Cuando el excontralor general Carlos Pólit huyó a los Estados Unidos, aprovechando su doble ciudadanía, un clima de impunidad y malestar que se apoderó del país. Sin embargo, hace dos años, la justicia norteamericana ordenó su detención; desde entonces, han prevalecido las interrogantes acerca de todo lo que su juicio, que arrancó ayer y que se extenderá por tres semanas, pondrá en evidencia.

En los próximos días se verá el efecto en la intención de voto para la consulta popular que convocará a Ecuador a las urnas este 21 de abril. Entre tanto, el impasse dimplomático seguirá su curso, mientras muchas familias ecuatorianas que requieren servicios consulares en México por temas migratorios, por ejemplo, así como empresas que conducen negocios entre ambos países, sufren las consecuencias.

La política internacional no puede abordarse con pasiones. Más allá de que Ecuador sostenga su argumento y México el suyo, ambos exponiendo las bases legales que mejor se ajusten a ellos, lo realmente importante es empezar a bajar las tensiones. Un ambiente como el actual no abona en nada. Solo suma crispación y más incertidumbre a la que ya tienen ambos países en su lucha contra las mafias del narcotráfico. Desvía la atención de este cometido, que es el que debería unir a Ecuador, México y al resto de países del continente y del mundo.

El mayor desafío que enfrentará el mundo será el cambio climático. En función de ello y de la tendencia creciente de
la humanidad a vivir en grandes ciudades, el desarrollo de estas megaurbes debe basarse en la sostenibilidad. Pero en Ecuador, donde la mayoría de sus centros poblados ni siquiera ofrecen todos los servicios básicos a sus habitantes, el ser sustentables es una utopía. Las municipalidades ni siquiera elaboran, menos aún llegan a implementar, planes de desarrollo integrales.

El país vivió un último fin de semana realmente violento. El Gobierno Nacional prefiere que no se evalúe toda su planificación y acción en estos último meses por los hechos violentos de un solo fin de semana, pero sí que se destaque esa misma gestión cuando las cifras son favorables para su discurso. Lo cierto es que los asesinatos en Manta, Puerto López y Guayaquil durante los días del reciente feriado de Semana Santa asustan y, lo quiera el Gobierno o no, abren un espacio de duda a la efectividad de su acción contra la delincuencia.

Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debería estar conformado por personas apolíticas. En teoría, tanto sus objetivos como sus procederes deberían ser reflejo de lo mejor de la ciudadanía y de la sociedad civil. Sin embargo, no hay institución que se le compare en su capacidad de generar convulsión permanente.

La obsesión por la reelección comienza a pasarle factura al Gobierno. La permanencia en el poder, de llegar a darse, debería ser el resultado de una conducción adecuada del país y representaría la posibilidad de perseverar en un plan construido alrededor de objetivos definidos. Sin embargo, al hacer de la reelección un fin en sí mismo —en lugar de un medio— el régimen prioriza los golpes de efecto, los mensajes ambiguos y las invocaciones sentimentales.

Pocas veces se ha visto un incremento tributario tan engañoso y lleno de jugarretas como éste. Hubo de todo, desde tibias negativas en la Asamblea y confusos vetos presidenciales hasta contradictorios pronunciamientos el Gabinete y demandas de inconstitucionalidad que tardarán en resolverse. ¿Es acaso mucho pedir que, en un futuro, la política tributaria se discuta con frontalidad y entereza?

Durante el feriado se suscitaron en diferentes zonas del país hechos sangrientos propios de los peores momentos de la crisis de seguridad. En Puerto López, cinco turistas fueron secuestrados y asesinados. En Manta, tres diferentes masacres ejecutadas con armas largas dejaron nueve muertos, entre ellos un militar. En Guayaquil, en un evento deportivo barrial, antisociales acribillaron al público; dejaron ocho muertos y una gran cantidad de heridos. ¿Qué van a hacer las autoridades?

¿Por qué debería ser una prioridad para el Estado brindar educación de calidad y de vanguardia,msi para nadie es realmente importante? ¿Por qué habría de optimizar el pénsum de enseñanza básica, media y superior, si no existe esa exigencia indeclinable por parte de la población? Nadie protesta porque no es indispensable. No cuando se puede llegar a ser juez, fiscal, asambleísta, sin siquiera saber hablar bien el español.