El gran reto del presidente electo, que en unas semanas asumirá el poder, es devolver la seguridad al Ecuador y en ese cometido no puede olvidar el papel que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas, que deben apoyar denodadamente a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y la pacificación del país.

Ecuador no puede darse el lujo de ignorar las graves fricciones que el mundo está viviendo. El brutal ataque sufrido por Israel y la crisis subsiguiente conllevan un riesgo objetivo de que el conflicto de Oriente Medio descienda a un escenario que no se ha visto en cincuenta años, o incluso peor. Ello se suma a las tensiones entre Rusia y Occidente, con el resquebrajamiento del mercado mundial ha significado, y a otras varias crisis en el horizonte diplomático del globo.

Las ejecuciones presupuestarias con porcentajes bajos fueron el reflejo en la gestión de sus ministerios, ex- plicación suficiente para la desinflada esfera en lo social. La seguridad especialmente visualizada en la Policía, con precario equipamiento e infraestructura atravesó todo el tiempo de su gestión. No podía ser peor la condición de la red vial, pasando por la deficiente dotación para la salud y la educación, terminando en la falta de especies para cedularse.

No queda claro, en este contexto tan delicado, qué partido, movimiento o figura se comprometerá definitivamente con esos valores: libertades individuales, propiedad privada, mercados más libres, menos regulación, eficiencia estatal. Preocupa —dada la nueva Asamblea Nacional, la Constitución actual y la difusa ideología del Ejecutivo—la posibilidad de que se concrete un arrollador consenso estatista, confiscatorio y conservador. Ojalá que surjan nuevas voces sensatas que defiendan al amplio y diverso —en todo sentido— sector privado del país.

El abandono de la red vial es notorio al transitar por las conexiones hacia otras provincias, ni se diga en tramos intercantonales. Una mayor inversión en mantenimiento se hace urgente, de manera especial para afrontar el próximo evento de El Niño, que terminaría de destruirlas del todo.

Clasificaremos, pero antes ganaremos cada partido puesto como un desafío en base a la actitud de los jugadores y llegaremos al mundial de seguro. Mientras con nuestros gobernantes estamos en el mundial de los más violentos por el crimen y la corrupción. La catarsis del fútbol nos salva artificialmente.

Nadie, en su sano juicio, aceptaría un reto como el de tomar un Ecuador en las condiciones actuales, salvo que en lugar de llegar para hacer negocios y servirse lo poco que queda, haga un enroque convencido en armar una estratégica defensa, sin asociarse con la mafia, y sirva al bien común, dispuesto en un emergente plan de gobierno.

Resulta vergonzoso que ante la lentitud con que avanzan los procesos judiciales en el país y frente a la impunidad que el marco legal vigente permite y muchas veces incluso alienta, sea el gobierno de otra nación el que de alguna manera sancione a quienes incurran en actos delictivos. En este contexto, es por de más ridículo que un funcionario de altísimo nivel en temas relacionados con la justicia salga a preguntar las razones por las cuales se le ha retirado la visa norteamericana.

El estado de Israel es una democracia sólida; exhibe las saludables fricciones y divisiones propias de todo estado de derecho, al mismo tiempo que su población es dueña de un admirable grado de civismo y solidaridad. Tiene una demografía sana, con una juventud disciplinada y vibrante. Es una potencia científica y tecnológica, con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, logrando crecimiento y prosperidad para su pueblo.

Mientras, la evasión de responsabilidades y una actitud que persiste en preservar la integridad burocrática antes que el bienestar de los estudiantes se han vuelto notorias. Nadie se hace responsable de las precipitadas suspensiones de clases e, incluso, las propias contradicciones con respecto a cuestiones fundamentales de enseñanza resultan inocultables. La burocracia educativa está siempre permanentemente protegida por el discurso imperante y por la normativa, incluso constitucional, que la favorece.