Conforme arranca la discusión de la proforma presupuestaria para 2024, vuelven los temores justificados de que el Gobierno solo esté pateando para el próximo año los graves problemas de desfinanciamiento. Se vislumbra una estrategia que, una vez más, se basa en sobrellevar antes que en corregir.

El mercado laboral ecuatoriano no puede seguir operando bajo estructuras y supuestos de hace más de un siglo. Solo oportunas reformas como estas —a las que después deberán seguir también otras— permitirán preservar la seguridad social, competir exitosamente con otras sociedades y aprovechar el dinamismo laboral que la tecnología actual permite. No podemos continuar estancados por defender una
abstracta ‘no regresión’ que privilegia a unos pocos, pero que cierra las puertas a generaciones enteras.

Llama mucho la atención la conveniencia con la cual hoy apelan a la infalibilidad de los organismos internacionales cuando, por muchos años y con una astucia implacable, el presidente Rafael Correa intentó desmantelar el sistema interamericano de Derechos Humanos, empezando por la Relatoría para la Libertad de Expresión. Durante su década en el poder, ese partido no solo se tomó el control de la Justicia, sino que diseñó el mismo sistema institucional que hoy señalan como corrupto.

Las empresas requieren estar dentro de un esquema de eficiencia y desempeño óptimo que ponga un freno a la metida de mano de políticos que utilizan sus fondos para pagar favores. Ante ello, la salida está en las concesiones o en la venta definitiva, para así
evitar un mayor declive o su desaparición.

La transparencia aún no se inaugura en el Consejo Nacional Electoral. El viaje de su presidenta a Estambul, Indonesia y Estados Unidos con fondos
públicos y con motivaciones bastante cuestionables debe empujar a las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional a convocarla,
al menos para que explique qué hizo y cómo eso beneficiará a los ecuatorianos.

Entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debaten en la Asamblea Nacional se incluye la de obligar a la Fiscalía a entregar a los asambleístas -y a otras instituciones- información reservada de investigaciones previas. Es una iniciativa tan fuera de lugar que ni los asambleístas que impulsan las reformas quieren hacerse responsables de ella.
La medida implicaría otro retroceso institucional para el país. La separación de poderes —que implica también una sana distancia entre el poder Legislativo y el Judicial— es uno de los puntales del Estado.

El vencimiento del plazo se avecina y, de no resolverse en derecho, el régimen se vería en la peligrosísima situación de quedar a merced de la Corte Constitucional, que ha demostrado ser capaz de procederes draconianos. Ante todo, el gobierno debe aclarar si contará o no con esos ingresos para el presupuesto que presentará. Luego, necesita pronunciarse sobre si buscará revertir la decisión de la consulta o no. Si, por último, opta por proceder con el insólito cierre de un bloque petrolero en plena producción, debe presentar cuanto antes una hoja de ruta viable.

Esta no es la primera vez que, en un momento de urgencia fiscal, el Estado se vuelca sobre la banca. Durante las últimas dos décadas, las reformas tributarias, contribuciones especiales o exigencias directas han tenido siempre a los bancos —ahora también a las cooperativas— como uno de sus principales blancos. Ahora, la economía nacional está en riesgo de enfrentar las amargas consecuencias de esta mala costumbre.

Es decir, una parte sustancial de los ingresos del Estado va directamente a estos organismos, cuyos gastos no tienen ningún tipo de control por parte del Ejecutivo. La situación se agrava si se tiene en consideración que los GAD constituyen, en gran medida, plataformas de partidos y movimientos para hacer política y proselitismo. Parte significativa de sus gastos se destina a sueldos de militantes de aquellos movimientos políticos que llegan a los poderes locales.

El anuncio de Rusia de cerrar sus puertas a una parte del banano y claveles ecuatorianos debe generar alerta y una reacción inmediata de las autoridadespara hallar una solución técnica a este problema. La sospecha de una posible retaliación comercial de parte del mercado ruso por la reciente decisión de Ecuador de entregar material militar de origen ruso a Estados Unidos para su uso en Ucrania estaría creando tensión diplomática entre países que la Cancillería de Ecuador tiene el deber y la urgencia de desactivar.