Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debería estar conformado por personas apolíticas. En teoría, tanto sus objetivos como sus procederes deberían ser reflejo de lo mejor de la ciudadanía y de la sociedad civil. Sin embargo, no hay institución que se le compare en su capacidad de generar convulsión permanente.

La obsesión por la reelección comienza a pasarle factura al Gobierno. La permanencia en el poder, de llegar a darse, debería ser el resultado de una conducción adecuada del país y representaría la posibilidad de perseverar en un plan construido alrededor de objetivos definidos. Sin embargo, al hacer de la reelección un fin en sí mismo —en lugar de un medio— el régimen prioriza los golpes de efecto, los mensajes ambiguos y las invocaciones sentimentales.

Pocas veces se ha visto un incremento tributario tan engañoso y lleno de jugarretas como éste. Hubo de todo, desde tibias negativas en la Asamblea y confusos vetos presidenciales hasta contradictorios pronunciamientos el Gabinete y demandas de inconstitucionalidad que tardarán en resolverse. ¿Es acaso mucho pedir que, en un futuro, la política tributaria se discuta con frontalidad y entereza?

Durante el feriado se suscitaron en diferentes zonas del país hechos sangrientos propios de los peores momentos de la crisis de seguridad. En Puerto López, cinco turistas fueron secuestrados y asesinados. En Manta, tres diferentes masacres ejecutadas con armas largas dejaron nueve muertos, entre ellos un militar. En Guayaquil, en un evento deportivo barrial, antisociales acribillaron al público; dejaron ocho muertos y una gran cantidad de heridos. ¿Qué van a hacer las autoridades?

¿Por qué debería ser una prioridad para el Estado brindar educación de calidad y de vanguardia,msi para nadie es realmente importante? ¿Por qué habría de optimizar el pénsum de enseñanza básica, media y superior, si no existe esa exigencia indeclinable por parte de la población? Nadie protesta porque no es indispensable. No cuando se puede llegar a ser juez, fiscal, asambleísta, sin siquiera saber hablar bien el español.

La paz está en riesgo al otro lado del planeta pero, ¿cuánto puede tardar en cruzar el Pacífico y tocar a la puerta de América y de Ecuador? El mundo está entrelazado, tanto que las crisis lejanas tienen su repercusión en otros países, pese a que cada uno tiene sus propios problemas, como la violencia, el narcotráfico y la narcopolítica, en el caso ecuatoriano. Los primeros síntomas se sienten en la economía.

Los chats privados se han convertido en los protagonistas de diversos casos judiciales que mantienen al Ecuador en vilo. Tan efectivos han demostrado ser, que ahora algunos acusados intentan emular la táctica, exponiendo supuestas conversaciones. Además, sigue pendiente la explotación de decenas de otros dispositivos —hallados en escenas de crímenes o recabados en allanamientos— que seguro aportarán otra cuota de polémicos diálogos. Sin embargo, se debe guardar cautela ante esta cascada de filtraciones y no caer en juicios prematuros.

Los llamados ‘sueldos dorados’ —aquellos mayores al del presidente, que reciben algunos funcionarios públicos— no constituyen un problema financiero, sino uno de principios. Por más que el Gobierno intente posicionar su recorte como fuente de ahorro, el peso de estos en el presupuesto es menor y existen alternativas mucho más eficientes. Sin embargo, apelando al decoro y la coherencia, aquellos sueldos en el sector público, ¿son sostenibles?

No importa cuán clara esté la ruta para el crecimiento minero del país ni cuánta prosperidad eso prometa, mientras nadie esté dispuesto a batirse por la minería el sector seguirá paralizado. En Ecuador, no existe autoridad o bloque político que se pronuncie o actúe consistentemente a favor de la minería formal; incluso aquellos que reconocen su potencial, la abordan como si se tratara de un mal necesario o de algo por lo que hay que ofrecer disculpas. Esto ha hecho que, además de renunciar a la riqueza que podría generar, el mojigato discurso haya conquistado a la opinión pública.

En estos últimos días, se han producido crímenes de una gravedad inusitada. Brigitte García, alcaldesa de San Vicente y la más joven burgomaestre del país, fue asesinada junto a otro funcionario municipal.El país no puede permitir que la situación de conflicto armado interno sirva de pretexto para que, movido por un inadecuado sentido de la resignación, el Estado deje de buscar el apropiado esclarecimiento de cada caso. Tampoco se debe tolerar, en estos tiempos de revelaciones de narcopolítica, que cualquier indicio de penetración del crimen organizado sirva —como sucedió en el caso de Agustín Intriago— para echar tierra prematuramente sobre las investigaciones.