Al presidente Daniel Noboa le espera un país sumergido en una crisis de dimensiones históricas. Por momentos el próximo mandatario parece comprender la gravedad de la situación, como cuando inicia una gira internacional a centros importantes de poder financiero y político, y advierte incluso sobre un riesgo de default a mediano plazo.

¿Quién cubrirá ese costo diferencial? Es la pregunta inmediata de los consumidores. Si el gobierno a través de sus voceros nos dice que no incrementará la planilla de consumo, y sabiendo que todas sus afirmaciones han sido incumplidas, ya tenemos a la vista un nuevo componente de gasto familiar que restará posibilidades a otros. La utilidad de los apagones no la veremos por ningún lado, porque se la llevan muy pocos.

No se trata de una po- lémica importada o de una moda retórica, sino de una consecuencia inevitable del progreso y del avance de la modernidad, a la que el país no es inmune. Lo lógico y coherente, tal y como ya ha sucedido en países vecinos, es reconocer el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su propia vida. Ninguna autoridad puede interferir con la autonomía de un ciudadano al momento de decidir si su vida merecer ser vivida o no

¿En qué momento los ecuatorianos nos volvimos autores y cómplices de la suciedad y la falta de urbanidad? Basta acercarse a un baño público o caminar por las calles de cualquier centro urbano para comprobar que, como sociedad, perdimos las costumbres hace años. La presencia de hábitos fundamentales como higiene, cortesía, orden o respeto por la propiedad pública hacen una inmensa diferencia en el cotidiano de una sociedad.

En efecto, el organismo de control encontró que dicho gobierno provincial tenía contratado un número muy por encima del permitido por la ley de asesores que ganan un sueldo que no se compadece ni con la jerarquía de su cargo ni con el trabajo que realizan. La cifra es de unos cuantos millones de dólares al año. En definitiva, esa prefectura funciona, según se desprende del informe.

Los ecuatorianos vivimos una doble penumbra en estos días. Una por los apagones programados por el Gobierno debido al estiaje (salvo estos días por el feriado) y la otra por la falta de claridad por parte de la administración entrante, que no da luz sobre cómo solventará un problema que, si bien no está en este momento en sus mano

El caso de Paola Roldán ha lle- vado el debate sobre la eutanasia ante la Corte Constitucional. Resulta difícil para el país seguir evadiendo el tema. Conforme la esperanza de vida aumenta y las herramientas científicas para prolongar la existencia se afianzan, cada vez más ecuatorianos se ven abocados a un final que juzgan indigno o intolerablemente doloroso.

Nada más ajeno a la verdad. El creciente ánimo liberal en el continente es la consecuencia lógica del despertar ciudadano. Así como la sociedad se nutre de tecnología, entretenimiento y co- nocimiento proveniente del resto del mundo, es inevitable que crezcan también la admiración y la curiosidad por los ideales de las sociedades abiertas que han parido toda esa prosperidad

Crisis de apagones como esta son intolerables. Parches de última hora, quizá logren sacar al gobierno saliente de su último bochorno, con altísimo costo. La ciudadanía no debe acostumbrarse porque, si lo hace, se vuelve aún más vulnerable a carencias en otros servicios básicos. El país tiene los recursos humanos y financieros para no tener que pasar más por esto; exigimos que así sea.

Ha habido algunos cuestionamientos a los resultados, por las diferencias con las expectativas y sus consecuencias en el reparto de rentas y de número de asambleístas. Sin embargo, tenemos un retrato, quizá no perfecto de lo que somos, pero al menos cercano a la realidad y por lo tanto útil para planificar con cifras más acordes el desarrollo del país.