Durante décadas, algunos gremios y sectores políticos han intentado revertir este modelo, pero una y otra vez la población ha optado por defender al estatismo en las urnas. Ya sea ante la negativa de delegar la administración de la seguridad social el siglo pasado o ante la reciente votación contra liberalizar el mercado laboral, la explicación es sencilla

Hoy, en el Día del Trabajo, es oportuno recordar que Ecuador sigue siendo un fracaso en materia laboral. El adulto ecuatoriano promedio trabaja informalmente, recibe un ingreso precario y carece de cualquier seguridad social. Esta situación no obedece a la falta de recursos naturales, financieros o humanos —ámbitos en los que el país cuenta con excedentes ociosos que podrían aprovecharse—, sino a la imposibilidad de ponernos de acuerdo como ciudadanos.

Resulta bastante fastidioso hablar siempre de los mismos problemas y que quienes deben solucionarlos no lo hagan. La consulta popular dejó un mensaje claro: la inseguridad es de los principales inconvenientes en la vida diaria de los ciudadanos, sin una solución real a largo plazo. La seguridad no tiene ideologías. Se está tranquilo en casa o no se está tranquilo. Se trabaja en paz o no se trabaja en paz.

Esos millones mal habidos gracias a los actos de corrupción de la empresa constructora brasilera, que constituyó incluso un departamento para hacer efectivos los sobornos, es dinero del pueblo ecuatoriano que se debe recuperar. Y por supuesto, resulta también obligatorio sancionar a quien (o quienes) perfeccionaron el delito. Las evidencias del proceso llevado a cabo en los tribunales norteamericanos permitirían a Fiscalía, en colaboración con la justicia de Estados

El desempleo es, después de la inseguridad, el problema que agobia a la mayoría de ecuatorianos. Esa falta de oportunidades laborales incluso contribuye a agravar la inseguridad, pues quienes no pueden conseguir un empleo formal terminan siendo captados por la delincuencia organizada transnacional. Por ello, combatirlo es también aportar a disminuir la delincuencia.

Bajo ninguna circunstancia los ecuatorianos podemos acostumbrarnos a estos apagones. Ya hemos aceptado demasiadas faltas de parte del Estado: no tener seguridad, no tener educación pública de calidad, tener hospitales desabastecidos, no tener bibliotecas, no limpiar las aguas que las ciudades alimentan a los ríos, pagar una infinidad de yardas e impuestos, etc. Solo falta que ahora tengamos también, cada año y con cada estiaje, resignarnos a vivir con racionamientos eléctricos.

La crisis energética que nos afecta tiene nombres y apellidos de autoridades del ramo que, por años, vienen actuando con quemeimportismo, ineficiencia o corrupción, haciendo que el Estado continúe fallándonos en la dotación de un servicio tan elemental como el de proveer energía eléctrica.

Discutir quién ganó o quién perdió con la consulta popular, a estas alturas, no es más que una pérdida de tiempo. Aunque a la clase política le cueste aceptarlo, la ciudadanía no le dio mucha importancia. El ausentismo rebasó ampliamente el promedio histórico —un preocupante síntoma de hastío— y el desconocimiento acerca de las preguntas fue mayoritario.

Queda claro que la gente quiere seguridad a toda costa. Resulta predecible esperar que el régimen, interesado en mantener su popularidad para las elecciones de 2025, atienda a ese llamado y dé un giro hacia una política mucho más severa. Es lo que la gente ha pedido.

Los episodios de corrupción, en los que hemos visto a nuestros políticos y autoridades de justicia involucrarse con la esfera del crimen organizado, deben generar repudio, pero no agotar la fe por tener autoridades y sistemas que funcionen. Tampoco tenemos por qué resignarnos a tener ciudades violentas, acostumbrarnos a toques de queda que modifican nuestras rutinas de siempre, solo porque así lo decide el hampa. Hay que insistir en la unión, porque es la clave para superar cualquier calamidad.