Esta nueva época es el momento oportuno para generar
una institucionalidad definitiva que garantice la libertad de expresión en el país. Se requieren reglas claras, en sintonía con los compromisos internacionales y los principios universales, y los oportunos protocolos de protección a la altura del momento de inseguridad, así como las garantías básicas de no atentar contra el mercado y el modelo financiero que sostiene a la industria.

En un contexto de celebración por los 100 días de gestión, el Gobierno actual ‘raspa la olla’ para tender sobre la mesa sus principales logros. No obstante, en lo laboral, al parecer se ufana de más. ¿Cómo declarar un resultado exitoso en este campo, cuando el 2024 ha arrancado con menos trabajos adecuados y con una tasa de informalidad del 54,6 % que alcanza niveles históricos récord? A las autoridades les fallan los cálculos o intentan vender humo.

La débil estructura institucional, más el irrespeto a las leyes vigentes y la falta de medidas de control han sido los ingredientes esenciales para el cóctel molotov que ha elevado a la corrupción a proporciones inimaginables en Ecuador. El aumento salarial debe estar obligadamente acompañado de un incremento de los requisitos para ser candidato a asambleístas y a otras funciones del Estado, o participar en concursos de mérito y oposición para jueces y fiscales. La moralización integral debe ejecutarse desde las más altas esferas del poder.

La pitahaya ecuatoriana experimenta un crecimiento sin parangón. En apenas un año, dobló su exportación. Con más de dos mil hectáreas destinadas a su cultivo, lidera la categoría de frutas no tradicionales entre los productos que Ecuador exporta. Además, los productores aún aguardan la próxima apertura del mercado chino, gracias
al acuerdo comercial, lo que podría catapultar las ventas de pitahaya de forma exponencial.

Los criminales querían dejar en claro que podían alcanzar a quien quisieran, cuando quisieran, y dictar sus condiciones. Jalisco Nueva Generación es una organización presente en decenas de países —Ecuador entre ellos— y esta “cultura corporativa” no tarda en extenderse. Hechos de esta naturaleza constituyen recordatorios de la persistente fragilidad de nuestras democracias.

El resultado es una institución cuyos consejeros no se han renovado desde noviembre de 2018 y que, desde entonces, ha conducido ocho procesos electorales. Ancladas en sus puestos, las autoridades llevan una gestión hermética y silenciosa, muy distante de la opinión pública. Enúltima instancia, se trata de un flagrante irrespetoa la Constitución que, por más que se escude
en un amplio arsenal de pretextos, es ilegítimo.

El anuncio del Gobierno de haber controlado el número de muertes violentas termina siendo solo un efecto placebo; no significa que el país esté cerca de erradicar la inseguridad desbordante de la que aún es víctima. No cuando los casos de ‘vacunas’ aumentan por las facilidades que hoy se traducen en el uso cuentas bancarias y de cooperativas para, a través de ellas, ‘formalizar’ los pagos producto de las extorsiones que realizan.

No se trata apenas de miedo o de displicencia. Este espiral descendente, producto de la falta de conocimiento técnico y planificación, ha engendrado un orden en el que hay silenciosos ganadores. Mientras el Estado insiste en mirar a otro lado y postergar necesarias decisiones, un nuevo sector rentista que dificulta cualquier transformación se ha consolidado. Ya no es momento para conjuras o intrigas.

Ecuador también afronta graves problemas en salud y educación, que se agudizan con los años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido en las dos últimas décadas haya logrado cambios positivos y estructurales que permitan su optimización y sostenibilidad en el tiempo. El salvataje del IESS no puede postergarse y no podemos resignarnos a tener una población estudiantil con altísimo porcentaje de deserción y bajísimo nivel de aprendizaje.

Los servidores públicos, sean o no de elección popular, piensan más en la tienda política a la que pertenecen que en el pueblo al que deben servir con la ejecución de obras y servicios. De allí que cuando se trata del bacheo de calles y de puentes que pertenecen a cantones distintos, las obras se ejecutan de un lado y se olvidan del otro, en ciertos casos porque los alcaldes son de grupos políticos distintos o bien porque esa parte le corresponde al Gobierno central.