Que los incendios en Quito hayan sido provocados por actores políticos o terroristas es una posibilidad real, deben establecerse políticas de Estado de protección del Medio Ambiente como medidas de prevención, y fuertes sanciones económicas y penales para quienes lleven a cabo actos terroristas. Es indispensable también la acción coordinada del Gobierno central con los GAD.

Es innegable que la Constitución de Montecristi, que supuestamente duraría 300 años, necesita más cambios. A casi un mes de que ese texto cumpla 16 años, el presidente Daniel Noboa ha propuesto más ajustes constitucionales, uno sobre la posibilidad de que militares extranjeros ocupen bases en el país y, dos, que el Estado deje de financiar a los partidos políticos.

Ecuador lo prueba una vez más.
Los voceros del Gobierno mencionaron,
hace menos de dos semanas,
que no habría apagones y que el país
debe valorar lo que hace este régimen
para evitarlos. Incluso, tildaron de
mentirosos a analistas que advertían
de una prolongada oscuridad. Ahora,
anuncian cortes de hasta 14 horas.
El Gobierno falló en la transparencia.

La crisis energética que enfrenta Ecuador pone en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico nacional y la urgente necesidad de inversión privada. Con un déficit de 1 080 megavatios (MW) y cortes programados de luz, el país se encuentra en una situación límite. La reciente Ley Orgánica de Competitividad Energética, promulgada en enero de 2024, pretende ser la solución que incentive la inversión privada en el sector eléctrico.

Plomo mata discurso. Así se puede resumir lo que ocurre en Ecuador: la reciente arremetida de la delincuencia con episodios de extrema violencia, incluso en una playa donde mucha gente disfrutaba en familia y a plena luz del día, deja, con mucho pesar para los ecuatorianos, un mensaje de terror mucho más poderoso que aquel emitido por el Gobierno sobre sus acciones contra la violencia. Y con este golpe, el turismo y el comercio se resienten.

La Asamblea Nacional se apresta a conocer los pedidos de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ella, muy cercana al presidente Daniel Noboa, se ha convertido en un símbolo para el Gobierno de la entrega de las autoridades para aliviar la crisis de inseguridad nacional. Ha sido defendida por el mismo mandatario, rodeado de uniformados armados y encapuchados, en sus habituales videos de redes sociales

El asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral demuestra las grandes falencias del plan de seguridad del Gobierno. Funcionarios con tan alto nivel de exposición al peligro, como la directora carcelaria, deben contar obligadamente con protección especial, sin necesidad de que soliciten un análisis de riesgo, que es, aparentemente, el proceso a seguir en la actualidad, según declaraciones de la ministra de Gobierno.

La elección presidencial de 2025, que será luego de cinco meses, no puede ser la única meta del actual Gobierno. Las declaraciones y los silencios, del primer mandatario y de sus ministros, especialmente por la crisis eléctrica, deben alejarse de un fin netamente electoral. La política del silencio, del misterio, de las excusas, de los posibles culpables, de la demagogia, no puede seguir siendo parte de la comunicación del régimen.

La vulnerabilidad del país ante los desastres naturales se ha evidenciado en numerosas ocasiones, revelando una falta de recursos económicos y logísticos, tanto a nivel nacional como local, así como una insuficiente preparación de la población, de los cuerpos de seguridad y de las entidades responsables de atenderlos.

El país necesita recursos, pues vive en un constante déficit fiscal. Es por esto que la fórmula política consiste en pedir préstamos a cualquier precio, subir impuestos o inventarlos. Las tres alternativas omiten la pregunta obvia de las consecuencias a largo plazo. Mientras esto sucede, y quienes tienen la responsabilidad de pensar en el futuro del Ecuador se distraen con pugnas políticas, se escapan oportunidades para generar riqueza.