El sexto derrame de crudo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en los últimos cuatro años evidencia una cruda realidad: Ecuador no ha aprendido la lección. Como país, seguimos asumiendo las consecuencias de los mismos errores, pagando un alto precio ambiental y económico por la falta de planificación y prevención en cuanto a infraestructura petrolera.

Esta aberración que esclavizó a los pobres durante más de un siglo, terminó con la llegada del liberalismo al poder. La obesa y déspota burocracia de este siglo desnaturalizó la figura de la coactiva que nació para recaudar impuestos, pero con la llegada de los odiadores la ampliaron a todo el sector público, a las empresas estatales, a los servicios públicos, hasta para instituciones bancarias y financieras.

El anuncio de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles globales al sector agrícola a partir de abril representa una amenaza directa para la economía ecuatoriana, que depende significativamente de sus exportaciones agroindustriales. Esta medida encarecería los productos en un mercado donde ya se lucha por mantener competitividad ante la ausencia de un acuerdo comercial.

El anuncio de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles globales al sector agrícola a partir de abril representa una amenaza directa para la economía ecuatoriana, que depende significativamente de sus exportaciones agroindustriales. Esta medida encarecería los productos en un mercado donde ya se lucha por mantener competitividad ante la ausencia de un acuerdo comercial.

Aunque aún no se puede medir con exactitud cuáles serán los efectos del congelamiento de la cooperación que Estados Unidos mantenía con Ecuador, no debería sorprender que en el futuro estos sean muy perjudiciales para el país, sobre todo en temas de seguridad, salud, educación y gobernanza.

Las lluvias no cesan y las emergencias tampoco. Desde enero ya se cuentan más de 98.000 personas afectadas y 19 fallecidas. El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena han sido declaradas en Alerta Roja para precuatelar a los habitantes y evitar peores consecuencias. En lo que va de marzo, se han contabilizado ocho muertos en Manabí, Pichincha, Guayas, Loja y Los Ríos.

El cambio climático golpea cada vez con más fuerza, pero en Ecuador seguimos sin tomar medidas concretas y conciencia sobre lo que ocurre en el país y a nivel global. En verano, las sequías arrasan cultivos y dejan a las comunidades sin agua; en invierno, las lluvias extremas provocan inundaciones y deslaves que
destruyen hogares, vidas, carreteras y por ende, el progreso nacional.

Desplazarse por las carreteras del país, ya sea hacia las playas, la Sierra o el Oriente, se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No solo por las inclemencias del invierno que afectan la red vial, sino también por la inseguridad y la falta de control. Los asaltos y secuestros en las rutas han impuesto un veto no oficial a los viajes nocturnos.

La Corte Constitucional remueve tres de sus nueve puestos. En cada renovación nace la duda sobre la inclinación de la balanza dentro del pleno: ¿más conservadora o más progresista? Con la salida de tres jueces para dar paso a los tres nuevos, al menos se vislumbra que la tendencia conservadora pierde espacio; no obstante, aún no está claro cuál es la inclinación de los nuevos magistrados.

El ultimátum que impuso el Gobierno a Sinopetrol para pagar los 1.500 millones de dólares por la concesión del Campo Sacha hasta hoy, martes 11 de marzo, no solo estaría contradiciendo los plazos establecidos en las actas de negociación, que otorgan 30 días laborables para realizar los desembolsos, sino que podría plantear un nuevo riesgo para el país en tema de seguridad jurídica.