EL CASO DE LA SUBTENIENTE ATI EXIGE RESPUESTAS
El asesinato de la subteniente Aidita Ati requiere toda la atención no solo del Estado, sino también de la opinión pública. Sobran elementos alarmantes alrededor de este caso que, de no esclarecerse plenamente, dejará una dañina y justificada mancha de desconfianza sobre instituciones fundamentales como el Ejército y la Justicia. Es evidente que, en un inicio, existió un intento organizado de encubrimiento por parte de ciertas autoridades castrenses, que procuraron instaurar el relato de que la oficial habría muerto por un percance de salud. Ahora, a la luz de las inconsistencias y contradicciones que van asomando, resulta dudosa la inicial laxitud con la que la autoridad judicial abordó a los primeros detenidos. Estos actos abonan al escepticismo y al sentimiento de indefensión que empiezan a embargar a familiares y defensores de la víctima. Es imposible obviar el hecho de que los presuntos involucrados son oficiales —varios de ellos, además, de rangos elevados—. Sea cual sea su verdadero grado de implicación, se trata de hombres de edad madura, que han recibido abundante formación académica y militar, con una importante carga de responsabilidad en las filas de la institución, de los que el país jamás hubiese esperado tales circunstancias. Este episodio —al igual que el femicidio de María Belén Bernal o el de la policía Dayana Lamiña— invita a pensar en las dinámicas de relacionamiento —con subordinados, y entre género— y en los comportamientos, como el consumo de alcohol y la ruptura de protocolos, que se toleran dentro de los cuarteles.
