El engranaje del motor económico del país parece haberse detenido con el bajón que están afrontando varios sectores productivos, develando lo poco o nada que está haciendo el Gobierno para revertirlo. La creación del empleo adecuado disminuye, el subempleo se dispara, la inversión extranjera decrece a doble dígito, las reservas turísticas se cancelan, los negocios cierran o ven disminuir sus ventas.

Es evidente que cada vez es más difícil encontrar personas valiosas, con la preparación y las intenciones adecuadas, que quieran jugar su futuro por el sector público. Al parecer, el reclutamiento se complica aún más, cuando el rol a desempeñar no incluye el ‘lleve’ al que muchos estaban acostumbrados. Contradictoria situación, aquella en la el Gobierno se lamenta por la falta de postulantes en un país con rampante y creciente desempleo.

Esta guerra está desangrando a la economía del país. El debilitamiento viene a partida doble —por los costos directos e indirectos de la violencia y por la baja en actividad económica que implica el repliegue de la economía ilegal—. Ecuador requiere apoyo integral en materia de reformas judiciales, intercambio de inteligencia y ayuda financiera para combatir la contaminación total del dinero sucio en su sociedad.

No existe motivo técnico o legal que justifique la condonación de créditos de BanEcuador que anunció ayer el presidente Daniel Noboa. En última instancia, implica una pérdida para la banca pública y no tendrá ningún reflejo positivo en los indicadores de productividad o crecimiento. Pero lo financiero no es lo importante. Las verdaderas motivaciones son políticas y las consecuencias serán, desgraciadamente, morales.

Algunos críticos y opositores del presidente Daniel Noboa se empeñan en enfocar el debate político en nimiedades. Ni el pronunciamiento del primer mandatario en redes sociales tras los partidos de la selección de fútbol se escapan del celo inquisidor. Basta cualquier aparición o declaración suya, para que, por más intrascendente que sea, sus detractores ahonden en complejos análisis y elaborados reproches.

En un planeta convulsionado —guerras con potencial de escalar, potencias autoritarias regionales en ascenso, revoluciones tecnológicas en curso—, el mundo democrático aguarda en vilo ante esas elecciones. En la región, la lucha contra la penetración autoritaria y el crimen organizado —que buscan crear narcoestados títeres de los que expolia recursos— necesita también de un Estados Unidos vibrante. Hay mucho en juego.

Son sus decisiones las que definen a un presidente. Sobre ellas ara su camino, el del país y por su conjunto es como será recordado por los ciudadanos. Si toma decisiones en función de su reelección, será el eterno presidente-candidato. Si lo hace pensando en el futuro del país, será el estadista o reformador. Está claro el camino escogido por el presidente de la República. Desde antes de sentarse en el sillón de Carondelet manifestó su intención de postularse en el 2025.

Pero el problema se da a nivel mundial. Estamos perdiendo la real perspectiva de las cosas, inclinándonos hacia los extremos, al punto de que caemos en los absurdos. La lógica y el sentido común deben reinstalarse en el inconsciente colectivo. Con el paso del tiempo se ha convertido en una verdad hegemónica contra la que es muy difícil discrepar sin ser objeto de censura

El escenario a mediano y largo plazo, aunque sea desolador, es bastante claro. Sería absurdo e irresponsable suponer que la dirección de la institución se corregirá en el horizonte cercano. Nada apunta a que eso vaya a suceder. El empleo es aún mayoritariamente informal y no se avizora ninguna reforma laboral sustancial. El país lleva ya una década sin crecimiento económico, con deuda pública en aumento, sin visos de cambio.

La crisis de las finanzas públicas tiene un impacto inaceptable en el sector de la salud. Tras años de intermitente desabastecimiento y falta de personal, hoy agobian las crecientes deudas pendientes con proveedores e instituciones privadas. Los cambios de autoridades en el Ministerio, con las consiguientes demoras y reestructuraciones, agravan la situación. Pareciera que el Estado se niega a aceptar el verdadero carácter estratégico que la salud —al igual que la energía y la educación— entraña para la sociedad.