Las 471 empresas designadas deberán pagar entre el 1,25% y el 10% por ciento de sus ventas cada mes, en calidad de adelanto del impuesto a la renta que deberían cancelar recién en abril de 2025. Se supone que en ese entonces, si es que sus aportes exceden lo estipulado, el Estado les devolverá la diferencia. Se trata de una arbitrariedad indefendible, más aún cuando viene de un Gobierno que había prometido no subir impuestos.

El asesinato del fiscal César Suárez, a plena luz del día en una avenida muy transitada de Guayaquil, estremece al país en un momento de extrema fragilidad. Son tantos los casos de gran envergadura que el funcionario tenía a su cargo que es prematura cualquier especulación sobre los autores y sus motivaciones. Sin embargo, llama la atención que alguien de semejante perfil no haya tenido un adecuado resguardo policial; sorprende la osadía de los mentalizadores y ejecutores, justo cuando el Gobierno busca imponerse en el conflicto armado interno que ha decretado.

Ante la urgencia, los gobiernos apelan a la misma receta gastada: cobrar más a quienes ya están pagando; en ocasiones con contribuciones especiales y en otras, tributos temporales. Incluso, el aumento del IVA al 15%, afectaría a ese sector formal que ya tributa. La gran pregunta es, ¿cómo incorporar a la gran masa informal cuyas transacciones no generan registros, menos aún impuestos?¿por qué el SRI no hace brigadas de ‘regularización’ en lugar de perseguir y destruir su fuente de sustento? Medidas flexibles y creativas son urgentes.

El acuerdo comercial con China atraviesa una amenaza tardía. Ahora cuando ya solamente le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar el tratado, surge una marcada oposición de parte de ciertos sectores políticos y gremiales; una actitud extemporánea, impropia de un país que aspira a integrarse al concierto internacional. No se explica por qué las objeciones llegan cuando el proceso
ha avanzado anto, luego de años de trabajo que contemplaron abundantes mesas políticas y económicas.

Afortunadamente para todo el país, el secuestro de más de 150 guardias carcelarios y miembros del personal administrativo en diferentes cárceles tuvo un final pacífico. Exitosas negociaciones, un ánimo de atenuar el conflicto y una paciente gestión gubernamental lograron poner fin a una crisis que amenazaba con tener un desenlace trágico.
Tras un prolongado cerco por parte de las fuerzas de seguridad, cada día cobraba más fuerza la sospecha de que podía producirse una incursión. Hubiese sido una iniciativa de altísimo riesgo.

Hoy le toca asumir desafío que podrían convertirlo en un mandatario que merezca el reconocimiento y la confianza
de la ciudadanía. Uno de ellos, urgente e ineludible, es llevar adelante una lucha efectiva contra el narco-terrorismo, sin pensar en acuerdos tras bastidores con grupos que pueden estar vinculados a las mafias. Los resultados de un combate frontal y eficaz serán, sin duda, los mejores argumentos para ganarse el favor de los electores.

Sin embargo, en Ecuador se ha vuelto usual transferir a la niñez, de forma casi automática, las consecuencias de cualquier crisis. Sin más análisis ni argumento que la comodidad de una burocracia timorata, se procede a suspender clases y decretar la mal llamada ‘virtualidad’. Las autoridades viven en un mundo de ficción. Creen que los niños del país pueden quedarse en casa sin sufrir consecuencias negativas. Cuando cierran las escuelas, la mayoría de niños se ven obligados a permanecer solos
en casa, sin resguardo ni supervisión.

Mientras el Estado intenta mantener el orden en el territorio nacional, 158 guías penitenciarios y 20 funcionarios administrativos de prisiones permanecen secuestrados. Pese a las solicitudes de auxilio elevadas por guías y familiares, y a las crecientes sospechas de que algunos fueron ejecutados, no hay mayor información mientras las autoridades ‘negocian’ con los criminales. Este angustiante episodio evidencia la dureza de las condiciones que deben enfrentar los trabajadores del sector carcelario.

No se puede permitir que la situación de conflicto armado interno se use como pretexto para silenciar a los medios de comunicación. Ayer, en sus primeras declaraciones tras una jornada de terror que sumió a la ciudadanía en la incertidumbre, el presidente Daniel Noboa acusó un canal de televisión de “espectacularizar” la dramática toma de rehenes que vivió el país, y afirmó, amenazadoramente, que se “debería investigar”.

Hoy, las cárceles son la ‘casa matriz’ del crimen organizado. Los centros penitenciarios son lugares seguros, donde las bandas imponen sus reglas y están a salvo de las fuerzas estatales. Cuentan con toda la infraestructura de comunicación que necesitan para coordinar sus operaciones en las calles. Sin embargo, se debió aprovechar la consulta popular para introducir reformas legales que permitan al SNAI trasladar reos con mayor agilidad