PRENSA LIBRE Y HERRAMIENTAS DE PRESIÓN

En tiempos de crisis, la censura informativa se vuelve una herramienta tentadora para todo grupo de poder, incluyendo el Estado. La dificultad de las circunstancias y la emotividad del momento pueden confundir a las autoridades y llevarlas a creer, equivocadamente, que contar con el silencio de la prensa les permitiría trabajar mejor en la búsqueda de soluciones. Por ello, casi sin excepción, los momentos más álgidos de la historia política reciente del país han coincidido con ofensivas contra la libertad de expresión. Ese guion no debería repetirse. Por lo pronto, el juicio interpuesto por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por demás prorrogada en funciones, Diana Atamaint, contra el periodista de opinión Roberto Aguilar no prosperó, gracias al acertado criterio del juez competente. Sin embargo, existen denuncias de presiones oficiales sobre programas de opinión —que han derivado en lamentables cancelaciones— y justificados temores de que las autoridades de Gobierno emplean fondos del tesoro público, a manera de pauta publicitaria como un instrumento de coerción sobre la prensa. La inocultable fragilidad económica que afecta a tantas empresas de comunicación haría que esto, aunque deplorable, resultara sumamente efectivo. Prevenir este preocupante escenario requiere una actitud madura y democrática de todos los sectores. En los momentos difíciles, le compete al Gobierno recordar sus compromisos adquiridos, aferrarse a sus convicciones democráticas y a aquellas que determinan las reglas de convivencia política en este país, y evitar llevar a cabo cualquier tipo de presión que en el corto plazo solo pone en tela de duda sus intenciones y, a largo plazo, termina por corroer todo el sistema democrático. Por otro lado, el sector privado necesita entender que sin empresas de comunicación solventes no puede existir una libertad de prensa robusta y duradera, como tampoco un Estado de Derecho que garantice su acceso al libre mercado, a la libre circulación de información y a la propiedad privada. Anunciar e invertir en el periodismo independiente es la mejor contribución para preservar este derecho esencial.