Es lamentable la decisión presidencial, pero es igual y hasta más lamentable que los funcionarios públicos necesiten de una serie de normas escritas en papel para saber cómo comportarse en el ejercicio de sus funciones. No es necesario que esté escrito en un documento que el funcionario público no puede llevar a sus familiares a trabajar a la institución pública que preside, ni gestionar favores que puedan constituirse en tráfico de influencias; que no debe mal utilizar los
bienes muebles, los inmuebles ni los recursos públicos.

Al mismo tiempo, es necesario entender que una medida extrema como el estado de excepción tiende
a autoperpetuarse. Es innegable la reducción de asesinatos que ha visto el país en las últimas semanas, pero si ello goza del favor popular y solo puede lograrse bajo un clima de restricciones, es tentador renovar el estado de excepción sucesivamente. A la larga, se genera un escenario ficticio que necesita de dicho decreto para mantenerse. Todo el sistema empieza también a adaptarse paulatinamente.

El hecho de que una parte de las víctimas trabajen o hayan laborado para los gobiernos locales o sus empresas públicas debe encender las alarmas sobre la debilidad y vulnerabilidad que existe en la administración pública, que no se salva de la infiltración de la delincuencia organizada. La experiencia de otros países hace sospechar que en el Ecuador los municipios y las prefecturas también son un punto de ataque de las organizaciones criminales.

Los resultados de la prueba Ser Estudiante caen como un balde de agua fría sobre la educación ecuatoriana. Duele aceptar que, en promedio, los 4,5 millones de estudiantes del país exhiben un nivel inferior al mínimo satisfactorio en materias fundamentales. Los establecimientos con los peores resultados son los fiscales, los más necesarios para romper el círculo vicioso de la pobreza. Mientras más jóvenes los estudiantes, más bajos los puntajes; esto invita a pensar que, de seguir las cosas así, el futuro ser aun más desolador.

Es necesario entender que nuestro sistema está diseñado a partir del supuesto de una población en crecimiento, con la gran masa de consumidores y economía en aumento que ello conlleva. Ni las finanzas públicas —con el déficit y la deuda— ni el sistema de seguridad social pueden sostenerse sin ese elevado porcentaje de jóvenes que aporten y consuman. Las autoridades necesitan estructurar, cuanto antes, una política nacional integral

Conforme arranca la discusión de la proforma presupuestaria para 2024, vuelven los temores justificados de que el Gobierno solo esté pateando para el próximo año los graves problemas de desfinanciamiento. Se vislumbra una estrategia que, una vez más, se basa en sobrellevar antes que en corregir.

El mercado laboral ecuatoriano no puede seguir operando bajo estructuras y supuestos de hace más de un siglo. Solo oportunas reformas como estas —a las que después deberán seguir también otras— permitirán preservar la seguridad social, competir exitosamente con otras sociedades y aprovechar el dinamismo laboral que la tecnología actual permite. No podemos continuar estancados por defender una
abstracta ‘no regresión’ que privilegia a unos pocos, pero que cierra las puertas a generaciones enteras.

Llama mucho la atención la conveniencia con la cual hoy apelan a la infalibilidad de los organismos internacionales cuando, por muchos años y con una astucia implacable, el presidente Rafael Correa intentó desmantelar el sistema interamericano de Derechos Humanos, empezando por la Relatoría para la Libertad de Expresión. Durante su década en el poder, ese partido no solo se tomó el control de la Justicia, sino que diseñó el mismo sistema institucional que hoy señalan como corrupto.

Las empresas requieren estar dentro de un esquema de eficiencia y desempeño óptimo que ponga un freno a la metida de mano de políticos que utilizan sus fondos para pagar favores. Ante ello, la salida está en las concesiones o en la venta definitiva, para así
evitar un mayor declive o su desaparición.

La transparencia aún no se inaugura en el Consejo Nacional Electoral. El viaje de su presidenta a Estambul, Indonesia y Estados Unidos con fondos
públicos y con motivaciones bastante cuestionables debe empujar a las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional a convocarla,
al menos para que explique qué hizo y cómo eso beneficiará a los ecuatorianos.