El deterioro del medio ambiente causado por la explotación no regulada ni controlada de los recursos naturales es uno de los temas por el que los ecuatorianos deberían sentirse más preocupados. Ejemplos de casos en los que produce afectación de la calidad del agua o de deforestación, por la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola o por la presencia de mineras legales y, sobre todo ilegales, abundan en todo el territorio.

Algunos colegios en la capital ya tomaron la acertada decisión de prohibir todo uso de teléfonos celulares a sus estudiantes. Valientes, porque implica
enfrentarse a una generación muchas veces acostumbrada a salirse con la suya, especialmente en lo referente al uso de la tecnología y el entretenimiento. Es necesario entender que, casi siempre, los intereses del usuario están reñidos con los del marketing.

Ante un escenario tan incierto, las fuerzas democráticas del país—aquellas que buscan la prosperidad y valoran la libertad— necesitan propuestas claras. Los destinos del país no pueden seguir decidiéndose apenas de forma reactiva, sin más brújula que evitar la impunidad y el retorno del autoritarismo correísta. Se requiere una visión más profunda, un proyecto consistente, que permita al Ecuador salir de forma gradual pero firme del modelo de Estado heredado del correísmo

Conforme los atrasos en los pagos del Estado a proveedores siguen apiñándose, la ciudadanía empieza a sentir las consecuencias. La situación en la salud, donde las deudas pendientes por más de 400 millones de dólares significan cada vez menos derivaciones a centros privados y meses de espera para recibir atención, es una muestra de ello.

Abogados, jueces, fiscales y la sociedad en general deben trabajar juntos para construir un sistema judicial robusto que inspire confianza y respeto dentro y fuera del país. Solo entonces podremos aspirar a un Ecuador donde la administración de justicia sea verdaderamente el fundamento de la paz social y el desarrollo sostenible.

El seguro médico privado toma cada vez más fuerza en Ecuador, y no necesariamente porque en el país exista una mayor cultura de prevención, sino por los vacíos cada día más graves que deja el sistema público de salud y el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Si bien recurrir a esta alternativa ayuda a pasar los baches, alimentar este esquema es poco sostenible.

Tanto la ciudadanía como las autoridades deben entender que las nocivas consecuencias que tuvo la pandemia en la educación no se remediarán por simple inercia. Al contrario, si no hacemos nada, corremos el riesgo de habituarnos y permitir que se asiente una “nueva normalidad” —término propio de la época del Covid-19— de rendimiento académico aun más bajo.

No es ningún secreto que semejante cambio dejará al Estado central en una situación sumamente complicada y que pondrá en riesgo actividades fundamentales para el buen funcionamiento del país.
Bajo el diseño actual del Estado ecuatoriano —profundamente unitario, garantista y, en varios aspectos, centralista—, las consecuencias de este tipo de medidas serán severas.

Hasta la clase política ecuatoriana está sintiendo ya las consecuencias de no contar con un sistema de partidos sólido y ordenado. En el Legislativo, algunas de las principales bancadas han visto con amargura, en los últimos periodos, como algunos asambleístas abandonan sus filas y deciden seguir su propio camino.

Alguien que se quita un grillete no puede simplemente irse a su casa. Debería ir a prisión de inmediato por haber violado las condiciones en que debe cumplir su condena o una medida cautelar por ser parte de un proceso judicial. Ello solo evidencia que Ecuador sigue estando amedrentado por ‘intocables’, al punto de que ni siquiera se guardan las formas.