UNA REALIDAD QUE LA LEY IGNORA
La Ley para Desarticular la Economía Criminal ha provocado mucho escozor y con justa razón. Las facultades que entrega al primer mandatario y a un denominado Bloque de Seguridad -que no se sabe quiénes lo integrarán- devela no solo unas ansias de acaparar más poder, sino un desconocimiento de la realidad del país. ¿Habrá el equipo jurídico de la Presidencia de la República considerado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones infiltradas por el crimen organizado? ¿Que aprobar un indulto presidencial anticipado puede beneficiar a operadores de las mafias dentro de esas instituciones? Más allá de todas las críticas que ya suma la ley urgente en materia económica, esta desconexión es en la que menos se ha ahondado, siendo la más pesada de todas. Armar un proyecto de cuerpo legal que ignore la realidad del país es irresponsable. La depuración de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Servicios de Inteligencia es un acto necesario e improrrogable. Es correcto que el Gobierno Nacional quiera respaldar a las fuerzas del orden, único escudo ciudadano contra el crimen común y organizado, pero hay que saber a quién se respalda y sin caer en los excesos del populismo.
