La paz está en riesgo al otro lado del planeta pero, ¿cuánto puede tardar en cruzar el Pacífico y tocar a la puerta de América y de Ecuador? El mundo está entrelazado, tanto que las crisis lejanas tienen su repercusión en otros países, pese a que cada uno tiene sus propios problemas, como la violencia, el narcotráfico y la narcopolítica, en el caso ecuatoriano. Los primeros síntomas se sienten en la economía.

Los chats privados se han convertido en los protagonistas de diversos casos judiciales que mantienen al Ecuador en vilo. Tan efectivos han demostrado ser, que ahora algunos acusados intentan emular la táctica, exponiendo supuestas conversaciones. Además, sigue pendiente la explotación de decenas de otros dispositivos —hallados en escenas de crímenes o recabados en allanamientos— que seguro aportarán otra cuota de polémicos diálogos. Sin embargo, se debe guardar cautela ante esta cascada de filtraciones y no caer en juicios prematuros.

Los llamados ‘sueldos dorados’ —aquellos mayores al del presidente, que reciben algunos funcionarios públicos— no constituyen un problema financiero, sino uno de principios. Por más que el Gobierno intente posicionar su recorte como fuente de ahorro, el peso de estos en el presupuesto es menor y existen alternativas mucho más eficientes. Sin embargo, apelando al decoro y la coherencia, aquellos sueldos en el sector público, ¿son sostenibles?

No importa cuán clara esté la ruta para el crecimiento minero del país ni cuánta prosperidad eso prometa, mientras nadie esté dispuesto a batirse por la minería el sector seguirá paralizado. En Ecuador, no existe autoridad o bloque político que se pronuncie o actúe consistentemente a favor de la minería formal; incluso aquellos que reconocen su potencial, la abordan como si se tratara de un mal necesario o de algo por lo que hay que ofrecer disculpas. Esto ha hecho que, además de renunciar a la riqueza que podría generar, el mojigato discurso haya conquistado a la opinión pública.

En estos últimos días, se han producido crímenes de una gravedad inusitada. Brigitte García, alcaldesa de San Vicente y la más joven burgomaestre del país, fue asesinada junto a otro funcionario municipal.El país no puede permitir que la situación de conflicto armado interno sirva de pretexto para que, movido por un inadecuado sentido de la resignación, el Estado deje de buscar el apropiado esclarecimiento de cada caso. Tampoco se debe tolerar, en estos tiempos de revelaciones de narcopolítica, que cualquier indicio de penetración del crimen organizado sirva —como sucedió en el caso de Agustín Intriago— para echar tierra prematuramente sobre las investigaciones.

El inicio de procesos penales contra fiscales y jueces corruptos no es suficiente para hacer una depuración profunda del sistema de justicia ecuatoriano, que está tomado por los tentáculos de la corrupción y los grupos criminales que buscan la impunidad de sus líderes y compinches. Una de las principales medidas par luchar contra la inseguridad ciudadana y los grupos criminales es garantizar la rectitud, honestidad y buen comportamiento de los servidores judiciales, quienes deben haber llegado a los cargos por una carrera judicial y no por los intereses de los grupos políticos, que también mandan en otras funciones del Estado.

Solo una ofensiva sostenida contra las bandas criminales, que incluya una depuración de los malos elementos de los cuerpos de seguridad y del aparato judicial, permitirá recobrar la tan ansiada paz en el territorio nacional. De esta lucha mancomunada no pueden excluirse ni los diversos niveles de gobierno ni la Asamblea Nacional, desvalorizada esta última por las indagaciones fiscales que han desbaratado estructuras criminales al servicio de las mafias. Ecuador debe destruir todo aquello que lleve a vivir la historia de la convulsionada nación caribeña.

En este momento álgido, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, debe recordar que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral en su contra pudo haber sido mucho más severo. El juez estableció que Muñoz, al “inducir el voto a favor de determinada preferencia electoral o promover aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato” incurrió en una “infracción electoral grave” —estipulada en el inciso 3 del artículo 278 del Código de la Democracia— e impuso la multa correspondiente.

Desde hace algunas décadas, gracias a la tecnología digital, el mundo atraviesa una transformación solamente comparable a la que, en el siglo XV, propició la imprenta. En ese contexto, el analfabetismo digital resulta hoy tan nocivo y retardatario como el analfabetismo llano del pasado. Operar dispositivos, tener nociones de los lenguajes de programación y comprender la lógica de los algoritmos resulta hoy tan importante como, en siglos anteriores, entender un contrato, leer y conocer los derechos propios establecidos en la Constitución, o empaparse de las obras escritas que constituían la columna vertebral de nuestra civilización.

Las ofertas que un candidato hace en campaña llevan como firma su palabra. Y con ese aval, quienes eligen determinada opción lo hacen confiando en que esa palabra empeñada será la garantía de que ejecutará cuanto prometió cuando llegue al poder. Así es en la teoría, pero las autoridades que han resultado electas en tiempos recientes, tanto nacionales como seccionales, han hecho todo lo contrario a lo ofrecido, una vez que asumieron sus cargos.