El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, ha demostrado, desde su incorporación al sistema constitucional del país en 2008, ser una aberración que no sirve para nada y que solo ha traído distorsiones institucionales que agobian al funcionamiento del Estado. Eso, sin contar con el desgaste político que el país sufre por las pugnas de partidos y movimientos que quieren cooptarlo, además del costo económico que demanda su funcionamiento.

La contienda electoral expone, una vez más, la desconexión entre las ambiciosas promesas de campaña y la realidad económica del país. La competencia de los aspirantes a Carondelet se centra en quién dará mayor número de empleos, sin explicar los mecanismos para generarlos; o reducciones del IVA sin reales estrategias para suplir la caída en recaudación fiscal; o proyecciones de crecimiento económico en porcentajes que son más bien un deseo.

Los recursos públicos han empezado a movilizarse en el mercado ecuatoriano a modo de bonos y entrega de créditos con las mejores facilidades posibles para atender las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas por el fuerte invierno que ha llegado a generar una emergencia nacional. Si bien la reactivación económica es un objetivo necesario para el país, debe realizarse con la prudencia necesaria para garantizar que la solidez de un activo estatal valioso no enfrente ningún riesgo.

En cada nuevo proceso electoral se evidencian las falencias del Código de la Democracia, que además impide que cualquier reforma, aunque resulte indispensable, pueda realizarse durante el desarrollo de ese proceso. Todo cambio deberá programarse para un año después, diligencia que una vez que se llevan a cabo las elecciones cae en el olvido, resurgiendo en la siguiente contienda electoral.

La cédula de identidad es el principal documento de un ecuatoriano. Algunos lo obtienen a pocos días de su nacimiento y su número es para toda la vida. Es la evidencia de pertenencia al país, de su pasado, presente y futuro. En esa credencial, además de la foto, el nombre completo y la fecha de nacimiento, constan los nombres de los padres, estudios, el estado civil actual. El código y
huellas dactilares.

Si la participación de los dos finalistas en el debate presidencial dejó algo para la sociedad, es el haber hecho descender a la categoría de pelea de esquina al ejercicio de la política nacional. Insinuar que el presidente de la República está casi al mismo nivel que cualquier capo del narcocrimen organizado es temerario si no se tienen las pruebas; y si se las tiene, es irresponsable no
presentarlas.

El debate presidencial por la segunda vuelta fue lo más parecido a una pelea de esquina, con la enorme diferencia de que fue reproducido en televisión nacional y en las redes sociales a vista y paciencia del resto del mundo, y pagado por todos los ecuatorianos con nuestros impuestos. ¿Y todo esto para qué? Para ver a los dos candidatos finalistas lanzarse pulla tras pulla

La sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se enfila hacia un colapso silencioso pero inminente. Con un número menor de aportantes y con compromisos crecientes, las decisiones que se tomen hoy sobre el manejo de los recursos del Biess definirán el futuro de millones de ecuatorianos que dependen de este sistema para su jubilación.

La asesoría en seguridad que el Gobierno central negocia con una entidad privada internacional no deja de causar preocupación en la sociedad civil, más aún si no existe información clara sobre lo que se pretende contratar y cuáles son los términos de las conversaciones iniciadas con este propósito.

Los tiempos electorales se han cruzado con varias tragedias climáticas. Aunque hay sospechas gubernamentales de que en el caso del derrame de petróleo en Esmeraldas habría un sabotaje, aún no hay registro de una denuncia en Fiscalía. Esta coincidencia se ha convertido en un episodio desafortunado, donde la ciudadanía es la que pierde.