Mientras el Gobierno hace malabares tributarios para reducir en algo el déficit fiscal, el país ha dejado que se le escabullan —durante los últimos ocho años— más de dos mil millones de dólares en recaudación por impuestos a los cigarrillos. Al mismo tiempo que se habla de la lucha contra el crimen organizado, el Estado permite que, a vista y paciencia de todos, los grupos delictivos normalicen el contrabando de cigarrillos.

La visita de la delegación estadounidense de alto nivel para temas de seguridad constituye una señal esperanzadora para el Ecuador. Refresca saber que el país no está solo. Ya se escuchan lamentos, procedentes de los sectores más radicales, referentes a una supuesta vulneración de la soberanía nacional. Reclamos tan anacrónicos evidencian una pobre compresión del desafío que enfrentamos.

Durante las últimas semanas, las islas Galápagos han servido de escenario de hechos lamentables. Primero fue el uso indebido de fuegos artificiales, que desató una polémica internacional y tuvo repercusión en el Gobierno. Luego, hace pocos días, uno de los principales periódicos estadounidenses publicó un amplio reportaje en el que se refiere al archipiélago como “gasolinera” de narcotraficantes. Ecuador corre el riesgo de permitir que las islas se deslicen hacia la anarquía, incluso ante los ojos del mundo. El descontrol en el archipiélago no es nuevo

En el clima de ‘conflicto armado interno’ que vive el país, la fuerza pública está, en algunos casos, actuando de forma impulsiva y tomando el camino fácil pero equivocado. Por un lado, trasciende la persecución a la que, en los operativos, se está sometiendo a quienes tienen tatuajes, así como la disposición de no aceptar en la Policía a postulantes con tatuajes visibles. Por el otro, siguen proliferando videos e imágenes de miembros de la fuerza pública escarmentando a ciertos detenidos.

Si el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, no suena descabellada la idea de que este les permita a los ciudadanos defenderse. La delincuencia tiene la plena certeza de que la sociedad anda desarmada y la Policía Nacional, lamentablemente, cuenta las balas que usa. Esa
es la realidad y ante ella, quien goza del monopolio del uso legítimo de la fuerza debería compartir un poco de ese poder. La situación crítica obliga a repensar y asumir cuándo se es incapaz de dar un servicio, como el de la seguridad ciudadana.

Las 471 empresas designadas deberán pagar entre el 1,25% y el 10% por ciento de sus ventas cada mes, en calidad de adelanto del impuesto a la renta que deberían cancelar recién en abril de 2025. Se supone que en ese entonces, si es que sus aportes exceden lo estipulado, el Estado les devolverá la diferencia. Se trata de una arbitrariedad indefendible, más aún cuando viene de un Gobierno que había prometido no subir impuestos.

El asesinato del fiscal César Suárez, a plena luz del día en una avenida muy transitada de Guayaquil, estremece al país en un momento de extrema fragilidad. Son tantos los casos de gran envergadura que el funcionario tenía a su cargo que es prematura cualquier especulación sobre los autores y sus motivaciones. Sin embargo, llama la atención que alguien de semejante perfil no haya tenido un adecuado resguardo policial; sorprende la osadía de los mentalizadores y ejecutores, justo cuando el Gobierno busca imponerse en el conflicto armado interno que ha decretado.

Ante la urgencia, los gobiernos apelan a la misma receta gastada: cobrar más a quienes ya están pagando; en ocasiones con contribuciones especiales y en otras, tributos temporales. Incluso, el aumento del IVA al 15%, afectaría a ese sector formal que ya tributa. La gran pregunta es, ¿cómo incorporar a la gran masa informal cuyas transacciones no generan registros, menos aún impuestos?¿por qué el SRI no hace brigadas de ‘regularización’ en lugar de perseguir y destruir su fuente de sustento? Medidas flexibles y creativas son urgentes.

El acuerdo comercial con China atraviesa una amenaza tardía. Ahora cuando ya solamente le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar el tratado, surge una marcada oposición de parte de ciertos sectores políticos y gremiales; una actitud extemporánea, impropia de un país que aspira a integrarse al concierto internacional. No se explica por qué las objeciones llegan cuando el proceso
ha avanzado anto, luego de años de trabajo que contemplaron abundantes mesas políticas y económicas.

Afortunadamente para todo el país, el secuestro de más de 150 guardias carcelarios y miembros del personal administrativo en diferentes cárceles tuvo un final pacífico. Exitosas negociaciones, un ánimo de atenuar el conflicto y una paciente gestión gubernamental lograron poner fin a una crisis que amenazaba con tener un desenlace trágico.
Tras un prolongado cerco por parte de las fuerzas de seguridad, cada día cobraba más fuerza la sospecha de que podía producirse una incursión. Hubiese sido una iniciativa de altísimo riesgo.