Inmersos en esa condición extrema, los esenciales servicios de la educación y la salud públicas, ya ni son señalados por sus carencias, dada la urgencia de salvar la vida en las calles, cada quien por su cuenta y riesgo. Ni se diga de la creación de empleo que no sea para reclutar a jóvenes en las organizaciones delincuenciales boyantes de presencia.

El Censo de Población y Vivienda del año 2022, por cierto, con muchos cuestionamientos y tardío, muestra una cercanía a una población de 17 millones de habitantes en el país. Esta sola cifra al conciliar con otros cuerpos legales como el Código de la Democracia, La Ley de la Función Legislativa, y la misma Constitución, señala un incremento proporcional al de la población, en la incorporación de nuevos asambleístas, mismos que pasarían de 137 en la actualidad, para en las próximas elecciones llegar a un monto 150.

Contextualizar los discursos o las frases sueltas por ahí, se hace necesario. Mucho mejor si nos encontramos en plena campaña electoral y jugar limpio no siempre está entre las reglas a respetar. Si desde el Estado no se garantizan derechos como los enunciados y muchos otros, o tenemos una regresión civilizatoria, o emprendemos en una aberración en la que los humanos viviremos en una despiadada selección. Eso es impracticable.

El permitir que medios de comunicación de un municipio dediquen una parte sustancial de su programación a la militancia y a la campaña electoral de una candidatura en particular hace que el ente público se convierta en una plataforma política y proselitista.

Las iniciativas públicas y privadas que se están desarrollando en ciertas ciudades del país deben replicarse, como el caso de Cuenca, que en los feriados blinda el parque Calderón para garantizar la seguridad de los turistas; o los clubes playeros en General Villamil, que ofrecen alojamiento y entretenimiento para evitar traslados que expongan a los huéspedes a la inseguridad.

El festín del desenfreno de las acciones de protección parece agudizarse. Preocupa que el accionar de tantos jueces sugiera que se necesita volver a la pesadilla de un Ejecutivo autoritario y entrometido para que la Justicia opere de forma al menos previsible. La dinámica actual premia a los irracionales y a los osados, y espanta a los inversionistas serios y entregados que solo quieren reglas claras. No podemos seguir así.

Urge que las autoridades nacionales y locales definan planes de protección ciudadana, pero también hacen falta acciones comunitarias que permitan el rescate de las zonas tomadas por la espiral de delincuencia y de violencia que desangra y empobrece a la sociedad ecuatoriana.

Detonar un dron en el techo de una cárcel, destruyendo buena parte de su estructura, nos dice del despropósito al uso y alcances de la violencia. Lo mismo que incursionar en iniciativas privadas para facilitar envíos vía dron, sin ninguna regulación, congestionarán buena parte de nuestro cielo inmediato, ya enredado entre cables para todo servicio.

La Corte de Justicia pide la cabeza del presidente del Consejo de la Judicatura, quien a su vez intentó cortársela a la Fiscal. Ella a su vez lanza en ristre quiere cortársela primero. Y si el caos no terminase ahí, la Corte Constitucional quiere decapitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual intentó formar una veeduría ciudadana para revisar las decapitaciones del pasado.

El pleito entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es coincidencia. Y menos lo son los movimientos en el Consejo de la Judicatura que apuntan a la próxima elección de titular de la Corte Nacional de Justicia. Todo tiene un trasfondo. Lamentablemente nuestras autoridades actúan en función de intereses personales o de terceros y no en el mejor porvenir de las instituciones de los ciudadanos.