El país atraviesa una parálisis institucional que resulta alarmante. La inseguridad sigue galopante, las carreteras continúan deteriorándose sin que se concrete un plan integral de reparación, el IESS mantiene sus problemas estructurales, la Función Judicial permanece sin depurarse y la elección de autoridades de control sigue siendo opaca. A esto se suma el déficit energético que afecta a hogares y empresas, la indefinición en la política petrolera, y los problemas educativos…

Los últimos escándalos en la vida política ecuatoriana han dado lugar al nacimiento de un fenómeno mediático conocido como ‘politainment’, que no es más que la presentación de hechos con el mismo tono del entretenimiento popular o los reality shows. Son los propios actores políticos quienes alimentan esta narrativa, con declaraciones incendiarias o posturas teatrales, pero también con anuncios a través de sus plataformas digitales que buscan generar expectativa….

Otra vez el mismo cuento: el sistema el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), los dos grandes tubos por donde corre el billete del país, están en riesgo. Que la erosión, que los deslaves, que las lluvias… siempre hay una excusa para justificar que la infraestructura petrolera del Ecuador sigue aguantando con alambres y parches. Y así, cada vez que se daña, no solo se detiene el petróleo, también se frena la plata que sostiene a media economía ecuatoriana.

El crecimiento descontrolado de los casinos clandestinos no solo evidencia el fracaso del control estatal, sino que representa una amenaza directa a la salud pública. Estas casas de apuestas, que operan al margen de la ley y muchas veces bajo el amparo de funcionarios corruptos, se convierten en focos de lavado de dinero y en trampas de adicción. Pero no son las únicas que deberían alarmarnos: incluso los centros comerciales -espacios destinados al esparcimiento familiar- alojan

Las constantes interrupciones de operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y las continuas amenazas que enfrenta el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por erosión fluvial y movimientos de tierra no son otra cosa que un símbolo del abandono estatal de nuestra infraestructura petrolera. Es inadmisible que en un país que durante décadas ha dependido del petróleo como columna vertebral de su economía,

El silencio es ruidoso. El Gobierno Nacional ha preferido callar antes que dar la cara y responder con claridad a los ciudadanos ante señalamientos o críticas. Está claro que esa es la estrategia de la Secretaría de Comunicación, que bien podría cambiar su nombre a Secretaría del Silencio. No obstante, es deber de los medios de comunicación insistir en esas interrogantes incómodas, aunque la respuesta sea no decir nada. En el fondo, el silencio también es una respuesta: válida para algunos, cuestionable para otros.

En un Ecuador que enfrenta múltiples crisis estructurales, la comunicación fluida entre autoridades y ciudadanía no debe ser la excepción, sino una regla democrática fundamental que se cumple. Sin embargo, el actual gobierno ha optado por una estrategia comunicacional restrictiva, que evade el escrutinio público y limita el acceso a la información. Esta postura no solo es contraproducente para la gestión gubernamental, sino que representa un retroceso preocupante en la
transparencia que la ciudadanía

La inclemencia del clima en la Amazonía ha vuelto a recordarnos la vulnerabilidad del sistema energético del país. Esta vez ya no es la escasez de lluvias, sino la abundancia de ellas lo que ha llevado a la desconexión de ocho hidroeléctricas, evidenciando el alto costo que hoy el país debe afrontar por no tener diversificadas sus fuentes energéticas. La provisión de la energía eléctrica necesaria para que el país pueda funcionar no puede depender solo de
las centrales hidroeléctricas

Los gobiernos locales, municipios y prefecturas, se han convertido en un verdadero hueco para los controles estatales más rígidos. Las autoridades judiciales y gubernamentales han descubierto que al menos dos bandas calificadas de narcoterroristas tienen a sus miembros como parte de 12 municipios. Incluso, como bomberos. Las mafias también han organizado empresas para hacer contratos con esas
instancias para ganar dinero…

En este país, manejar la justicia se ha vuelto cuestión de estrategia política. Cambian nombres, se demoran en mandar ternas, se bajan decisiones tomadas por otros y todo huele a lo mismo: a querer tener el control. Y si alguien todavía dudaba de que el
Gobierno está jugando sus fichas para asegurarse mayoría en el próximo Consejo de la Judicatura, lo que pasó la semana pasada en el Consejo de Participación Ciudadana lo deja clarísimo.