Es hora de que, con madurez, el Presidente de la República y su binomio electo reconozcan que cometieron un gravísimo error al acordar caminar juntos en una elección que, en ese momento, era improbable que ganaran. Esta equivocación —escandalosa, vergonzosa y denigrante, tanto para el país como para los movimientos políticos que los apoyaron—, debe admitirse y enmendarse.

Es inconcebible que tramas tan amplias no dejen abundante rastro y numerosos testigos. Basta de fingir que nadie ha visto nada y que tanta riqueza sucia es fácil de ocultar. El grado generalizado de descomposición y la cantidad de involucrados exige un castigo severo y extendido, que devuelva, aunque sea en parte, la capacidad disuasiva de la Ley.

Resulta oportuno preguntarse con qué sectores se dialogó con miras a semejante iniciativa y cómo afecta eso a la legitimidad de la reforma. Leyes de ese tipo —muchas veces innecesarias o divorciadas de la realidad— nacen como letra muerta debido al ensimismamiento parlamentario. No deja de ser tiempo y recursos perdidos.

Qué fácil es gobernar, legislar o administrar la cosa pública cuando se escoge el camino de sortear las olas, pero no de una playa agitada (bueno fuera), sino de las más mansas. En otras palabras, cuando se prefiere evadir el escrutinio público escogiendo escenarios poco críticos y mucho más cómodos y amigables al poder. Así, cualquiera. En la otra orilla está el autoritarismo.

La ciudadanía debe entender que la negativa a la minería a gran escala no significa que se esté preservando el ambiente, sino que se está cediendo esos recursos a grupos criminales que devastan el ecosistema y corrompen el tejido social con sus ingentes recursos mal habidos. Como un tumor, la minería legal se fortalece conforme pasa el tiempo y extirparla resulta más costoso y doloroso.

Ecuador está enfermo de miedo, y la cura depende en parte de los ciudadanos y en parte del Gobierno Nacional, sobre quien recae la responsabilidad de dotar de seguridad a los ciudadanos, pero también de los gobiernos locales, que deben mejorar la calidad de vida de los vecinos. Exigir un ambiente menos peligroso es un derecho por el que se pagan impuestos.

Siguen saliendo a la luz cifras y hallazgos que evidencian la injustificable indolencia estatal hacia las mujeres. Un nuevo estudio concluyó que 7 de cada 10 niñas en Ecuador carecen de información sobre la higiene íntima —debido al pénsum educativo— y que una de cada diez niñas y adolescentes —más de 500 mil personas— no tienen acceso a toallas sanitarias ni a tampones.

Tan palpable es la falta de visión y de proyección urbanística que son las invasiones y el desorden los que edifican los barrios. Mientras existan alcaldes que se jacten de llamar ciudades a las localidades que administran sin tener un apropiado sistema de recolección y tratamiento de la basura, o un verdadero sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial, nada cambiará en el corto y largo plazo.

El efecto de la eliminación de impuestos estatales, que tenía como fin aliviar el costo del boleto del pasaje aéreo, sigue sin sentirse en el bolsillo ciudadano. Los ecuatorianos continúan pagando valores triplicados para transportarse entre las principales ciudades, consolidándose así como un servicio inalcanzable.

Alarma constatar que muchas alcaldías carezcan de una visión estratégica y de una capacidad real de control sobre estos aspectos vitales. La falta de planificación no solo resulta en servicios deficientes, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos de manera directa y tangible. La situación actual exige que las alcaldías asuman con responsabilidad y diligencia su papel en la gestión de estos servicios.