Dos gobiernos han llevado adelante un plan diseñado por las Fuerzas Armadas para contener la inseguridad. La explosión de las muertes violentas, el narcotráfico y la contaminación de las instituciones estatales hizo que reaccionen ante las bandas delincuenciales que en las sombras fueron tomando fuerza. Los cuerpos de Inteligencia han ido identificando a los delincuentes más peligrosos y los han ido capturando, dentro y fuera del país.

El anuncio de Arcotel de retirar el título habilitante a una importante empresa para el uso de cable submarino deja sobre la palestra varios temas pendientes que, por su sensibilidad e importancia, no deben resolverse a última hora. En juego está el servicio de internet que reciben millones de ecuatorianos y la garantía de acceso a una herramienta que es clave en el progreso de cualquier economía.

Como si fuese un paciente comatoso, Ecuador se agrava día a día. Agobiado por el mal mayor de la delincuencia, se ha ido postrando con nuevas afectaciones que lo aproximan a la parálisis total, sin una reacción adecuada de su sistema de defensa que lo lleve a superar la crisis. Centrados en un show mediático, los ecuatorianos solo discuten sobre un asesinato, sin enfocar los gravísimos
problemas reales que agudizan el estado de postración.

Una cosa es la intención y otra muy diferente la realidad. El desánimo ciudadano toma cuerpo cuando escucha de sus gobernantes promesas difíciles de cumplir o información poco clara. No basta con decir que algo se está gestionando o que está próximo a concretarse: el ciudadano quiere sentir que esa gestión es una realidad.
Mientras esto no suceda, la gestión queda solo en gestión.

La última cantinflada de los asambleístas tiene que ver con dos propósitos que son nobles: eliminar la desnutrición infantil y promover la lactancia materna. Pero fallaron en dar al blanco. Han decidió aprobar una ley con la que prácticamente quieren obligar a las mujeres a dar de lactar a sus hijos, sin importar las circunstancias o formas de ver la vida de cada una de ellas.

Un cargo público, ya sea de elección popular o no, es una altísima dignidad que debe ejercerse con responsabilidad
y a la altura del honor que reviste el servicio público. Esta debería ser la lógica en cualquier sociedad que cuente con una clase política respetuosa y que realmente se considere una servidora del ciudadano. Sin embargo, en Ecuador no es el caso.

Diciembre, el mes más esperado por los ecuatorianos, está a la vuelta de la esquina. Y no solo por los aguinaldos y regalos, sino por la promesa del Gobierno de que, finalmente, volveremos a ‘una vida normal’, poniendo fin a los apagones. Sin embargo, esta oferta que llena de calma y esperanza a muchos, no es más que una solución temporal para una crisis energética de fondo.

Frente al incremento exponencial de la criminalidad los ecuatorianos han adaptado su forma de vida para protegerse, en lo posible, de las cada vez más complejas situaciones que afrontan. Por ello han migrado a ciudadelas cerradas y a realizar sus compras, pagos de servicios, transacciones bancarias e incluso encuentros sociales en los centros comerciales, en busca de mayor seguridad.

El Gobierno ha prometido a los ecuatorianos devolvernos en diciembre “una vida normal”, poniendo fin a los apagones en el mes más festivo y, por ende, el más esperado por los comercios y hogares. No obstante, la oferta que a todos calma y esperanza no constituye una solución definitiva para una crisis energética compleja. Pasado el fin de año todo volverá al ‘ritmo normal’, y luego de eso, ¿qué?

El presidente de la República ha cumplido un año en el poder, y en el paladar de los ecuatorianos su gestión tiene un sabor agridulce. Y es que no es posible estar satisfechos cuando el país ha saltado de crisis en crisis, algunas con consecuencias graves para el bolsillo del pueblo, como el incremento al IVA, los cierres de negocios provocados por la incontrolable inseguridad y los apagones prolongados.