Ha resultado fácil para el Gobierno detectar dónde existen posibles fugas de combustibles hacia las fronteras y a actividades de otro tipo. El presidente de la República ha denunciado un primer caso en este tema que merma tantos recursos al presupuesto del Estado, por lo que se espera que comience a revelarse quiénes son los otros ‘presuntos’ beneficiarios de tan jugoso negocio, el cual, o pasó inadvertido para los regímenes que precedieron a este gobierno o fue ignorado por ellos por temor a represalias.

El anuncio de que la economía ecuatoriana se encuentra en recesión ha desatado una ardua polémica entre especialistas sobre lo acertado del diagnóstico. Sin embargo, más allá de la discusión alrededor de elementos técnicos y detalles metodológicos, no se puede ocultar lo evidente: la economía no está en un buen momento y el bolsillo del ecuatoriano lo siente.

Si un informe policial baja el nivel de riesgo del alcalde de Durán, basado en los datos de georreferenciación del delito en el país, también debería bajarse el nivel de riesgo del presidente de la República, de los ministros de Estado y de las demás autoridades que reciben protección de un nutrido número de efectivos policiales porque, según sus propias expresiones, ahora existe más seguridad en el territorio nacional.

Hace un año fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago. El crimen constituyó un anuncio de los tiempos aciagos que se cernían sobre el país, con magnicidios, masacres y estallidos de un calibre antes impensable. Algunos coautores materiales del crimen fueron procesados y sentenciados, pero el autor de los disparos sigue prófugo. No se ha podido tampoco determinar a ciencia cierta quién fue el mentalizador del hecho

Por más que resulte fastidioso, es necesario insistir en la urgencia que representa la dramática situación laboral del país. Millones de ecuatorianos —y cada día son más—, necesitan un trabajo digno. La cantidad de empleo adecuado hoy en Ecuador es la misma que en 2010, pese a que ahora existen dos millones más de personas en la población económicamente activa.

El ciudadano subestima el poder que tiene. La organización de la sociedad civil tiene peso cuando el motivo es justo. Y de ello hemos visto algunos ejemplos como el caso del Hotel Quito. Fue la organización ciudadana, coordinada, activa y propositiva la que logró su objetivo. La Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado algunos casos de malversación de fondos ahora judicializados.

A Ecuador le hace falta contagiarse de la visión y estrategia que tienen otros países de la región para atesorar las riquezas naturales, explotándolas como imanes de turismo y fuentes de ingresos. Si hoy el gran reto del Gobierno es levantar y poner a andar la economía nacional, debería incluir en su agenda la reactivación de zonas turísticas claves bajo una sola premisa: no dejar morir lo que tenemos.

El asesinato de la subteniente Aidita Ati requiere toda la atención no solo del Estado, sino también de la opinión pública. Sobran elementos alarmantes alrededor de este caso que, de no esclarecerse plenamente, dejará una dañina y justificada mancha de desconfianza sobre instituciones fundamentales como el Ejército y la Justicia.

Las bandas y las tribus criminales están utilizando los recursos destinados a la salud pública para sus fines ilícitos, por lo que los directivos de las casas de salud del Seguro Social y del Ministerio de Salud tienen que trasladarse acompañados de personal de seguridad incluso dentro de esas instalaciones. El Gobierno, los directivos y los cuerpos de seguridad no pueden permitir que los hospitales estén controlados por intereses oscuros.

Las primeras sentencias del caso Metástasis asombran e indignan. Muchos de los involucrados eran policías y, según se demostró en el proceso, no fueron extorsionados ni cooptados, sino que ofrecieron cooperar con el narcotráfico voluntariamente. Queda también la amarga sensación de que, tras plegarse al proceso abreviado, esos mal llamados ‘servidores públicos’.