El presidente de la República no deja de sorprender, para mal, a los ecuatorianos. Nuevamente, cuando el pueblo esperaba un pronunciamiento sobre la crisis energética que, para colmo de males, nos hará pasar una Navidad en tinieblas, el primer mandatario apareció para hablar sobre los golpes al narcotráfico y a su economía, controlada por las organizaciones criminales.
La aguda crisis energética que vivimos no es un problemita; afecta la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

El factor humano en una crisis es determinante para hacerla más grande o detenerla, y que no crezca más. La actual crisis energética es más grande de lo imaginado por cualquiera, ciudadanía y autoridades. Cortes de 12 horas, jugar con los caudales de ríos, ensayar soluciones para generación de energía, apuestas a meses distintos para el posible fin de los cortes, cambios de autoridades, solo provocan incertidumbre. Así, las dudas de la población se trasladan a toda decisión del día a día.

La última encuesta de Ipsos nos revela que la campaña electoral para la elección de presidente y asambleístas, está lejos de ser una fiesta democrática. Los políticos se están hundiendo en las mediciones. Los resultados de octubre muestran que, en un mes, perdieron tres puntos de confianza. Pasaron de 13%, en septiembre, al 11% para este mes. Este es un deterioro profundo que está relacionado con su ineficiencia y falta de resultados.

La planificación adecuada de obras de infraestructura es crucial para el bienestar urbano. En ciudades como Guayaquil, donde el tráfico es un ‘dolor de cabeza’, las intervenciones viales realizadas durante las horas pico pueden causar caos vehicular. La población valora las mejoras en las vías, pero es esencial que estas se ejecuten de forma que minimicen las afectaciones cotidianas.

El escenario político y social de Ecuador está agitado por una polémica tras otra, con múltiples promesas incumplidas y asuntos de interés público que quedan en el aire. La dinámica se ha vuelto a ‘sacarle la vuelta’. El Plan Fénix y sus resultados prometidos han sido opacados por la crisis energética. Todos esperan que las aguas se calmen o que un escándalo borre la polémica anterior. Esta lógica, lamentablemente, ha sido aceptada y normalizada.

La deuda estatal es una de las salidas que existen para aliviar las abultadas cuentas por pagar del Gobierno Nacional. Y para eso, en esta administración, el gobierno acudió dos veces al Fondo Monetario Internacional (FMI). En mayo se firmó un acuerdo por $4.000 millones y ahora Ecuador pide $1.300 millones. Si el FMI acepta el pedido de Ecuador será el acuerdo número 23 con el FMI y se sumarán $5.300 millones a la deuda externa. De los primeros $4.000 millones ya se recibieron $1.000 millones.

Un escándalo tras otro. El escenario político y de la actualidad del Ecuador se ve agitado por una polémica tras otra, con un
montón de promesas incumplidas y asuntos de interés público que quedan en el aire. La dinámica es la de sortear la ola. El Plan Fénix y sus resultados prometidos han sido opacados por la crisis energética. Ya nadie habla de ese plan del que solo se conoce el nombre

La orden que se dio a la industria nacional de desconectarse del sistema eléctrico durante 10 horas diarias por 15 días generó zozobra y preocupación no solo por los efectos alarmantes que la medida puede generar, sino porque deja al desnudo la forma improvisada e irresponsable en que las autoridades están tratando de contener el colapso al que, sin acciones oportunas y concretas, nos está conduciendo esta crisis energética.

Los empresarios están muy claros de que la crisis energética no tiene soluciones fáciles. Lo han señalado desde noviembre pasado, y nadie podrá decir que no “han puesto el hombro”. Todo lo contrario: han encendido sus generadores o los han adquirido para seguir trabajando pese a la falta de energía. Es claro que el sector privado y la ciudadanía no tienen más opción que seguir las órdenes de las autoridades gubernamentales.

La política partidista confrontativa no es la única manera de hacer política. El juego democrático va mucho más allá de las elecciones presidenciales o seccionales, cada cuatro años. La expresión democrática de los ciudadanos está también ligada al ejercicio de la ciudadanía a través de asociaciones libres, de cualquier naturaleza, y que tienen el fin de ayudar a enfocar a las autoridades o suplir la debilidad estatal.