Las recientes elecciones en Venezuela han dejado al país al borde de una crisis aún más profunda, que puede desencadenar en una situación de violencia y de confrontación interna jamás antes vista. La reelección del presidente, marcada por las acusaciones de fraude electoral, ha exacerbado la desconfianza y la desesperanza de una población golpeada por años de dificultades económicas y sociales. Dos posibles escenarios: la migración masiva o el desangre interno.

Lo que sucede en Venezuela debe servir de lección —y de advertencia— a todas las fuerzas democráticas de la región. Durante décadas, desde el ascenso del chavismo y en una elección tras otra, las principales figuras y movimientos de oposición venezolanos estuvieron divididos por cuestiones que hoy se muestran totalmente intrascendentes.

Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que el autoritarismo chavista irrumpió en Venezuela, pero las fuerzas democráticas aún muestran vigor. Los venezolanos acaban de demostrar en los comicios de ayer que, pese al desangre social de la emigración masiva, a la incesante persecución política y a la total cooptación de las instituciones, no se resignan a vivir en una dictadura.

La búsqueda de un mesías, de un salvador que venga a resolver todos los problemas de la sociedad no es algo exclusivo de América Latina. La Convención Republicana en Estados Unidos, por ejemplo, concentra un grado de carga religiosa que, dependiendo de su dosis, puede llegar a nublar al votante, desviar su atención de los temas importantes y dejarlo indefenso ante las promesas populistas.

Continúan saliendo a la luz los excesos y abusos detrás de los contratos colectivos que imperan en el sector público. Traspasos ilegales, contratos firmados sin respaldo económico, beneficios a mansalva, indemnizaciones por despido absurdamente elevadas, incluso premios a una supuesta eficiencia que jamás se ha visto—bajo el eufemismo de “remuneración variable”— son algunos de los elementos que se esconden detrás de esta indefendible figura.

Ha resultado fácil para el Gobierno detectar dónde existen posibles fugas de combustibles hacia las fronteras y a actividades de otro tipo. El presidente de la República ha denunciado un primer caso en este tema que merma tantos recursos al presupuesto del Estado, por lo que se espera que comience a revelarse quiénes son los otros ‘presuntos’ beneficiarios de tan jugoso negocio, el cual, o pasó inadvertido para los regímenes que precedieron a este gobierno o fue ignorado por ellos por temor a represalias.

El anuncio de que la economía ecuatoriana se encuentra en recesión ha desatado una ardua polémica entre especialistas sobre lo acertado del diagnóstico. Sin embargo, más allá de la discusión alrededor de elementos técnicos y detalles metodológicos, no se puede ocultar lo evidente: la economía no está en un buen momento y el bolsillo del ecuatoriano lo siente.

Si un informe policial baja el nivel de riesgo del alcalde de Durán, basado en los datos de georreferenciación del delito en el país, también debería bajarse el nivel de riesgo del presidente de la República, de los ministros de Estado y de las demás autoridades que reciben protección de un nutrido número de efectivos policiales porque, según sus propias expresiones, ahora existe más seguridad en el territorio nacional.

Hace un año fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago. El crimen constituyó un anuncio de los tiempos aciagos que se cernían sobre el país, con magnicidios, masacres y estallidos de un calibre antes impensable. Algunos coautores materiales del crimen fueron procesados y sentenciados, pero el autor de los disparos sigue prófugo. No se ha podido tampoco determinar a ciencia cierta quién fue el mentalizador del hecho

Por más que resulte fastidioso, es necesario insistir en la urgencia que representa la dramática situación laboral del país. Millones de ecuatorianos —y cada día son más—, necesitan un trabajo digno. La cantidad de empleo adecuado hoy en Ecuador es la misma que en 2010, pese a que ahora existen dos millones más de personas en la población económicamente activa.