que re- tienen el producto en bodegas para con ello generar especulación.

Por esta vez, lo más probable es que la CC salga indemne. Sin embargo, no puede olvidar que, desde ya, poderosas fuerzas conspiran a tiempo completo contra ella, pensando en cómo debilitarla hasta condenarla a la intrascendencia. Si es que quiere recuperar su aura de inviolable respetabilidad, debe, desde ya, retomar procederes técnicos y jurídicos, alejados de los cálculos y mareas de la política.

El gobierno que se va, de manera práctica ha desmantelado al país, favoreciendo solamente la codicia de los grupos financieros a costa de la ruina de todos dentro de la esfera social.

No será importante el fútbol, pero de mo- mento nos ampara temporalmente en nuestras desgracias. Una simulación de cómo salir sin rebelarnos, si al menos pudiéramos dilucidar en mayoría el juego perverso que nos define, que nos oprime. Esa entelequia de patriotismo sirvió para manipularnos a gusto de los patriotas que han vendido al país.