Ecuador está enfermo de miedo, y la cura depende en parte de los ciudadanos y en parte del Gobierno Nacional, sobre quien recae la responsabilidad de dotar de seguridad a los ciudadanos, pero también de los gobiernos locales, que deben mejorar la calidad de vida de los vecinos. Exigir un ambiente menos peligroso es un derecho por el que se pagan impuestos.

Siguen saliendo a la luz cifras y hallazgos que evidencian la injustificable indolencia estatal hacia las mujeres. Un nuevo estudio concluyó que 7 de cada 10 niñas en Ecuador carecen de información sobre la higiene íntima —debido al pénsum educativo— y que una de cada diez niñas y adolescentes —más de 500 mil personas— no tienen acceso a toallas sanitarias ni a tampones.

Tan palpable es la falta de visión y de proyección urbanística que son las invasiones y el desorden los que edifican los barrios. Mientras existan alcaldes que se jacten de llamar ciudades a las localidades que administran sin tener un apropiado sistema de recolección y tratamiento de la basura, o un verdadero sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial, nada cambiará en el corto y largo plazo.

El efecto de la eliminación de impuestos estatales, que tenía como fin aliviar el costo del boleto del pasaje aéreo, sigue sin sentirse en el bolsillo ciudadano. Los ecuatorianos continúan pagando valores triplicados para transportarse entre las principales ciudades, consolidándose así como un servicio inalcanzable.

Alarma constatar que muchas alcaldías carezcan de una visión estratégica y de una capacidad real de control sobre estos aspectos vitales. La falta de planificación no solo resulta en servicios deficientes, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos de manera directa y tangible. La situación actual exige que las alcaldías asuman con responsabilidad y diligencia su papel en la gestión de estos servicios.

El deterioro del medio ambiente causado por la explotación no regulada ni controlada de los recursos naturales es uno de los temas por el que los ecuatorianos deberían sentirse más preocupados. Ejemplos de casos en los que produce afectación de la calidad del agua o de deforestación, por la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola o por la presencia de mineras legales y, sobre todo ilegales, abundan en todo el territorio.

Algunos colegios en la capital ya tomaron la acertada decisión de prohibir todo uso de teléfonos celulares a sus estudiantes. Valientes, porque implica
enfrentarse a una generación muchas veces acostumbrada a salirse con la suya, especialmente en lo referente al uso de la tecnología y el entretenimiento. Es necesario entender que, casi siempre, los intereses del usuario están reñidos con los del marketing.

Ante un escenario tan incierto, las fuerzas democráticas del país—aquellas que buscan la prosperidad y valoran la libertad— necesitan propuestas claras. Los destinos del país no pueden seguir decidiéndose apenas de forma reactiva, sin más brújula que evitar la impunidad y el retorno del autoritarismo correísta. Se requiere una visión más profunda, un proyecto consistente, que permita al Ecuador salir de forma gradual pero firme del modelo de Estado heredado del correísmo

Conforme los atrasos en los pagos del Estado a proveedores siguen apiñándose, la ciudadanía empieza a sentir las consecuencias. La situación en la salud, donde las deudas pendientes por más de 400 millones de dólares significan cada vez menos derivaciones a centros privados y meses de espera para recibir atención, es una muestra de ello.

Abogados, jueces, fiscales y la sociedad en general deben trabajar juntos para construir un sistema judicial robusto que inspire confianza y respeto dentro y fuera del país. Solo entonces podremos aspirar a un Ecuador donde la administración de justicia sea verdaderamente el fundamento de la paz social y el desarrollo sostenible.