Ni ciudadanos ni políticos parecen dimensionar la gravedad de la situación económica que atraviesa el país. Hace varias décadas impera la absurda creencia de que para salir a flote basta con cerrar los ojos y patear los problemas hacia el futuro. El país ya agotó esa alternativa; tras tanto tiempo de dejar todo para después, hoy resultará muy difícil huir de las decisiones duras. Tarde o temprano, por las buenas o por las malas, los ecuatorianos tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones y pagar
el precio de nuestros actos.

En su comparecencia frente a la comisión de asambleístas que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el director del Sistema Ecu-911 denunció el mal uso de los servicios de localización de personas a partir de su número telefónico. En una estremecedora revelación, informó que 529 usuarios irregulares —no identificados— habían tenido acceso a la aplicación para ubicar y rastrear a ciertos individuos, aunque no informó cuántas veces, ni en contra de quiénes se habían empleado este servicio.

Una canción que nadie conocía salió a la luz y hasta fue tendencia en redes sociales. Tras la declaratoria de terroristas a los grupos del narcotráfico el reflector se enfocó todavía más sobre ellos, tanto que se develó una de sus creaciones musicales y con ella una amplia cultura de narcotráfico que halló cabida y gran
difusión en medios digitales y entre los usuarios de redes. Para que nuestros niños y jóvenes no encuentren referentes de un futuro en los sicarios y en los líderes de bandas terroristas del narcotráfico.

Los toques de queda a partir de las once de la noche han sido herramientas importantes y útiles para los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su combate contra la delincuencia organizada. Sin duda, la importante reducción de las cifras de asesinatos se debe en parte a esta decisión.
Sin embargo, la medida ha golpeado a determinados sectores de la economía del ocio que se desenvuelven en horarios nocturnos, lo que perjudica a importantes generadores de empleo.

Las dificultades y cuestionamientos que giran en torno al cierre del bloque 43-ITT dejan tuna gran lección. Hablan de la cautela y la prolijidad que hay que tener con lo que se aprueba en las consultas populares por lo complejo que resulta luego irse en contra y revertir un dictamen del pueblo. Tomar una decisión como esta en medio de una coyuntura política y no acompañarla de un análisis técnico ha desencadenado graves problemas en la crítica situación que vivimos.

Mientras el Gobierno hace malabares tributarios para reducir en algo el déficit fiscal, el país ha dejado que se le escabullan —durante los últimos ocho años— más de dos mil millones de dólares en recaudación por impuestos a los cigarrillos. Al mismo tiempo que se habla de la lucha contra el crimen organizado, el Estado permite que, a vista y paciencia de todos, los grupos delictivos normalicen el contrabando de cigarrillos.

La visita de la delegación estadounidense de alto nivel para temas de seguridad constituye una señal esperanzadora para el Ecuador. Refresca saber que el país no está solo. Ya se escuchan lamentos, procedentes de los sectores más radicales, referentes a una supuesta vulneración de la soberanía nacional. Reclamos tan anacrónicos evidencian una pobre compresión del desafío que enfrentamos.

Durante las últimas semanas, las islas Galápagos han servido de escenario de hechos lamentables. Primero fue el uso indebido de fuegos artificiales, que desató una polémica internacional y tuvo repercusión en el Gobierno. Luego, hace pocos días, uno de los principales periódicos estadounidenses publicó un amplio reportaje en el que se refiere al archipiélago como “gasolinera” de narcotraficantes. Ecuador corre el riesgo de permitir que las islas se deslicen hacia la anarquía, incluso ante los ojos del mundo. El descontrol en el archipiélago no es nuevo

En el clima de ‘conflicto armado interno’ que vive el país, la fuerza pública está, en algunos casos, actuando de forma impulsiva y tomando el camino fácil pero equivocado. Por un lado, trasciende la persecución a la que, en los operativos, se está sometiendo a quienes tienen tatuajes, así como la disposición de no aceptar en la Policía a postulantes con tatuajes visibles. Por el otro, siguen proliferando videos e imágenes de miembros de la fuerza pública escarmentando a ciertos detenidos.

Si el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, no suena descabellada la idea de que este les permita a los ciudadanos defenderse. La delincuencia tiene la plena certeza de que la sociedad anda desarmada y la Policía Nacional, lamentablemente, cuenta las balas que usa. Esa
es la realidad y ante ella, quien goza del monopolio del uso legítimo de la fuerza debería compartir un poco de ese poder. La situación crítica obliga a repensar y asumir cuándo se es incapaz de dar un servicio, como el de la seguridad ciudadana.