UN ESTADO PENETRADO

Las primeras sentencias del caso Metástasis asombran e indignan. Muchos de los involucrados eran policías y, según se demostró en el proceso, no fueron extorsionados ni cooptados, sino que ofrecieron cooperar con el narcotráfico voluntariamente. Queda también la amarga sensación de que, tras plegarse al proceso abreviado, esos mal llamados ‘servidores públicos’, que traicionaron su misión y la confianza de los ecuatorianos, recibieron penas indulgentes. Al mismo tiempo, en un hecho escandaloso pero esperanzador, la Fiscalía destapó una presunta red de lavado de activos cuyos tentáculos llegaban a la propia Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Por fin, el país empieza a ver avances en la lucha contra el dinero sucio. Policía, jueces, UAFE, además de los ocasionales hallazgos que embarran a las Fuerzas Armadas o al SNAI; a estas alturas ya no es ningún secreto que el Estado está penetrado por el crimen organizado, sin embargo, ¿qué se está haciendo al respecto? Casos como Metástasis conllevan el vergonzoso recordatorio de que, en última instancia, todo salió a la luz no por un esfuerzo investigativo inicial, sino apenas por un hallazgo afortunado —el teléfono de Leandro Norero—. En los nueve meses que le quedan a Diana Salazar como Fiscal General, quedarán por verse más resultados que demuestren que el Estado hace un verdadero esfuerzo de profunda depuración. Este nuevo contexto de violencia e infiltración debería, además, derivar en procesos de selección de personal más acuciosos. Es necesario recobrar, cuanto antes, al menos algo de confianza en la Justicia y la fuerza pública.