La deuda estatal es una de las salidas que existen para aliviar las abultadas cuentas por pagar del Gobierno Nacional. Y para eso, en esta administración, el gobierno acudió dos veces al Fondo Monetario Internacional (FMI). En mayo se firmó un acuerdo por $4.000 millones y ahora Ecuador pide $1.300 millones. Si el FMI acepta el pedido de Ecuador será el acuerdo número 23 con el FMI y se sumarán $5.300 millones a la deuda externa. De los primeros $4.000 millones ya se recibieron $1.000 millones.

Un escándalo tras otro. El escenario político y de la actualidad del Ecuador se ve agitado por una polémica tras otra, con un
montón de promesas incumplidas y asuntos de interés público que quedan en el aire. La dinámica es la de sortear la ola. El Plan Fénix y sus resultados prometidos han sido opacados por la crisis energética. Ya nadie habla de ese plan del que solo se conoce el nombre

La orden que se dio a la industria nacional de desconectarse del sistema eléctrico durante 10 horas diarias por 15 días generó zozobra y preocupación no solo por los efectos alarmantes que la medida puede generar, sino porque deja al desnudo la forma improvisada e irresponsable en que las autoridades están tratando de contener el colapso al que, sin acciones oportunas y concretas, nos está conduciendo esta crisis energética.

Los empresarios están muy claros de que la crisis energética no tiene soluciones fáciles. Lo han señalado desde noviembre pasado, y nadie podrá decir que no “han puesto el hombro”. Todo lo contrario: han encendido sus generadores o los han adquirido para seguir trabajando pese a la falta de energía. Es claro que el sector privado y la ciudadanía no tienen más opción que seguir las órdenes de las autoridades gubernamentales.

La política partidista confrontativa no es la única manera de hacer política. El juego democrático va mucho más allá de las elecciones presidenciales o seccionales, cada cuatro años. La expresión democrática de los ciudadanos está también ligada al ejercicio de la ciudadanía a través de asociaciones libres, de cualquier naturaleza, y que tienen el fin de ayudar a enfocar a las autoridades o suplir la debilidad estatal.

La ineficiencia de la burocracia es un mal que el país ha soportado a través del tiempo sin que las consecuencias de su inoperancia hayan hecho surgir en la ciudadanía un clamor por acabar con urgencia con su impavidez. Pero esa indiferencia e indolencia burocráticas se vuelven inadmisibles cuando se atraviesa una crisis tan grave como la que afronta Ecuador.

Que quede claro. La pauta publicitaria es una de las fuentes de ingresos económicos de los medios de comunicación. Es legal, es legítima y no es un secreto para nadie. En los último años, esa pauta -con ese tono despectivo con el que algunos suelen nombrarla- se ha satanizado y es hoy casi un sinónimo de medios de comunicación vendidos a quienes la pagan.

El nuevo decreto de estado de excepción es la muestra más clara de que el crimen y el narcotráfico están lejos de ser controlados. Todo pese a los esfuerzos del Estado. Los argumentos para sostener la medida de endurecimiento de los controles militares y policiales son preocupantes. La paciencia ciudadana es finita, y en tiempos de campaña el Gobierno deberá actuar con decisión y mostrar resultados.

Los problemas de Ecuador son recurrentes y se agravan. Desde que Lenín Moreno comunicó que “la mesa no estaba servida”, refiriéndose a las cuentas abultadas de deuda que dejó la década de Rafael Correa, tres gobiernos han debido resistir a un Estado que consume mucho más de los ingresos que recibe; a golpes contra los procesos productivos, agravados por los paros y la pandemia y, luego, por la embestida del crimen organizado y el narcotráfico.

Los problemas de Ecuador son recurrentes y se agravan. Desde que Lenín Moreno comunicó que “la mesa no estaba servida”, refiriéndose a las cuentas abultadas de deuda que dejó la década de Rafael Correa, tres gobiernos han debido resistir a un Estado que consume mucho más de los ingresos que recibe; a golpes contra los procesos productivos, agravados por los paros y la pandemia y, luego, por la embestida del crimen organizado y el narcotráfico.